La investigación judicial revela la receta de Ayuso para las residencias en pandemia: un geriatra de Quirón, un asesor sin contrato y un cónclave secreto

La cara A de la gestión de la pandemia de Isabel Díaz Ayuso en Madrid fue todo un éxito. Tanto, que la presidenta que apostó por “cañas y libertad” mientras otras comunidades autónomas cerraban el comercio y los bares logró una mayoría para el PP en 2021. La receta que se vendió era mantener la vida y no exagerar con medidas que limitaban el turismo o las ganancias hosteleras, además de un paquete ambicioso de medidas que fue presentado el 12 de marzo. En el caso de los mayores que vivían en residencias –más vulnerables al virus por edad, enfermedades previas, convivencia estrecha– la receta fue “medicalizar” los centros de mayores, como anunció la presidenta en una entrevista en Telecinco los primeros días de pandemia y difundieron las notas de prensa redactadas en la Puerta del Sol, sede del gobierno autonómico. “Las residencias se van a medicalizar y los mayores contagiados serán atendidos allí mismo”, dejaron por escrito. Los familiares y la sociedad lo creyeron.

La cara B está emergiendo cinco años después de que fallecieran casi 10.000 mayores en dos meses, un récord en España. Un total de 7.291 de ellos lo hicieron sin ser trasladados a hospitales y sin que se hubieran medicalizado las residencias, como se había asegurado. Tampoco se cumplió el anuncio de que la privada se pondría al servicio de todos los ciudadanos, entre otros anuncios que quedaron en el tintero.

En todo este tiempo, la Comunidad de Madrid, la presidenta Ayuso o su consejero de Sanidad entonces –Enrique García Escudero, hoy senador– no han dado información sobre por qué no se enviaron sanitarios a los centros, por qué no se usó Ifema o la privada para los mayores, por qué se les impidió ir a hospitales o por qué solo los que tenían seguro privado fueron trasladados. Todo ello, denuncian las asociaciones de familiares, es el cóctel que propició no solo que murieran, sino que murieran en malas condiciones, víctimas de una discriminación en la atención sanitaria, el delito recogido en el artículo 511 del Código Penal que están investigando un juzgado de Madrid y otro de Leganés.

De las personas que fueron testigos de cómo se gestó realmente el plan o que intervinieron políticamente en aquellos meses dramáticos, solo el entonces consejero de Asuntos Sociales, Alberto Reyero, –el encargado de las residencias de mayores–, que era de Ciudadanos, denunció que se estaba abandonando a los más vulnerables y se mostró contrario a los protocolos, como recoge su libro Morirán de forma indigna y correos que envió a Sanidad. Tras semanas de enfrentamientos, fue apartado de decisiones clave y acabó dimitiendo en octubre de 2020. Díaz Ayuso, que no ha admitido errores en su gestión, no ha pedido perdón y señala a las asociaciones de familiares como arietes politizados, sigue catalogándolo como persona “desleal” a su gobierno. La última vez, esta semana en Telemadrid. También una epidemióloga de Sanidad alertó por carta de que las residencias iban a ser una catástrofe sin que le hicieran caso. De los médicos que se iban a enviar no hay rastro.

Esa cara B ha ido apareciendo también en testimonios de familiares o en la comisión de investigación que se celebró en la Asamblea de Madrid –y que cerró abruptamente el PP en cuanto tuvo los votos necesarios–. Pero ahora también en las declaraciones, como testigos o investigados, de altos cargos de Ayuso o personas que fueron de su confianza y que por primera vez apuntan hacia arriba y dan detalles de cómo se trabajó en los momentos más esenciales de la catástrofe sanitaria.

El gurú de Ayuso

El último que ha revelado cuál fue la realidad señalando hacia la cúspide ha sido Antonio Burgueño. Como él mismo dijo en su declaración en la comisión de investigación, la presidenta lo llamó el 10 de marzo para pedirle ayuda. Este exdirector general de Hospitales e ideólogo de la privatización sanitaria de Madrid con Esperanza Aguirre contó el martes ante la jueza de instrucción que le citaron a una reunión clave en la que se decidió la estrategia del coronavirus en Madrid.

Fue el 11 de marzo de 2020, en la sede del Gobierno y estaban la presidenta Isabel Díaz Ayuso, su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, el consejero de Sanidad y el de Hacienda. Allí se le nombró informalmente “mando único” de toda la Sanidad, aunque eso no llegó a suceder porque el 15 de marzo quedó fuera de toda decisión. Ni se le contrató ni se le pagó. Al día siguiente a la reunión, este médico de profesión entregó un documento con 270 medidas que Ayuso asumió en su totalidad y presentó el 12 de marzo a la opinión pública. Entre ellas, 15 medidas para las residencias, incluyendo la medicalización.

Pero no se puso en marcha, como el propio Burgueño admitió en su comparecencia en la Asamblea: “No se dio la orden. Es lamentable [que fallezca una persona] sin que lo haya visto un médico”. “Todos los días debería ir un enfermero. Hay que mantener un enfermo con flujo de oxígeno constante y con otras medidas”, defendió en febrero de 2021 ante los diputados regionales. También contó entonces que creó un grupo de expertos, 13 o 14 especialistas, y que dichos médicos se presentaron a la presidenta el día 14 o 15 de marzo. En la nota de prensa oficial se les cita como parte de un “comité de coordinación” del que ha trascendido poco.

Ese cónclave secreto en la Puerta del Sol con Ayuso, al que Reyero no estuvo invitado aunque sí un responsable de Hacienda que no tenía que ver en temas sanitarios sin que haya trascendido el porqué, es clave porque implica de manera más directa a los más altos responsables de la Comunidad. Hasta ahora han pasado por los juzgados técnicos, altos cargos, directores de residencias o geriatras, pero no consejeros ni, mucho menos, Díaz Ayuso, que siempre ha enmarcado la gestión en un escalafón técnico que hizo todo bien. La declaración de Burgueño como testigo fue parada a los pocos minutos, ya que al contar la reunión y su implicación en ella, la jueza de Leganés entendió que podría acabar siendo citado como investigado y suspendió la sesión para proteger su derecho a la defensa. También tiene pendiente declarar como testigo en otro juzgado de Madrid que investiga si hubo discriminación sanitaria.

Pero en sede judicial se están conociendo otros detalles desconcertantes sobre las pocas personas que decidieron el plan de contingencia más importante de Madrid. Precisamente la declaración como testigo ante la justicia de otro exalto cargo de Ayuso ha revelado que, después de ese cónclave con sus personas de confianza, se optó por redactar unos protocolos que limitaran la derivación de mayores con problemas de dependencia –cognitiva, física o las dos– a los hospitales, condenando a una población de 50.000 mayores a no tener atención sanitaria ni en centros hospitalarios ni en sus residencias.

Fue Carlos Mur, excoordinador sociosanitario con Ayuso en pandemia, quien contó que él firmó esos protocolos –hubo varias versiones– pero no fue quien los redactó. Apuntó como ideólogo a Francisco Javier Peromingo, alguien que no pertenecía orgánicamente a la Consejería de Sanidad ni era un alto cargo del consejero. Peromingo era entonces coordinador sociosanitario de Quirón en los hospitales Rey Juan Carlos, Infanta Elena, General Villalba y Fundación Jiménez Díaz, como muestra su propio currículum. Por qué un geriatra que trabajaba coordinando para un gigante sanitario privado acabó redactando y decidiendo el destino de todos los mayores de residencias de Madrid es algo que tampoco ha sido aclarado. Si se le contrató y pagó para ese trabajo o quién lo supervisó, tampoco.

Un geriatra de Quirón

Este geriatra, al que Ayuso fichó en mayo de 2020 –dos meses después de haber participado en los protocolos– para sustituir a Mur y que ahora ha vuelto a trabajar para la concertada en la Fundación Jiménez Díaz, defendió en su comparecencia en la comisión de investigación de la Asamblea su labor, admitió haber participado en los borradores de los protocolos y justificó el trabajo de los llamados “geriatras de enlace”, que fueron quienes aplicaron los frenos a la derivación de los mayores. Tanto Peromingo como Mur, que no han contestado a la petición de información de elDiario.es, tienen pendiente declarar en un juzgado de instrucción de Madrid como testigos. No así el consejero de Sanidad, que de momento ha quedado fuera del perímetro de las investigaciones judiciales (es aforado, como Isabel Díaz Ayuso).

La declaración de otro testigo este martes, el presidente del grupo sanitario privado HM, ha aflorado también otra mentira de aquel plan que se presentó como histórico para luchar contra la pandemia. Ayuso aseguró que la sanidad privada y la pública se integraban en un “mando único”, algo que no sucedió: como dijo este directivo en la sala, se pusieron todas las camas a disposición de la Comunidad, pero casi nadie fue derivado y no se supo más de ese mando único. Solo enviaron a sus hospitales 34 pacientes sin seguro privado desde las residencias, a pesar de que tenían espacio suficiente para atender a más personas.

Aunque de momento son dos juzgados los que han abierto causa por la posible discriminación sanitaria, hay 92 procedimientos relacionados con denuncias o querellas que alegaron ese mismo delito: “Algunos están aún pendientes de que decidan sobre su admisión, mientras que hay cinco causas que ya han llegado a la Audiencia Provincial, tras los recursos presentados por los denunciantes o querellantes después de que los juzgados de Instrucción rechazasen investigar los hechos denunciados”, ha señalado el equipo legal que defiende a las familias.