Sujeciones de “larga duración” en las cárceles vascas: 68 presos han estado atados con “correas” en alguna ocasión desde 2022

Un total de 68 personas, 65 varones y 3 mujeres, han estado en celdas con “sujeciones mecánicas de larga duración” desde que el Gobierno vasco asumió la gestión de las tres prisiones vascas, Zaballa en Álava, Basauri en Bizkaia y Martutene en Gipuzkoa. La consejera de Justicia y Derechos Humanos, la socialista María Jesús San José, precisa que es la “última ratio” u opción “para recuperar la normalidad regimental” cuando se ha visto “alterada” de forma “abrupta” y recalca que se emplean “correas homologadas”.

San José ha ofrecido estos datos en el Parlamento Vasco como respuesta a una solicitud de información del representante del PP Santiago López Céspedes. En concreto, los 68 casos son 7 en 2022, 20 en 2023, 31 en 2024 y 10 hasta el 10 de mayo de 2025, momento de cierre del informe. El dato no está desagregado por centros.

“Son celdas de sujeción mecánica. Consisten en una cama con una sujeción de correas homologadas. Fue consecuencia de unas recomendaciones del Defensor del Pueblo. Se instalaron en todos los centros cuando dependíamos de Madrid”, explican desde el sindicato de funcionarios de Prisiones ACAIP-UGT, el de mayor implantación en Euskadi.

El documento muestra también que hay “sujeciones mecánicas de corta duración” que se hacen con esposas. Ha habido 414 casos en este tiempo que se reparten en 16 en 2022, 78 en 2023, 247 en 2024 y 73 en los primeros meses de este año. Son 397 hombres y 17 mujeres.

Según explican desde ACAIP-UGT, las esposas no se pueden usar durante más de “20 minutos” y es entonces cuando se solicita autorización para las correas. Hay un protocolo tasado. Tiene que haber “autorización previa” de la dirección del penal e informes médicos que garanticen que no supone un riesgo de salud.

También “cada determinados minutos los médicos tienen que reconocer al interno” y “todo se graba para que nadie se sobrepase”, explican estas fuentes. Si la situación “se agrava”, el interno es derivado a un hospital. La Sanidad penitenciaria fue transferida a Osakidetza mucho antes, en 2011. El Gobierno añade que se hace también un “informe final” del estado de salud del interno atado al terminar la estancia en la celda especial y que hay un “servicio de análisis e inspección” que analiza que la “justificación, ejecución y duración” de la medida sea proporcionada y justificada.

Los datos muestran que se han incrementado esas sujeciones con el paso de los años. En 2025 están siendo más de dos por mes, cuando en 2022 eran casi una cada dos meses. También los reclusos esposados. ACAIP-UGT lo achaca al tipo de internos y al volumen que está adquiriendo la población penitenciaria. Sobre lo primero, opinan que aprecian que reciben “gente joven, policonsumidora, sin arraigo y con nada que perder” y que no es infrecuente que haya que intervenir para evitar “autolesiones”. Sobre lo segundo, constatan que, “a más internos, más conflictividad”. Los presos en Euskadi son ahora un 20% más con relación al 1 de octubre de 2021, cuando los Gobiernos central y vasco ejecutaron la transferencia.

La consejera San José informa también de que en 2023 y 2023 las Prisiones vascas han recibido 28 expedientes del Ararteko o del Defensor del Pueblo -no se aclara si se está refiriendo a la defensoría estatal o a la autonómica-, sean “recomendaciones”, “sugerencias” o “recordatorios”. El Gobierno, eso sí, no ha entregado al Parlamento esos expedientes -ni siquiera un resumen de su contenido- porque “suelen contener datos de las personas”.