Los técnicos del Govern balear alertaron en noviembre sobre la 'granja de los horrores', pero siguió en funcionamiento

La Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural —dependiente de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Govern— suspendió el 5 de noviembre de 2024 un procedimiento sancionador, así como las medidas cautelares aparejadas al mismo, iniciado contra Avícola Son Perot S.A., a pesar de las graves deficiencias previas detectadas por los técnicos del propio Ejecutivo balear. Se trata de la empresa que gestiona la 'macrogranja de los horrores' de Mallorca, cuyas imágenes, publicadas en primicia por elDiario.es el 26 de mayo de 2025, se han hecho virales por las condiciones de insalubridad, falta de higiene y suciedad extremas de su interior.

Una vez estas imágenes se hicieron públicas, el Govern decidió abrir una investigación para constatar estos hechos, así como la penosa situación en la que viven las gallinas. En concreto, tras verificar que las imágenes de los grupos animalistas ARDE y Satya Animal eran ciertas, ordenó el sacrificio de más de 20.000 gallinas, el cierre de la nave 7 y propuso una sanción de más de 420.000 euros. Sin embargo, meses antes, cuando no habían salido a la luz las impactantes imágenes, suspendió las medidas cautelares recogidas por sus propios técnicos y los agentes del Seprona.

Los vecinos de los alrededores de la granja de Llucmajor trasladaron una queja a la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en marzo de 2023 “debido a las molestias por olores” provenientes de las instalaciones avícolas. Esta denuncia dio inicio a una investigación que certificó una serie de carencias e irregularidades. Por ejemplo, en una inspección del 7 de agosto de 2024, se revisa el estercolero para comprobar “el origen de la plaga de moscas”. En esta visita se verifica que, dentro del estercolero, alrededor de la gallinácea y del estiércol, hay “una gran cantidad de larvas y moscas” que desprenden “un fuerte olor”. El mismo día, se realiza una segunda inspección por parte de dos veterinarias y un agente del Seprona. En ella, se comprueba la presencia de tres contenedores estancos en las naves 3C, 6F, 7G —las tres destinadas a gallinas camperas—. Estos depósitos están “llenos hasta media capacidad de cadáveres aproximadamente”.

Por otro lado, mientras se investigan estos hechos, la Conselleria de Agricultura decide abrir un expediente y comunicarlo a la Fiscalía el 21 de octubre de 2024 para que “valorase si podía haber delito medioambiental”, según informaron fuentes de la Conselleria a este diario en mayo de 2025. Los hechos, según los informes consultados, acreditarían la gravedad de la situación general de la granja. La Fiscalía archiva el expediente en febrero de 2025, según las mismas fuentes. A partir del 10 de febrero, el Govern acuerda medidas cautelares, que consisten en proponer a la empresa “un plan de desescalada”. Es decir, le insta a reducir el número de gallinas ponedoras a menos de 40.000, en aplicación de la normativa actual. El plazo para cumplir con este proceso finaliza el 31 de diciembre de 2025. En último lugar, la Conselleria solicita a la empresa un nuevo plan de gestión del estiércol y los residuos, que garantice el cumplimiento de la normativa medioambiental. Avícola Son Perot defiende que cumple la normativa y que las imágenes de los animalistas están “manipuladas”. Este diario ha consultado a la compañía si quería hacer algún comentario sobre el contenido del expediente, pero rechaza hacer declaraciones.

Los expedientes que acreditan irregularidades

En concreto, son dos los expedientes que fueron suspendidos, que después fueron unificados en un mismo procedimiento. El primero acreditaba deficiencias en la gestión del estercolero de las explotaciones avícolas, así como respecto a la falta de un plan de producción y gestión del estiércol. El segundo proponía varias medidas cautelares: en primer lugar, la suspensión parcial de la actividad de la unidad de producción y reproducción de las gallinas; en segundo, la suspensión de la cría de las gallinas camperas de la granja de Llucmajor —donde la Conselleria de Agricultura acreditó a finales de mayo deficiencias, lo que supuso el cierre de una de las naves— y, por último, la suspensión temporal del uso del estercolero de Sa Llapassa. La empresa utiliza este estercolero para las explotaciones de la granja de Ses Cisternetes —la de Llucmajor—, así como las de Mirabó y Es Caparó.

El Govern suspendió dos expedientes, que alertaban, por ejemplo de deficiencias en el estercolero, o pedían la suspensión parcial de la actividad

Lo que concluye el informe y expediente sancionador que hacen referencia a la gestión del estercolero, así como a su plan de gestión—firmados los días 12 de diciembre de 2023 y 26 de septiembre de 2024, respectivamente—, es que se pueden haber cometido tres infracciones graves y dos leves. Según el documento consultado por elDiario.es, el estercolero presenta vertidos laterales que evidencian que la empresa no dispone de un sistema eficaz de recogida de lixiviados —líquidos contaminantes por filtración— ni se evitan filtraciones superficiales, lo cual podría ser el origen de las quejas de las asociaciones de vecinos por los malos olores. Estos hechos pueden suponer una infracción grave según el artículo 185.3 de la Ley 3/2019, referida a la legislación agraria.

El plan de gestión de la empresa no se adapta a la normativa vigente, según el expediente, lo cual puede suponer una infracción leve de acuerdo al artículo 185.1.f) de la Ley 3/2019. La explotación avícola no dispone de un plan de desinsectación, lo que puede constituir una infracción grave según el artículo 84.21 de la Ley 8/2003, de sanidad animal. La empresa tampoco tiene cubierto el sistema de almacenaje de estiércol, lo que puede suponer una infracción grave, como se desprende del artículo. Además, tampoco dispone de un plan de gestión ambiental donde se indiquen las medidas de control de emisiones de partículas y de olores. Esto puede suponer una infracción leve de acuerdo al artículo 83.4 de la Ley 8/2023.

El plan de gestión de la empresa no se adapta a la normativa vigente, según el expediente, lo cual puede suponer una infracción leve. La explotación avícola tampoco dispone de un plan de desinsectación, lo que puede constituir una infracción grave. La empresa tampoco tiene cubierto el sistema de almacenaje de estiércol ni de un plan de gestión ambiental donde se indiquen las medidas de control de emisiones de partículas y de olores

Este informe, que se inicia el 24 de marzo de 2023, da lugar al inicio de un procedimiento sancionador, que es firmado el 26 de septiembre de 2024. Empieza a raíz de una queja de los vecinos de los alrededores de la granja “debido a las molestias por olores que provienen de unas instalaciones agrícolas”. Avícola Son Perot S.A. presentó alegaciones, el 13 de noviembre de 2023, sobre el informe desfavorable al plan de producción y gestión de estiércol de las explotaciones de Ses Cisternetes —la granja que está bajo sospecha por su estado de insalubridad y las condiciones perniciosas en las que viven las gallinas—, Mirabó y Es Caparó. Sin embargo, el 11 de diciembre de 2023, la jefa del Servicio de Producción Ganadera informa a Avícola Son Perot S.A. de que “las alegaciones realizadas no subsanan las deficiencias” en relación al estercolero, lo que fue indicado mediante informe el 5 de octubre de 2023. Por todo ello, la Conselleria de Agricultura propone una sanción total de 17.000 euros, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 88 y 89 de la Ley 8/2003, de sanidad animal.

Reducción de gallinas ponedoras a 40.000

En cuanto al informe y expediente sancionador —firmados los días 20 y 26 de septiembre de 2024, respectivamente—, se desprende en sus conclusiones la necesidad de proponer medidas cautelares. En primer lugar, la suspensión parcial de la actividad de producción y reproducción de las gallinas de la explotación de Ses Cisternetes —de la cual es titular Avícola Son Perot S.A.—, de manera que se propone disminuir el número máximo de gallinas ponedoras que puede tener la explotación. El máximo se cifra en 40.000 de aves en un plazo máximo de tres meses.

En segundo, la suspensión de la forma de cría de gallinas camperas de la explotación avícola de Llucmajor, que es la que está situada bajo el foco por sus condiciones de insalubridad y posible maltrato animal, según acreditó una inspección de la Conselleria de Agricultura a finales de mayo. En tercero, la suspensión temporal del uso del vertedero de Sa Llapassa, ubicado también en Llucmajor, por parte de las tres explotaciones de Avícola Son Perot “hasta que no se demuestre el derecho de uso”. Según se desprende del informe, “el estercolero ya no forma parte de la unidad de explotación Avícola Son Perot S.A., y Sa Llapassa no es un gestor SANDACH (acrónimo de ‘subproductos animales no destinados al consumo humano’)”.

Uno de los expedientes sancionadores insta a la suspensión de la forma de cría de gallinas camperas de la explotación avícola de Llucmajor, que es la que está situada bajo el foco por sus condiciones de insalubridad y posible maltrato animal, según acreditó una inspección de la Conselleria de Agricultura a finales de mayo

Asimismo, se reitera el requerimiento del 12 de julio de 2024 de presentar, en la mayor brevedad posible, “un escrito donde se indique el sistema utilizado para almacenar el estiércol”. Por otro lado, se requiere aportar el plan de gestión actualizado de las tres explotaciones en un plazo de dos semanas. Como explotación, afirma el documento, puede disponer de un estercolero permanente “siempre que cumpla la normativa” y así lo traslade —y haya sido autorizado— por parte de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Además, se le requiere a la empresa “el restablecimiento de las condiciones iniciales del estercolero permanente” que hasta ahora se utilizaba en Sa Llapassa, entendiendo como condiciones iniciales, el recinto mencionado libre de estiércol y gallinácea —gallinas o restos de las mismas—, así como cualquier tipo de plaga.

El documento considera probado —tras una inspección, el 18 de enero de 2024, de dos técnicos del Servicio de Producción Ganadera— que en la nave 6F los animales “no pueden acceder de manera ininterrumpida y durante todo el día al espacio exterior”, pese a que los huevos se estaban comercializando como “camperos”. Los sistemas de salida al exterior están abiertos desde las 17 a las 22 horas, en invierno y en verano, según el informe. Además, los espacios libres de los exteriores de la granja “no están cubiertos de vegetación”, pese a que el reglamento europeo obliga a ello en lo que se refiere a las gallinas camperas, tal como publicó elDiario.es.

El documento considera probado que en la nave 6F los animales 'no pueden acceder de manera ininterrumpida y durante todo el día al espacio exterior', pese a que los huevos se estaban comercializando como 'camperos'

Plaga de moscas y larvas

Del mismo modo, el informe señala que constan dos burofaxes en los que se comunica a Avícola Son Perot S.A. que desde el 1 de junio de 2024 “no se prorroga la autorización para utilizar el estercolero” situado en los recintos 85 y 91 del polígono 34, parcela 9, del municipio de Llucmajor. Por tanto, y a los efectos de la gestión de las explotaciones “no dispone de este lugar para hacer acopio del estiércol”. “Y pese a todo, tenemos constancia de que se están realizando vertidos de gallinácea al estercolero mencionado”, afirma el expediente.

El 7 de agosto de 2024 se lleva a cabo una nueva inspección en el lugar en el que se ubica el estercolero para comprobar “el origen de la plaga de moscas”. Para ello, se desplazan a las instalaciones dos veterinarias —una del Servicio de Producción Ganadera y otra del Servicio de Sanidad y Bienestar Animal—. Además, les acompaña un agente del Seprona de la Guardia Civil, según el informe.

En esta visita se comprueba que, dentro del estercolero, alrededor de la gallinácea y del estiércol, hay “una gran cantidad de larvas y moscas” que desprenden “un fuerte olor”. Las larvas y moscas se ubican en la extensión del estercolero permanente, sobre todo, en la zona donde están los lixiviados y en la parte central donde “no hay ningún tipo de residuo”. En la mencionada ubicación hay un trabajador de la empresa que informa de que, durante las dos últimas semanas, se han introducido en los mencionados recintos ocho camiones de gallinácea y estiércol. “Este hecho evidencia que Avícola Son Perot S.A. continúa usando este estercolero para la eliminación de estos residuos”, señala el documento.

Dos veterinarias comprobaron que, dentro del estercolero, alrededor de la gallinácea y del estiércol, había “una gran cantidad de larvas y moscas” que desprenden “un fuerte olor”. Las larvas y moscas se ubican en la extensión del estercolero permanente, sobre todo, en la zona donde están los lixiviados y en la parte central donde “no hay ningún tipo de residuo”

El trabajador afirma a los inspectores que, en el último mes, han salido entre 40 y 50 camiones cargados de estos residuos. Cada uno, tanto de entrada como de salida, tiene una capacidad de 18 toneladas. El mismo día, se realiza una segunda inspección por parte de las dos veterinarias y del agente del Seprona. En ella, se comprueba la presencia de tres contenedores estancos en las naves 3C, 6F, 7G —las tres destinadas a gallinas camperas—.

Estos depósitos están “llenos hasta media capacidad de cadáveres aproximadamente”. Además, pasando la nave 6F, limitando a un muro de piedra, hay “una fosa de un metro de profundidad con dos cadáveres de gallinas (restos de patas y plumas), así como tierra removida recientemente por todo el terreno que rodea esta fosa”. Del mismo modo, “se observan restos de huesos”. Estos hechos fueron documentados mediante fotografías y un plano de la ubicación de la fosa, sostiene el informe. El 19 de septiembre del 2024, el Seprona informa, respecto al estercolero, de que “se ha apreciado que continúa habiendo acumulación de gallinácea y que se habían realizado movimientos”, respecto al estiércol. No se puede precisar si estos movimientos han sido de entrada o de salida o únicamente por el cambio de ubicación o reacondicionamiento del estiércol en la plataforma.

Asimismo, según los archivos del Govern, Avícola Son Perot S.A. ha sido sancionada debido a las “denuncias de particulares”. Según el documento, por la eliminación inadecuada de cadáveres; por no tener un sistema de recogida de lixiviados —líquidos contaminantes por filtración—, por no disponer del plan de gestión de estiércol adaptado a la normativa vigente, por deficiencias en el Sistema Integral de Gestión de la Explotación (SIGE), por no tener cubierto el sistema de almacenamiento de excrementos y por no disponer de un plan de gestión ambiental.

Según los archivos del Govern, Avícola Son Perot S.A. ha sido sancionada, entre otros motivos, debido a las “denuncias de particulares” por la eliminación inadecuada de cadáveres, por no disponer del plan de gestión de estiércol adaptado a la normativa y por no tener cubierto el sistema de almacenamiento de excrementos

Además, la explotación “no dispone a fecha de hoy de la autorización ambiental integrada”, necesaria para la actividad ganadera avícola, afirma el informe, de acuerdo a los archivos de la administración autonómica. Se trata de una “infracción grave” que está en trámite de expediente sancionador por parte de la Comisión Balear de Medio Ambiente, dependiente de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, según el documento.

El expediente sancionador, unido a este último informe, señala que la falta de comunicación del plan de producción y gestión de estiércol puede constituir una “infracción leve”, según el artículo 185.1.h) de la Ley 3/2019 que regula las actividades agrarias en Balears. El artículo 194 prevé, para las infracciones leves, una multa de hasta 3.000 euros.

Por otro lado, afirma que no aportar la documentación —requerida por el Servicio de Producción Ganadera— en relación al plan de gestión de estiércol, puede suponer una “infracción grave”, según el punto ocho del artículo 84 de la Ley 8/2003. El artículo 88 prevé que las sanciones, en el caso de que sean infracciones graves, consistirán en una multa de 3.001 a 60.000 euros.

En tercer lugar, el abandono de animales, de sus cadáveres o de productos o materias primas que comporten un riesgo sanitario para la sanidad animal, la salud pública o el medio ambiente, puede suponer una “infracción grave”. También se considera infracción el envío a destinos no autorizados. Así lo estipula el artículo 84.20 de la Ley 8/2003 y el artículo 88 de la misma ley prevé, para las infracciones graves, una multa de entre 3.001 y 60.000 euros.

En último lugar, se señala que el hecho de haber sido sancionado anteriormente “indica que es un establecimiento de mayor riesgo”, según el artículo 9.1 del Reglamento 2017/625. Este reglamento europeo se refiere, entre otras cuestiones, a los controles realizados para garantizar las normas sobre salud y bienestar de los animales. El artículo mencionado tiene en cuenta el historial del establecimiento, incluyendo los resultados de inspecciones pasadas y si ha cumplido con las normas. Por eso, según el expediente sancionador, se considera que la multa debe ser alta. Por todas estas razones, se acordaron las medidas cautelares. Sin embargo, fueron suspendidas el 5 de noviembre de 2024.

La versión del Govern

En el expediente de suspensión del procedimiento sancionador, al cual ha accedido este diario, la Conselleria de Agricultura cita el Decreto 1/2004, por el que se aprueba el reglamento sancionador de la Comunitat Autònoma de Balears. Mediante el artículo 12, de trascendencia penal de los hechos y suspensión del procedimiento, la administración pública considera que los hechos “pueden ser constitutivos de ilícito penal”. Tras las pesquisas creen que existen “elementos de juicio suficientes” para llegar a tales conclusiones, por lo que la Conselleria de Agricultura decide remitir la documentación a la Fiscalía.

Por tanto, durante el tiempo en que esté suspendido el procedimiento sancionador, “se entenderán interrumpidos tanto el plazo de prescripción de la infracción como el de caducidad del procedimiento sancionador”. Sin embargo, el mismo punto detalla que el proceso penal “no impide el mantenimiento de las medidas cautelares acordadas en el procedimiento administrativo sancionador”. Finalmente, el texto legal citado por la Conselleria de Agricultura recuerda que, una vez haya una resolución judicial —de condena o de sobreseimiento—, la administración competente deberá “dictar la resolución que proceda”, y notificarlo a las partes interesadas.

Así, la administración autonómica, en base a la Ley 39/2015, considera justificado suspender los expedientes iniciados. Según el artículo 22.1.g), para resolver el procedimiento, es “indispensable la obtención de un previo pronunciamiento por parte de un órgano jurisdiccional”. La resolución está firmada por Fernando Fernández, director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Desde la presente legislatura forma parte de un gobierno del PP, aunque en la anterior legislatura (2019-2023) tuvo el mismo cargo en Unidas Podemos.

Preguntados por este medio, el Govern alega que en estos casos, “la vía penal suspende la administrativa”. Por tanto, hasta que la Fiscalía no resuelve, no se puede continuar ejecutando las sanciones. En febrero de 2025, la Fiscalía archiva el expediente concluyendo que “no hay delito ambiental”. Con el archivo del expediente, afirma la Conselleria, “la administración puede reanudar el procedimiento administrativo, tanto en lo relativo a las medidas cautelares como a las sanciones impuestas”.

Reducción de gallinas ponedoras

Una vez el expediente es archivado por la Fiscalía, el Govern decide proponer una serie de medidas cautelares. Entre ella, exige a la empresa reducir el número de gallinas ponedoras a menos de 40.000, en aplicación de la normativa actual, afirman fuentes de la Conselleria de Agricultura. Este plan de desescalada se comunicó a la empresa el 10 de febrero. La administración estableció que este proceso finalizará el 31 de diciembre de 2025. Esto implica que, además de aplicar la desescalada de la producción, la explotación tiene suspendido “el permiso para introducir cualquier nuevo animal hasta que se ajuste el tamaño de la explotación y se verifique esta cuestión”.

Además, se suspende la actividad de las “gallinas camperas” y la explotación tiene que presentar un plan de bienestar animal específico con el protocolo de manejo de estas aves. Hasta que no se apruebe este plan queda suspendida “la autorización para operar como granja campera”. Esta medida se levantó porque la empresa presentó y ajustó, según el Govern, el plan requerido.

Finalmente, la Conselleria de Agricultura exige a la empresa un nuevo plan de gestión del estiércol y los residuos. Este plan, actualizado, debe garantizar “una gestión adecuada y sostenible de los residuos orgánicos, de acuerdo a la normativa medioambiental, con la legalización de la planta de acumulación situada en la finca de Sa Llapassa”. En una resolución comunicada en mayo de 2025, se determina que en el estercolero de Ses Cisternetes, donde se depositaban los residuos de Mirabó, Es Caparó y Ses Cisternetes, “ya no se puede utilizar conjuntamente”. “A partir de ahora, solo se podrán acumular los desechos procedentes de la explotación de Ses Cisternetes”, concluye la Conselleria.

El Govern denegó autorizar otra macrogranja

Unos dos meses después, en enero de 2025, la empresa avícola planeaba construir otra macrogranja en el municipio de Sineu (Mallorca) que recibió la oposición frontal de los vecinos y la denegación de la autorización por parte del Govern. Avícola Son Perot contemplaba la proyección de una granja de 750.000 gallinas ponedoras, distribuidas en 10 naves, que hubieran producido unos 156 millones de huevos al año. Según denunció Greenpeace, hubiera sido “la más contaminante de todo el territorio español” de haber salido adelante. Además, hubiera consumido más de 61.000 m³/año de agua, el equivalente a unas 25 piscinas olímpicas, en una isla que ya de por sí sufre una enorme presión sobre sus recursos hídricos.

El proyecto fracasó después de que el Govern de Marga Prohens (PP) denegara la autorización ambiental, como informó elDiario.es, lo cual era un requisito imprescindible para que pudiera salir adelante. Anteriormente, el Ajuntament de Sineu, gobernado por el PP, había acordado la suspensión temporal del otorgamiento y admisión a trámite de toda clase de autorizaciones y licencias urbanísticas vinculadas a actividades ganaderas intensivas en el ámbito de todo el suelo rústico del municipio. De hecho, las intenciones de Avícola Son Perot pasaban por cerrar de forma progresiva las instalaciones de Llucmajor para trasladar su actividad a Sineu, pero el proyecto ha sido rechazado.

El objetivo del traslado, según el proyecto al que tuvo acceso este diario, pasaba por adaptar su actividad “a las nuevas necesidades de mercado, cumpliendo la normativa vigente y con los últimos avances tecnológicos para garantizar el bienestar de los animales, optimizar la producción de huevos y minimizar el posible impacto ambiental de la actividad”.

Agricultura no halló riesgo para la salud pública

Las imágenes difundidas mostraban que los animales se encontraban en condiciones penosas. Cabe recordar que las imágenes fueron grabadas entre los días 21 y 29 de abril de 2025 y facilitadas por las entidades de protección medioambiental y animal ARDE y Satya Animal. Ambas entidades presentaron, además, una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Balears por presuntos delitos de estafa, contra la salud pública y abandono animal por la falta de supervisión veterinaria.

En las imágenes se observaba cómo las gallinas vivas convivían con decenas de cadáveres en diferentes estados de descomposición, incluso con esqueletos y otros animales, como ratas (vivas o envenenadas) y erizos. Las organizaciones alertaron de que la presencia de otras especies en la granja podía conllevar “riesgo de transmisión de enfermedades a humanos”, como la salmonella (intoxicación alimentaria) o la leptospirosis (infección de la sangre), entre otras. A pesar de ello, los análisis sanitarios del Govern no hallaron riesgo para la salud pública en los huevos.