El PP se pliega a Vox en Murcia y dinamita el diálogo social con la eliminación de subvenciones a sindicatos y patronal

“Es una anomalía que se pague por el mero hecho de ser, sin justificar ningún trabajo. Se acabó la financiación obligatoria a los chiringuitos sindicales y empresariales”. La primera medida del pacto presupuestario en la Región de Murcia entre PP y Vox ya está materializada. Dicho y hecho. Ambas formaciones acaban de aprobar este martes la modificación de la ley autonómica de Participación Institucional de sindicatos y patronal. Con este cambio, se elimina de un plumazo la obligatoriedad de pagar a organizaciones sindicales y empresariales las cuantías económicas que recibían hasta ahora por su implicación en los órganos asesores y consultivos murcianos. A día de hoy, CCOO y UGT forman parte de más de 90 mesas de diálogo social en la comunidad.

La extrema derecha ya dicta, de forma real, con textos ratificados en la Cámara, la hoja de ruta del Gobierno de Fernando López Miras. Es la primera vez que un gobierno autonómico en solitario del PP aprueba un recorte expreso de subvenciones a la participación institucional de sindicatos. La posición beligerante que Vox ha mantenido en la Región contra ellos, a lo largo de la legislatura, ha terminado por imperar en todo el Ejecutivo.

Se trata de una ofensiva sin precedentes al derecho de las entidades sindicales y empresariales a cobrar por su trabajo de representación de trabajadores y empresarios. A esta circunstancia se añade, en el nuevo texto de la ley, que “la presencia de las personas que representan a organizaciones sindicales y empresariales en los órganos consultivos de asesoramiento se presume a título gratuito y no percibirán indemnización alguna por asistencia o compensación de gastos”.

El pacto que el PP cerró con la extrema derecha el pasado 6 de junio incluye, asimismo, para las cuentas de 2025, una reducción del 25% a las aportaciones que estas organizaciones deberían —todavía de forma obligatoria— recibir en este ejercicio, que se suma al 25% que ya se aplicó el año pasado. Desde el año 2024 se han reducido las ayudas a sindicatos y representantes empresariales a la mitad.

El siguiente paso se ha dado hoy. La misma votación de la ley, en el momento de salir adelante, ha sido más que reveladora. Los diputados de Vox se han quedado solos aplaudiendo la entrada en vigor de su texto. Los del PP, que les han dado su apoyo necesario, han permanecido callados, sentados en su escaño. La formación ultra no se ha cortado durante su turno de intervención. El diputado Antonio Martínez Nieto ha hecho gala de su habitual repertorio de ataques para asegurar que el actual sistema, ya suprimido, es “incompatible con la buena gestión pública”, y que la “participación institucional no tiene capacidad para mejorar la Región”. “Ha llegado la hora de arrancar el parasitismo institucional que está chupando las cuentas públicas. Esto empieza quitando a sindicatos y patronal”, ha expresado, ante la mirada complaciente de los populares.

Una ley sin informe jurídico

Vox pone la lupa directamente en los sindicatos y niega, de manera unilateral, su derecho a percibir una retribución por la participación en las más de 90 mesas de diálogo social que hay en la Región de Murcia. La misma ley sacada adelante este martes fue en febrero declarada inconstitucional por los servicios jurídicos del Parlamento murciano. El debate y la votación se han celebrado, esta vez, sin que estos mismos servicios hayan emitido ningún informe al respecto, lo cual ha sido muy criticado por la oposición.

La única diferencia entre la ley inconstitucional y la ley que todavía no se sabe si lo es, pero que ya ha sido aprobada, radica en un concepto clave cuyo autor es el PP. Junto a las palabras como “clientelismo” o “despilfarro” que incluye la formación de extrema derecha, los populares apelan al método de la “concurrencia competitiva”. De ahora en adelante, todos los sindicatos y organizaciones de la Región que lo deseen podrán entrar en un procedimiento para competir por una subvención, en el caso de que ésta se otorgue. Esto incumbe no solo los sindicatos mayoritarios, sino también aquellos que apenas cuentan con afiliados ni representados.

El diputado del PP Antonio Landaburu ha hecho referencia a que la reforma de la ley y la eliminación de ayudas a sindicatos es “una oportunidad única para optimizar los recursos de la Región y dirigirlos a lo prioritario, como reducir listas de espera”. Lo cierto es que tan solo un 0,03% del presupuesto regional se destina a las aportaciones a organizaciones sindicales y patronales.

CCOO y UGT interpondrán una denuncia conjunta

Las asignaciones públicas a los sindicatos mayoritarios por participar en mesas de negociación están reconocidas como un derecho en el Artículo 7 de la Constitución Española. En la Región de Murcia esos sindicatos son CCOO y UGT. La patronal de mayor peso es la CROEM. El informe jurídico que declaró, en febrero, inconstitucional la anterior propuesta de los de José Ángel Antelo exponía que la “reforma es contraria a la normativa básica en materia de subvenciones a la que está sujeta la Comunidad Autónoma”, al suponer “una carga a las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito de la participación institucional”.

En Castilla y León, una medida similar aprobada en 2022 por PP y Vox para borrar del mapa el ingreso de cuantías públicas a dichas organizaciones ha sido recientemente revocada por la justicia. Una sentencia del Tribunal Superior de Castilla y León obligó a la Administración regional leonesa a devolver cerca de dos millones de euros a CCOO y UGT tras una denuncia de éstos.

A dicha jurispruencia apelan ahora las organizaciones murcianas. La secretaria general de CCOO en la Región, Teresa Fuentes, ha explicado a este periódico que la reforma hoy aprobada será denunciada en conjunto con UGT ante los tribunales al incumplir dicho Artículo 7 de la Constitución. “Es un camino peligroso, el de cuestionar el papel de los sindicatos. Ellos piensan que nos hacen daño. Pero, en realidad, le hacen daño a la clase trabajadora. Estamos en mesas defendiendo a los trabajadores, la brecha salarial, la violencia de género en el trabajo, la empleabilidad de los jóvenes y muchas otras cuestiones”, ha señalado.

Fuentes ha hecho hincapié, además, en un agravio comparativo. “Después de esta modificación, de las tres partes de una mesa —Gobierno regional, sindicato y patronal—, quien representa a los 660.000 trabajadores en activo de la Región será quien no cobrará. Sin embargo, la parte del Gobierno sí va a recibir dinero por estar en las negociaciones”.

Desde la perspectiva de UGT, muy similar a la de sus homólogos, su secretaria general, Paqui Sánchez, ha expresado que la nueva ley tiene “poco recorrido”. “A los sindicatos nos mantienen las cuotas de nuestros afiliados. La ley nos ampara y la Constitución también. Vamos a seguir defendiendo a los trabajadores”.

En la Región murciana, CCOO, la primera fuerza sindical, cuenta con 27.000 afiliados y aproximadamente 3.200 representantes. UGT tiene alrededor de 20.000 miembros y unos 2.600 delegados sindicales.

“Comienza a materializarse el chantaje de Vox al PP”

La oposición política al Gobierno regional en la Asamblea también ha criticado duramente la medida de PP y Vox. María Marín, de Podemos, ha aseverado que la extrema derecha “no entiende la idea de participación social”. “La medida que nos traen aquí”, ha dicho, “es un aperitivo”. “Les gustaría cargarse todas las organizaciones de clase y dejar a los trabajadores sin defensa ante el empresariado”.

Por parte del PSOE, Alfonso Martínez Baños ha esgrimido que la nueva ley pretende “resquebrajar uno de los pilares que sustentan la democracia”. “Comienza a materializarse el chantaje de Vox al PP”, ha manifestado. El PSOE ha confirmado, además, que presentará próximamente un recurso de inconstitucionalidad ante la reforma.

Esta es la primera medida que sale adelante de todas las que conforman el pacto presupuestario que ambas formaciones firmaron el pasado 6 de junio. El 13 de junio, el pleno de la Cámara aprobó el techo de gasto, de más de 6.700 millones de euros.

Ahora quedan numerosas iniciativas polémicas por seguir implementándose, como el cierre del centro de menores de Santa Cruz, que tendrá lugar en septiembre, “antes del inicio del curso escolar”. Otra directriz con tinte xenófobo es la de “poner en marcha un sistema inmediato”, según reza el texto del acuerdo, de protocolo para la determinación de la edad de los migrantes “que se autoperciben como menores”, con pruebas médicas incluidas. También destaca, por encima del resto, la futura modificación de la ley del Mar Menor vindicada por Vox. Ésta llegará al Parlamento regional “antes de octubre”.