El fiscal general acusa al juez Hurtado de procesarlo sin pruebas y apunta a las “falsedades” de la pareja de Ayuso

El fiscal general del Estado ha recurrido el auto con el que Ángel Hurtado le deja a las puertas de juicio por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Un escrito en el que la Abogacía del Estado acusa al juez del Tribunal Supremo de procesarlo sin “verdaderos indicios sustentados en datos objetivos”, alega que diversos periodistas ya conocían la confesión del empresario antes que él y apunta, finalmente, a “inexactitudes cuando no falsedades” de Alberto González Amador, a quien acusa de ocultar información a los tribunales y de ser el primero en filtrar, a través de Miguel Ángel Rodríguez, información confidencial de su caso.

El juez Hurtado, después de ocho meses de investigación, dictó hace unos días auto de procedimiento abreviado contra Álvaro García Ortiz y Pilar Rodríguez, fiscal superior de Madrid. Un escrito que deja a ambos al borde del banquillo –a la espera del previsible escrito de acusación de la pareja de Ayuso– y en el que no solo acusa a ambos fiscales de orquestar la filtración del correo del 2 de febrero de 2024 en el que el empresario confesaba su fraude fiscal de 350.000 euros. También añade de forma inédita y sin pruebas que el fiscal general filtró ese documento a los medios siguiendo “indicaciones” de Presidencia del Gobierno.

La Abogacía del Estado hace una enmienda a la totalidad de ese auto y a la instrucción llevada a cabo por Hurtado desde que se hizo cargo del caso en octubre del año pasado. “No existen verdaderos indicios sustentados en datos objetivos de que el fiscal general haya sido el autor de la revelación de la información”, reprocha. Después de varias “diligencias de claro carácter invasivo”, como el registro de su despacho, Hurtado ha dictado ese auto de procesamiento sin hacer una “descripción concreta, acumulada o sistematizada” de los indicios que, asegura, hay contra García Ortiz, que ahora destaca la “parquedad de las fuentes incriminatorias efectivamente disponibles”.

“No resulta posible extraer una sola palabra o expresión que permita presumir que ninguno de ellos revelase —o tuviesen intención de hacerlo— el correo de 2 de febrero”, dice el fiscal general. El juez, añade, “no ha sido capaz de concretar, ni siquiera de forma aproximada”, cómo ejecutó esa filtración García Ortiz, la hora a la que lo hizo o “de quién habría partido la iniciativa”. También acusa al juez de no haberse leído la solicitud de archivo que presentó la semana pasada, al haber escrito su auto de procesamiento hora y media después de la llegada del escrito: “Estaba ya redactado antes de recibir formalmente el escrito de esta parte”.

En este recurso, que se suma al que presentó ayer la fiscal provincial de Madrid y al planteado también por la teniente fiscal del Supremo, García Ortiz desarrolla el que ha sido su principal argumento de defensa, además de la falta de pruebas: que para cuando él recibió en su teléfono los correos con toda la información del caso esos datos ya eran conocidos por periodistas y, además, el propio González Amador ya se había encargado de difundir una parte de esas comunicaciones entre su abogado y la Fiscalía.

La “coordinación” con Miguel Ángel Rodríguez

La Abogacía del Estado acusa a Alberto González Amador y sus abogados de incurrir en “inexactitudes cuando no falsedades” desde la primera querella que puso en marcha este proceso judicial hace un año y tres meses. Una querella que, tal y como ha explicado elDiario.es, ocultó que él había remitido un correo del fiscal a Miguel Ángel Rodríguez para su difusión, que su abogado envió la confesión a un Abogado del Estado y no solo a la Fiscalía y, finalmente, que su abogado ofreció una conformidad de fraude fiscal que él no había supervisado.

El fiscal general entiende que fue la pareja de Ayuso el primero en bajar el telón de la confidencialidad de su confesión, enviada el 2 de febrero de 2024 a la Fiscalía y conocida en la noche del 13 de marzo a través de los medios. Existió una “coordinación informativa” entre González Amador y el jefe de gabinete de Ayuso, dice el fiscal general, para filtrar de forma sesgada esas comunicaciones y conseguir que calara el mensaje de que la Fiscalía, en contra de lo que había sucedido, le había ofrecido un pacto pero después lo había retirado por órdenes “de arriba”.

Es “altamente probable”, afirma, que González Amador o Rodríguez fueran la fuente de los medios que pusieron en marcha esta versión incompleta de los hechos. En ese momento, añade la Abogacía del Estado, “dichas informaciones pierden su carácter reservado y su titular pierde, por consiguiente, el derecho a que no se difundan”. Si alguien cuenta a la prensa que está negociando con la Fiscalía, explica, “no puede exigir a renglón seguido que dichas informaciones sean consideradas reservadas”. Además, zanja el recurso, lo que González Amador puso en circulación fueron informaciones falsas y “quien actúa con manifiesto desprecio por la verdad no puede resultar amparado por el ordenamiento jurídico”.

La defensa del fiscal general también destaca que periodistas de La Sexta, El País, la Cadena SER, elDiario.es y el diario El Mundo han explicado que conocían detalles, o incluso el correo entero, sobre las negociaciones entre el abogado de González Amador y la Fiscalía. “La información carecía ya en ese momento de carácter reservado”, dice, cuando llegó a manos del fiscal general a las 21.59 minutos de la noche del 13 de marzo del año pasado.

La investigación, que arrancó en octubre con un registro bajo secreto de sumario y ha concluido con un auto de procesamiento de medio centenar de páginas, ha sido según la Abogacía del Estado “una instrucción penal en la que los hechos imputados nacen, mutan o desaparecen sin resolución motivada”. El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que cimenta la acusación y que analizó el teléfono y los mensajes intervenidos a Pilar Rodríguez, añade, “omite referir” gran cantidad de datos exculpatorios que entonces no se conocían y que hacen de ese informe un elemento “de todo punto inidóneo para ser elevado a la consideración de indicio de cargo”.

La defensa de Álvaro García Ortiz también se refiere al borrado de sus mensajes, que se produjo unos días después de que fuera pública la apertura de la causa contra él en el Tribunal Supremo. Un hecho que ha provocado que la UCO no haya encontrado nada en el teléfono del fiscal general y que ha sido tomado por el juez Hurtado como un indicio más de su culpabilidad. La Abogacía del Estado contesta: “No ha hecho desaparecer la información por capricho, y no lo ha hecho a causa de la incoación del presente procedimiento penal. Si la instrucción no ha conseguido obtener los datos del terminal telefónico al producirse el borrado, tampoco mi representado ha podido defenderse. El borrado es ajeno a la instrucción, no se puede argumentar en contra de la presunción de inocencia”.