¡Buenos días!
¿Cómo llevas la semana? Ya sabes que este es un boletín económico, pero no podemos dejar de mirar las atrocidades que se están cometiendo en una parte del mundo. El genocidio de los palestinos por parte de Israel continúa, con asesinatos dantescos. Ya ni siquiera Donald Trump parece respaldar completamente la salvaje política de Benjamin Netanyahu. Es necesario frenar esta matanza. La Unión Europea debería ser más beligerante para frenar a Israel.
Tampoco es que la posición del presidente de EEUU sea de fiar. A Trump, como a buena parte de su Administración, solo le preocupan sus intereses económicos. Lo hemos visto claramente con las sucias estrategias de desinformación de Elon Musk en las redes sociales utilizando su inteligencia artificial, Grok.
Elon Musk, sudafricano de nacimiento, quería que su empresa de satélites, Starlink, con sede en EEUU, operase en Sudáfrica saltándose la ley que obliga a las empresas extranjeras a dar entrada a accionistas negros para operar en el país. Musk utilizó Grok, la IA de su red social X, para diseminar el discurso de un “genocidio blanco” en Sudáfrica, aunque se trataba de una teoría de la conspiración neonazi.
A este discurso inventado se le añade la presión de la Administración de EEUU para darle más verosimilitud a la patraña. Trump le montó una encerrona al presidente de Sudáfrica para insistir en las acusaciones falsas de “genocidio blanco”.
¿Cuál ha sido la consecuencia? El Gobierno sudafricano ha iniciado los trámites para modificar esta ley, aprobada en 2003, de manera que Elon Musk ya no tendrá que vender parte de las acciones de Starlink a sudafricanos negros. El magnate quiere empezar a operar su internet satelital, pero ya no tendrá que ceder parte de la gestión de Starlink para obtener una licencia.
Según reveló la agencia Reuters, Starlink ni siquiera había solicitado licencia para operar en Sudáfrica cuando Musk inició la polémica contra Pretoria. Estamos ante un claro ejemplo de manipulación de la opinión pública mediante mentiras por parte del dueño de una red social, apoyado por el presidente de su país. Estamos ante el viejo método de coacción, con nuevas herramientas, para conseguir negocios sin que las leyes nacionales de un país afecten a la multinacional.
Hay expertos en geopolítica que señalan esta estrategia de Musk como en nuevo poder 'blando' digital (el poder duro sería una ofensiva militar) para forzar a los gobiernos del mundo a ceder a sus intereses y negocios. Es solo el principio. Trump está decidido a defender los intereses de las empresas tecnológicas de Estados Unidos por encima de las leyes del resto del planeta.
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, anunció nuevas restricciones para entrar en EEUU que afectarían a personas relacionadas con la supuesta “persecución de ciudadanos y empresas estadounidenses”. Aunque este tipo de normas van dirigidas a países como Cuba, Corea del Norte o China, esta vez están dirigidas contra los europeos por la Ley de Servicios Digitales (DSA), que exige más responsabilidades a las plataformas digitales. Todo ello en plena negociación comercial por los aranceles.
La Unión Europea no se puede dejar someter por los abusos de Trump y su corte tecnológica. El ejemplo de Sudáfrica explica la capacidad de la desinformación para cambiar la legislación de un país por los intereses económicos de los multimillonarios que se sientan al lado de Trump. La soberanía europea no puede estar al albur de los negocios de los barones digitales estadounidenses. Europa se tiene que defender.
Las derechas no paran de hablar de la supuesta pésima situación económica, volviendo a las recetas de siempre, pero los datos siguen mostrando que la realidad no acompaña a los discursos de PP y Vox. Los beneficios de las empresas han crecido el doble que los sueldos de los trabajadores en España desde la etapa previa al shock de la COVID de 2020, como se puede observar en el gráfico. “Los primeros datos para 2025 confirman que la recuperación del peso de los salarios prosigue, si bien aún no se han recuperado los niveles previos a la crisis de la inflación”, explican en el servicio de estudios de CCOO. La desigualdad sigue siendo un grave problema en España. En nuestro país no vivimos un “infierno fiscal” como pregona sin pruebas Alberto Núñez Feijóo, lo que tenemos es un infierno de desigualdad con el que hay que acabar para ser un país decente. Aquí te explicamos la brecha que no cesa: los beneficios de las empresas crecen el doble que los salarios desde antes de la pandemia.
38,8%
es la subida del precio del café en 2024 respecto al año anterior, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en sus siglas en inglés. La sequía en algunos de los principales países productores y las lluvias torrenciales en otros llevan meses reduciendo las cosechas, a lo que hay que sumar la incertidumbre sobre las consecuencias de la pelea arancelaria por la Administración estadounidense de Donald Trump y la especulación por la financiarización de los mercados de materias primas. “El precio experimentó una ligera caída a principios de 2023, pero volvió a subir hasta alcanzar sus niveles más altos en 13 años en diciembre de 2024”, insiste la FAO. La organización multilateral remarca que este mayo la variedad arábica es un 58% más cara que un año antes; y la robusta, un 70%. Aquí te explicamos cómo el precio del café seguirá subiendo: Nestlé, Saimaza y Marcilla prevén más incrementos tras la sequía y los aranceles.
El precio medio del alquiler en España ha subido más de un 30% en cinco años y un 10% en los últimos doce meses, según los propios especuladores del mercado de la vivienda. Por este motivo hay una fuerte demanda de entrepreneurs que buscan nuevas vías de inversión para un producto cuyo precio debería estar intervenido por las Administraciones Públicas. Ante un pastel reducido ante tanta demanda, se ofrecen alternativas que degradan aún más un producto que nuestra Constitución recoge como un derecho. Así ya nos encontramos con un nuevo vocabulario inmobiliario que recoge términos como Build to Rent (BTR), coliving, senior living o alquiler granular. En este enlace te explicamos las nuevas fórmulas de especulación inmobiliaria con el diccionario de la 'financiarización' de la vivienda.
Ya ha pasado un mes del gran apagón y se desconocen qué lo provocó. La falta de respuestas y los intereses de determinadas empresas llevaron a que la confusión sobre las causas del apagón recrudeciera la batalla ideológica entre renovables y nuclear. Un debate interesado, cuando entramos en el periodo de cierre de centrales nucleares. La presión de las empresas con centrales nucleares no es nueva. De hecho, Una investigación académica recién publicada, basada en información “clasificada” durante décadas, describe “la captura del Estado español por parte del oligopolio eléctrico bancario” durante la dictadura de Francisco Franco: una “captura regulatoria” casi sin parangón en el mundo.
Lo que sí sabemos es que Red Eléctrica avisó a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en 2022 de que “no se puede garantizar la seguridad del sistema” y le pidió “con urgencia” que aprobase un procedimiento para el control de tensión en las redes. A día de hoy el organismo no ha actualizado dicho método, pese a reconocer que había que hacerlo ya en 2019.
La consolidación del sector bancario mediante fusiones nacionales y transfronterizas podría contribuir a mejorar la eficiencia y la rentabilidad de los bancos, beneficiando así a los consumidores europeos y a la economía en su conjunto
El Gobierno se ha metido en un jardín complicado. Tras la decisión de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) de aprobar, con algunas condiciones, la Oferta Pública de Adquisición (OPA) del BBVA sobre el Banco Sabadell, la posición contraria a la operación del Ejecutivo de Pedro Sánchez les ha llevado a una situación compleja. Estaba claro que la fusión de ambas entidades iba a suponer más concentración en un mercado donde cada vez hay menos competencia. Sin embargo, el visto bueno de la CNMC tiro por tierra el argumento de la falta de competencia. El Gobierno optó por alegar la teoría del “interés general”. En un insólito movimiento, el Ejecutivo puso en marcha una consulta pública no vinculante sobre la compra del Sabadell por el BBVA. Nadie recuerda un movimiento así. Finalmente, el Ministerio de Economía decidió elevar al Consejo de Ministros la decisión final de la oferta de compra. De este modo, el Gobierno tendrá un plazo adicional, de 30 días naturales, para decidir sobre el fondo de la operación.
El problema es que en esta rocambolesca historia, donde pesa sobre todo la debilidad parlamentaria del Gobierno y su necesidad de las fuerzas políticas catalanas, ha entrado hasta Bruselas: la Comisión Europea no ve razones para que el Gobierno vete la fusión de BBVA y Sabadell. En Europa no se entiende que si las autoridades competentes, como el BCE, han dado su visto bueno, no se debería plantear la posibilidad de bloqueo de la operación. El Gobierno todavía puede poner más condiciones a la compra para tratar de hacerla descarrilar, pero parece difícil que la pueda vetar.
Las políticas de austeridad que puso en marcha el Partido Popular tuvieron consecuencias directas en los servicios públicos. Una de las muestras más claras ha sido la sangría de empleados públicos del Estado. Al recorte del personal se unió la jubilación de 95.000 funcionarios en una década, lo que provocó un agujero de personal. Menos funcionarios es sinónimo de peores servicios públicos y menos Estado del Bienestar. Afortunadamente, el Gobierno de coalición ha aprobado en los últimos años varias Ofertas Públicas de Empleo (OPE) récord para la Administración General del Estado: desde el Servicio Público de Empleo Estatal y la Seguridad Social a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o personal de Justicia, entre otros. La última convocatoria superó las 40.000 plazas. Otro paso relevante para acabar con la tendencia de menos trabajadores de la Administración pública ha sido la eliminación de la tasa de reposición que limitaba la oferta de empleo público. Con estas políticas, en 2024 no solo se contuvo la sangría de personal sino que las altas de trabajadores públicos del Estado duplicaron las bajas, lo que dejó una incorporación neta de casi 9.000 empleados. España necesita más Estado del Bienestar, más funcionarios. Aquí tienes un reportaje de Laura Olías sobre cómo el Gobierno ha frenado la sangría de empleados públicos del Estado.
En esta sección te traemos una serie de artículos de otros medios que nos han parecido interesantes:
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Sobre este blog
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