El Decreto-ley n.º 1/2025, de 5 de junio, de Simplificación Administrativa de la Región de Murcia, que ha sido publicado en el BORM este pasado sábado 7 de junio, es uno de los mayores ataques a la participación ciudadana en materia de patrimonio cultural que se ha visto en nuestro país en los últimos años. Esta norma dedica todo su Título Octavo a desmontar las principales herramientas que existían para la defensa del patrimonio cultural por las asociaciones, colectivos, cronistas e investigadores.
Dice la nota de prensa oficial emitida por la CARM que “entre las principales medidas prácticas que contempla la ley, destacan el silencio administrativo positivo como regla general, que permite que si la Administración no contesta en plazo, la solicitud se entiende estimada”. Pero olvida decir que elimina esa posibilidad en tres casos que ya existía en la legislación autonómica desde el año 2007. El de las solicitudes de expedientes de protección cultural, de cuya norma borra ese silencio positivo como norma general, impidiendo la apertura automática de los expedientes de protección que la CARM no responda en plazo.
Para una normativa que era un ejemplo a seguir en toda España, digna de estudio (sobre el papel) aunque luego se aplicara de una forma bastante lenta, discutible y con interpretaciones que han sido tumbadas en los tribunales contenciosos en repetidas ocasiones, hemos visto cómo ha sido amputada y mermada de un plumazo, por decreto y sin consulta ni participación pública. Para algunas normas irrelevantes, se lanzan consultas, encuestas, reuniones y evaluaciones. Aquí, ha reinado el silencio, pero negativo.
Desde su aprobación en 2007, la Ley de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia ha sido una herramienta de salvaguarda de nuestros monumentos y bienes culturales, pero a través de la acción pública y el trabajo desinteresado y participativo de asociaciones culturales, ambientalistas y vecinales, así como de ciudadanos a título individual.
Durante casi 20 años, algunos colectivos asociativos han puesto de manifiesto que tenemos un patrimonio cultural rico y diverso, muchas veces olvidado, pero que con esfuerzo y dedicación han logrado que se lleve al reconocimiento oficial su monumentalidad y sus valores. A través de las figuras de protección que recogía la ley (BIC, BiCa e Inventariado) muchos de los bienes de los pueblos y ciudades de nuestra región han sido reconocidos y teóricamente protegidos.
Pero otros muchos, más de un centenar según la documentación que varias asociaciones entregaron hace unos meses a la Inspección General de Servicios de la CARM, seguían sin protección alguna porque sus solicitudes oficiales de catalogación a través de esas figuras, se acumulaban (y se siguen acumulando) en los cajones físicos y virtuales de la Casa Díaz Cassou, sede de los departamentos de patrimonio cultural e histórico de la administración autonómica.
Asociaciones de larga trayectoria como Huermur, Cartaginense, AJVA, Amigos de la Historia de Librilla, BiciHuerta o Lorca por su Patrimonio Cultural, por citar algunas, llevan años “clamando en el desierto” para que nuestro patrimonio cultural no siga cayéndose ni permanezca olvidado. Y lo de cayéndose es muchas veces literal, veamos los recientes fragmentos de los frescos del Palacio Episcopal que se desprenden sobre la plaza Belluga, o las cornisas de la Catedral y su imafronte que llevaron a la intervención en el uno de nuestros principales monumentos.
También plataformas ciudadanas como la del Cine Rex Vivo, en Murcia, o la del Molinete en Cartagena, han llevado a cabo acciones de defensa de bienes culturales, viendo que el silencio de años de la administración cultural a veces se transforma en rechazos “exprés” de las solicitudes de protección BIC. Todo es posible en “la mejor tierra del mundo”.
El nuevo decreto-ley, llamado de simplificación administrativa, más bien es de intervención, eternización de expedientes y digno de un intento de “garbillar agua”. Ni los colectivos como Huermur y el resto de entidades patrimonialistas van a parar en su labor de estudio, defensa y protección del patrimonio cultural; ni van a desaparecer las solicitudes de protección, aunque haya que seguir llegando hasta la justicia para que la CARM abra los expedientes de protección que se niega a veces incluso a iniciar. Todo ello impidiendo que reales academias, colegios profesionales y universidades emitan sus informes consultivos.
El movimiento asociativo en defensa del patrimonio cultural está muy vivo, y este decreto lo activará todavía más. Aunque ahora las solicitudes de protección vayan a estar consideradas como simples denuncias. Aunque ahora para comunicar que un bien está en mal estado se quiera que solo se informe a los ayuntamientos. Aunque ahora ya no exista el silencio positivo si la CARM no responde a las solicitudes de protección BIC y BiCa.
El patrimonio cultural de nuestra región seguirá teniendo quien le defienda. Mujeres y hombres que dedican su tiempo a investigar, a pasar horas en archivos, a entrevistar a mayores y jóvenes, a hacer kilómetros y kilómetros por nuestros campos, nuestras huertas, nuestras calles y nuestros caminos. En barrios y pedanías, en diputaciones y lugares, en pueblos y ciudades.
Y seguirán denunciando en cualquier lugar lo que consideren un peligro o incluso una vergüenza para nuestra generación. No queremos seguir perdiendo nuestra memoria. No queremos que las generaciones futuras solo vean los monumentos y yacimientos en fotos y cuadros. Y si hay que ir al Defensor del Pueblo, a la Inspección General de Servicios, a la Asamblea Regional, al Congreso, al Ministerio de Cultura o a cualquier otra instancia, habrá quien lo haga. Por nuestra región y su patrimonio.
¡Feliz Día de la Región!
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