Aplausos para el conselleiro y descrédito para la mujer que lo denuncia: la cultura de la violación también está en las instituciones

“No debería pasar, pero pasa”. La frase era parte de una campaña contra la violencia de género, especialmente la sexual, que la Xunta de Galicia puso en marcha a finales de 2022. Los anuncios generaron muchas críticas, básicamente porque señalaban la manera de vestir o el comportamiento de las mujeres. Es decir, puedes ponerte mallas y top y salir a correr por la noche, pero ya sabes lo que hay.

Ese lema que difundió entonces el Gobierno gallego sirve hoy como resumen de la actitud que esa misma administración está teniendo esta semana. El conselleiro do Mar, Alfonso Villares, dimitió el miércoles pasado porque está siendo investigado por una denuncia de agresión sexual que una mujer interpuso a comienzos de este año. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tuvo conocimiento de la situación en febrero, pero no vio necesario que su conselleiro dejara el cargo entonces. Por si fuera poco, desde su despedida el miércoles ha habido, aplausos, abrazos y apoyo público para el investigado desde la Xunta, una administración pública. Y es desde ese mismo entorno que han señalado a la mujer denunciante. No debería pasar, pero pasa.

Alfonso Villares tiene derecho a la presunción de inocencia, pero lo sucedido desde el miércoles traspasa con creces esa idea: desde la comparecencia en la que anunció su dimisión asistimos a la creación de un relato en el que quien pierde su derecho a la intimidad, la credibilidad, y a un juicio justo y sin estereotipos, es ella. Asistimos a la presunción de una culpabilidad, la de la denunciante.

Para empezar, ¿puede mantenerse un investigado por agresión sexual en un cargo público durante cuatro meses y hacer como si no pasara nada? “El caso Errejón haría caer a cualquier Gobierno de nuestro país. No podemos callar sobre un hecho que acredita la catadura moral de este Gobierno”, decía el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el pasado octubre, días después de que el exportavoz de Sumar en el Congreso dimitiera tras varias acusaciones de comportamientos inadecuados con mujeres y antes de que existiera una denuncia penal contra él. La violencia sexual parece a veces un asunto gravísimo y, otras, si acaso un lamentable incidente.

De vuelta al miércoles pasado, la dimisión del conselleiro no se hace mediante una nota de prensa, sino con una comparecencia frente a los medios en la sede de la institución. No hay posibilidad de preguntar para los periodistas, pero Alfonso Villares sí tiene la ocasión de empezar a crear su relato. Por ejemplo, defendiendo reiteradamente su inocencia y asegurando que se le investiga por un hecho “que sucedió en una esfera estrictamente personal”.

Esa frase es grave por dos motivos. Por un lado, porque la violencia sexual es un delito que se comete eminentemente en la esfera privada. Eso no lo hace menos delito, si acaso lo hace más complicado de denunciar. Frente a la idea de la violación en la calle, en una fiesta o en un bar, los domicilios son los lugares donde con más frecuencia se producen las agresiones sexuales que, a su vez, son mayoritariamente cometidas por hombres que las víctimas conocen.

Por otro lado, porque la idea que el conselleiro quería transmitir es que la denunciante y él mantenían una relación afectiva, como si de alguna manera eso eliminara la posibilidad de que exista una agresión sexual. La idea de que en una pareja no hay violencia sexual sigue muy extendida y ocasiona un daño enorme: para muchas mujeres es complicado detectar y nombrar que lo que les ha pasado es una violación y que su pareja o el hombre con el que tenían algún tipo de relación ha sido capaz de hacer eso. Cuando los casos llegan a los juzgados, muy pocos, el estereotipo perdura. Los gobiernos y las instituciones deberían estar para combatirlos.

Revelar la identidad de la denunciante

En esta pieza y en todas las que elDiario.es ha publicado hasta el momento sobre este caso, la denunciante es eso, “la denunciante”, “la mujer” o “ella” y no un nombre y apellido concretos, a pesar de que su identidad estuvo desde el principio en muchos medios de comunicación. Hay ya cientos de piezas y de minutos de televisión en los que se revela su nombre, se muestra su imagen en fotos y vídeos y se rastrea su carrera y su vida. Hay quien ha bautizado este caso con el nombre de ella.

Es relevante explicar que esta mujer en ningún momento ha hecho pública la denuncia, no ha querido hablar y, que sepamos, nadie tiene constancia de que haya designado un portavoz oficial o tenga un representante legal autorizado a hablar. Su identidad la deslizan y la confirman tanto fuentes del entorno de Alfonso Villares como de la Xunta de Galicia.

La exposición y, por tanto, la presión que esta mujer tiene encima desde que el miércoles dimitiera Villares es enorme. Si ella no ha querido, al menos de momento, hacer pública la denuncia o comunicar nada, ¿es razonable esta exposición?, ¿es justa?, ¿por qué se produce?, ¿a quién beneficia? Desde las administraciones pero también desde los medios de comunicación puede ser una buena ocasión para que reflexionemos sobre la (falta de) protección a las víctimas que acuden a la Justicia y la incoherencia que supone reclamar a las mujeres que denunciemos mientras nadie garantiza que tu identidad no corra como la espuma cuando hay algún interés de por medio.

El relato continúa: a los aplausos de miembros de la Xunta al final de la comparecencia del exconselleiro se suman las declaraciones públicas de apoyo del propio presidente, Alfonso Rueda, que acudió al traspaso de carteras entre Villares y su sucesora en el cargo, y que no tuvo problema en abrazar a su, como él mismo ha dicho, amigo. La frase literal que ha dicho el presidente de la Xunta es la que sigue: “Aguardo que se haga justicia y se haga cuanto antes y ojalá que podamos recuperarlo para la vida pública”.

Todas estas muestras públicas de apoyo y solidaridad hacia un investigado por violencia sexual se producen, hay que recordarlo, por parte de cargos públicos cuyo deber es velar por el interés y el bienestar general. El relato creado a través de las palabras, los gestos, las puestas en escena y las convenientes filtraciones está lejos de ser neutral: busca construir la imagen de un hombre responsable, buen político, asediado por la denuncia de agresión de una mujer con la que, además, mantenía una relación, como si eso pudiera ser un atenuante o una exculpación. Abonar el terreno para el descrédito y la sospecha hacia una mujer. Quitar importancia a través de los actos y las palabras a la investigación de un hecho tan grave como una denuncia por agresión sexual.

La cultura de la violación es todo ese conjunto de ideas y prácticas que normalizan la violencia sexual en la sociedad, que le quitan importancia o que, de alguna manera, la justifican, tirando de estereotipos y estigmas para las mujeres. Que sea una administración pública quien contribuya a reproducirla debería ser algo absolutamente intolerable. No debería pasar, pero pasa.