El PSOE pide la dimisión de un alto cargo balear de Agricultura por “ocultar” las deficiencias de la 'granja de los horrores'

El portavoz adjunto del PSIB-PSOE en el Parlament balear, Marc Pons, ha exigido la dimisión del director general de Agricultura, Fernándo Fernández, por haber suspendido el pasado 5 de noviembre un procedimiento sancionador -así como las medidas cautelares aparejadas al mismo- contra Avícola Son Perot S.A., la empresa propietaria de la polémica macrogranja de Llucmajor, a pesar de las graves deficiencias previas detectadas por los técnicos del propio Ejecutivo balear, tal como ha informado este lunes en exclusiva elDiario.es. La instalación se encuentra bajo el foco desde finales de mayo tras la publicación en primicia, por parte de este medio, de imágenes que se han hecho virales por las condiciones de insalubridad, falta de higiene y suciedad extremas de su interior.

En rueda de prensa, Pons ha acusado a Fernández de “ocultar deliberadamente desde hace un año” la información relativa a esas deficiencias así como de frenar las medidas cautelares propuestas por su propio departamento. En este sentido, el socialista ha incidido en que el alto cargo “era consciente” de tales carencias e irregularidades, dado que fue él mismo quien acordó abrir un expediente y decretar medidas cautelares, consistentes en proponer a la empresa “un plan de desescalada” dirigido a disminuir a menos de 40.000 las gallinas ponedoras -en aplicación de la normativa actual- y a reclamar a la mercantil un nuevo plan de gestión del estiércol y los residuos que garantizase el cumplimiento de la normativa medioambiental.

Sin embargo, Pons ha lamentado que el director general volviese a levantar esas medidas al cabo de un tiempo y la granja “continuase funcionando sin ningún tipo de limitación”. “Durante un año, el Govern y el director general han tenido conocimiento de carencias evidentes que podían suponer riesgos sobre la salud y no han actuado hasta que se han encontrado con las imágenes que han generado alarma social”. En este sentido, el portavoz adjunto ha incidido en que Fernández decidiese levantar las medidas cautelares “sin ningún tipo de informe técnico” y “siguiese permitiendo que la granja funcione como lo ha hecho hasta ahora, sin ningún técnico que avale el hecho de poder permitir la comercialización”.

Tal como informaron fuentes de la Conselleria en mayo de este año, el departamento decidió abrir el expediente y comunicarlo a la Fiscalía el 21 de octubre de 2024 para que “valorase si podía haber delito medioambiental”. Los hechos, según los informes consultados, acreditarían la gravedad de la situación general de la granja. Sin embargo, el Ministerio Público, cuyas pesquisas no impiden mantener las medidas cautelares, archivó finalmente el expediente en febrero de 2025, de acuerdo a las mismas fuentes.

“Estamos ante una explotación agraria que no cumple la mitad de la normativa y que representa un peligro para la salud pública, además de ser un claro ejemplo de maltrato animal y de dar una pésima imagen de Mallorca”, ha recriminado Pons. Ante esta situación, Pons ha exigido la dimisión del director general y ha insistido en reclamar la clausura inmediata de la explotación, además de solicitar la comparecencia inmediata del conseller de Agricultura, Joan Simonet. “Si se hubieran aplicado las medidas cautelares que eran necesarias, se habría evitado toda esta situación en la que nos encontramos ahora”, ha abundado.

El socialista ha apelado, además, a la necesidad de que el conseller explique “si ha habido o no connivencias y acuerdos entre promotor y la Dirección General de Agricultura” y, especialmente, si se produjo “un intercambio” entre el freno que el Govern dio al proyecto de construcción de la macrogranja avícola que Avícola Son Perot proyectaba construir a dos kilómetros de la localidad mallorquina de Sineu mientras, a su vez, el Ejecutivo “permitía el funcionamiento” de la de Llucmajor pese a las deficiencias detectadas.

El PP defiende el perfil “técnico” del director general de Agricultura

Por su parte, el portavoz parlamentario del PP, Sebastià Sagreras, ha defendido el papel del director general de Agricultura, cuyo perfil ha destacado como “totalmente técnico” y cuyo trabajo ha sido “reivindicado por las organizaciones agrarias”. El diputado conservador ha recordado que la Conselleria “actuó de forma diligente” y puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía. “Que siga así el PSIB, que nosotros seguiremos trabajando de forma rigurosa y ellos caminando a marchas forzadas hacia el acantilado”, ha aseverado.

Por otro lado, Sagreras ha admitido que negociará con los grupos parlamentarios las distintas enmiendas presentadas a la Ley de macrogranjas, entre las que figuran, por parte de Vox, las relativas a la supresión del catalán como requisito laboral para acceder a la sanidad pública -una medida que ya está siendo aplicada a través de un decreto específico, pero no mediante ley- y la legalización de campos de polo, como elDiario.es informó en primicia el pasado viernes.

En concreto, las correcciones se debatirán en el pleno de este martes, en el que se someterá a votación la normativa que regulará las explotaciones ganaderas intensivas de aves de corral. El portavoz popular ha subrayado que la intención del PP es aprobar esta ley, si bien ha eludido aclarar el posicionamiento de su partido respecto a las diferentes enmiendas presentadas al texto, inicialmente tramitado como decreto-ley. En esta línea, Sagreras ha reprochado que desde Més per Mallorca -formación que junto al PP validó el decreto- se hagan los “ofendidos” por el hecho de que los populares puedan votar a favor de determinadas enmiendas, puntualizando que la formación ecosoberanista permitió que normativa se tramitara como proyecto de ley y esto diera lugar a la introducción de enmiendas.