Nerea Kortajarena (EH Bildu): “El Gobierno de Pradales anuncia muchas cosas, pero debajo no hay sustancia”

Nerea Kortajarena (Donostia, 1974) es la 'número dos' de EH Bildu en el Parlamento Vasco y la 'número cuatro' en la nueva dirección salida del reciente proceso congresual de la formación soberanista. Delega en su colega Edurne Benito del Valle la defensa de una iniciativa y recibe a este periódico antes de la tormenta política desatada por el informe de la Guardia Civil sobre la corrupción en torno al socialista Santos Cerdán, por lo que la conversación se ha actualizado 'a posteriori' con una pregunta adicional. Sobre la mesa, el balance del primer año de Imanol Pradales como lehendakari, a cuyo Gobierno de PNV y PSE-EE ve experto en “anuncios” y “luces” pero sin “sustancia” detrás. También está abierto el debate sobre la reforma de la normativa de vivienda, en la que EH Bildu cree que los socialistas se pliegan a los nacionalistas, o de la de euskera, en la que opina justo lo contrario. Su tesis es que la coalición, el bipartito, es una “suma cero”. Acusa también al Ejecutivo de proteger “políticamente” a un condenado por corrupción, como es Alfonso Arriola, uno de los implicados en la trama de Alfredo de Miguel.

El Gobierno de Imanol Pradales cumple un año. ¿Qué nota le pone EH Bildu del cero al diez?

No soy de poner notas. Y eso que venimos justo de conocer las calificaciones de la Selectividad. Ha pasado un año, sí. Es un nuevo Gobierno que surge seguramente con hipotecas bastante importantes. Surge con esa necesidad de hacer ver que las cosas cambian. En este año se ha intentado hacer un discurso diferente. Pero lo que vemos es que eso no se traduce en nada. Este Gobierno surge con una debilidad muy importante, la de que los socios sólo comparten la necesidad de gobernar, de mantenerse en el Gobierno. Pero tienen diferencias en cuestiones que son estratégicas. Ha sido público y bastante notorio. Este Gobierno tiene la necesidad de estar constantemente anunciando cosas, pero luego lo que hay debajo de esos anuncios… No hay sustancia política o solidez política suficiente.

¿A qué se refiere?

El grupo por la defensa de la industria, por ejemplo, surge de manera muy improvisada, de manera muy reactiva, y luego no sabemos en qué está ahora. O la alianza financiera también, un gran anuncio detrás del que no hay nada concreto. Es más un desiderátum que otra cosa. Ha sido un año de debates que se han dado de manera muy fraccionada, con una mirada muy corta. Creo que no se está dando la talla. Las necesidades de cambio no se están traduciendo en políticas públicas que estén a la altura del momento.

No pone notas, pero dígame, al menos, si cree que es mejor o peor que el Gobierno de Iñigo Urkullu.

No se trata de saber si es mejor o no que el Gobierno de Urkullu. La cuestión es si el Gobierno está a la altura de los retos que estamos viviendo y de las necesidades que tiene esta parte del país. Y creemos que, de momento, eso no se está viendo. Las últimas elecciones dejaron claros unos mensajes. Había una contestación a una forma de hacer política y a una serie de políticas públicas. Quedó en evidencia que hay una serie de políticas, las neoliberales que ya han tocado techo. Lo que no estamos viendo es que este Gobierno esté respondiendo a la altura de los tiempos, de los retos y de las necesidades que tenemos.

Citaba las elecciones. ¿Está más cerca ahora el liderazgo institucional de EH Bildu que hace un año?

Este año se ha demostrado que existe una alternativa. Hay una oposición responsable que está sabiendo leer muy bien el momento político y las necesidades que tenemos de cara al futuro. Estamos desarrollando un proyecto comprometido con este país, con las necesidades que tiene este país. Estamos demostrando que las cosas se pueden hacer de otra manera. Un ejemplo clarísimo es el pleno monográfico que se desarrolló el otro día aquí [sobre política económica e industrial]. Por primera vez en mucho tiempo hubo un contraste dialéctico. Euskal Herria Bildu puso propuestas concretas encima de la mesa.

Este año se ha demostrado que existe una alternativa. Hay una oposición responsable que está sabiendo leer muy bien el momento político y las necesidades que tenemos de cara al futuro

No se aprobó ninguna. La realidad es que el Gobierno, con su mayoría absoluta, las rechazó todas y cada una de ellas.

Habrá que reflexionar sobre esta dinámica. Tenemos unos retos que difícilmente un Gobierno en solitario va a poder solucionar. A este Gobierno también le falta eso, identificar que hay una oposición que está actuando de manera muy responsable. Que se entienda como una oportunidad y no como una amenaza. Había propuestas. Había algunas opciones para llegar a transaccionales. Hay ámbitos en los que seguramente no hay opciones para trabajar conjuntamente, pero en otros sí. Mire, a mí me llama poderosamente la atención, quizás porque fue la misma semana, que se rehúya aquí la opción de los acuerdos y que, sin embargo, se depositen las expectativas en un foro como es el de la Conferencia de Presidentes. Todas sabemos que la posibilidad de trabajar allí siquiera algún tema estratégico para nuestro país es impensable. Insisto, esa forma de hacer política ha tocado techo. Los tiempos exigen otras cosas.

La ley vasca de Vivienda cumple diez años. Fue un acuerdo de su grupo con el PSE-EE y también con UPyD. Ahora se está tramitando una reforma. Sin embargo, ustedes lo llaman “contrarreforma”. ¿Por qué?

Es una contrarreforma con todas las letras. Responde a unos intereses que no son los de la ciudadanía con respecto a la crisis habitacional que estamos viviendo. Responde más a los intereses de las promotoras y de los ‘lobbies’ inmobiliarios. Se les permite directamente incidir en las políticas de vivienda. Nosotras queremos políticas que claramente respondan a esa crisis habitacional, a cómo hacer efectivo ese derecho a la vivienda que se reconoció hace diez años. Es difícil pensar que quienes votaron en contra de esa ley en 2015, el PNV, que a lo largo de estos diez años ha hecho que la aplicación de esa ley haya ido muy al ralentí, vayan ahora a impulsar una ley que cambie esas lógicas y que ponga en el centro no los intereses del mercado sino el derecho que tiene la ciudadanía a tener una vivienda.

Uno de los puntos que más critican es que el porcentaje de vivienda protegida baja del 75% al 60%.

Claro. El consejero [Denis] Itxaso no ha explicado el porqué de esta contrarreforma. Y ha respondido de una manera muy, muy reactiva a las críticas que se le han hecho. Lo único que se ha dicho es que las promotoras no ganan lo suficiente, que no tienen una rentabilidad suficiente. Pero no hay números encima de la mesa. ¿Cuánto están ganando ahora? ¿Cuánto necesitan o quieren ganar? ¿Cuánto? ¿Un 18%? ¿Un 20%? ¿Un 22%? ¿Un 25%? ¿Un 30%? No hay números que justifiquen ese planteamiento que se ha hecho. Esas promotoras, esos ‘lobbies’ inmobiliarios, han estado teniendo ganancias de dos dígitos y quieren seguir manteniendo esas ganancias de dos dígitos. La venta de viviendas está en cifra récord y los precios están en cifras récord. Aquí algo no cuadra.

¿Cuál es su propuesta?

No puede ser que los intereses de las promotoras estén condicionando las políticas de vivienda. Si hay que cambiar la ley, hay que cambiarla para dar una respuesta a todas esas personas que están viviendo una crisis habitacional, para dar una respuesta a todos esos jóvenes que no se pueden emancipar. Se está convirtiendo ya en la primera preocupación de la ciudadanía. Y es intergeneracional. Preocupa a padres y madres; y preocupa también a las generaciones más jóvenes, a las que se les está hipotecando un futuro.

La cifra que ofrece el consejero es que es que el 75% de cero es cero y que bajando el porcentaje se facilita…

El 75% de cero es cero porque se permite. El consejero se pliega a ese chantaje de que sea cero. Hay que debatir con números encima de la mesa. Hablar las cosas tal y como son. Y la realidad es que el consejero Itxaso todavía no ha explicado con números en la mano cuáles son esas cifras, cuáles son los parámetros en los que nos estamos moviendo. ¿Porque qué pasa si dentro de dos años las promotoras quieren ganar más? ¿Vamos a reducir nuevamente los estándares de vivienda protegida? ¿Dónde está el límite?

No puede ser que los intereses de las promotoras estén condicionando las políticas de vivienda.

Lo que ha planteado también el consejero es que los municipios de su coalición mantengan el 75% si consideran que pueden hacerlo.

El consejero arremete contra los ayuntamientos y creo que lo hace para escurrir sus responsabilidades. El consejero Itxaso, mejor que nadie, sabe el trabajo intenso e inmenso que están haciendo los ayuntamientos de Euskal Herria Bildu, con unas competencias muy limitadas y con unos recursos muy limitados para responder a la situación de crisis habitacional. Lo sabe perfectamente porque tiene una interlocución directa con esos ayuntamientos. Y lo sabe porque cuando se ha querido sacar fotos ha ido a los ayuntamientos de Euskal Herria Bildu. Aquí no se pueden eludir las responsabilidades. Es una forma de hacer política muy, muy vieja. El consejero Itxaso pertenece a una coalición que lleva gobernando esta parte del país muchos años. Casi 40 años, de una manera o de otra. Y el consejero Itxaso pertenece a un Gobierno que ha tenido mayoría absoluta. Muchas de las cuestiones que ahora se plantean como necesarias estaban ya previstas y no se han hecho. ¿Cuál sería la situación que tendríamos ahora si se hubiera hecho una reserva estratégica de suelo hace tiempo? ¿Cuál sería la situación que tendríamos ahora si hubiéramos tenido un PTS que ordenara y que permitiera coordinar todo lo que es la política de vivienda protegida? ¿Cuál sería la situación si ahora si se hubiera promocionado un fondo para la promoción de la de la vivienda pública? Han tenido una mayoría absoluta y no se ha hecho. El consejero Itxaso, en vez de depositar responsabilidades sobre otros, debería estar pensando en hacer un análisis un poquito autocrítico y en no colgarse medallas, como hizo el otro día diciendo que vamos a seguir siendo “campeones”. Hay que tener mucho cuidado con esas afirmaciones cuando estamos viviendo una crisis habitacional y cuando los datos son tan evidentes. Debería establecer otras formas de colaboración institucional con los ayuntamientos. No creo que esto de retar a los ayuntamientos sea una forma para abordar esta cuestión. Él perfectamente sabe que si hay algún ayuntamiento que sea referente en materia de vivienda son los de Euskal Herria Bildu.

Mencionaba las medidas de los ayuntamientos en materia de vivienda. Pero el canon de vivienda vacía de la ley de 2015, sin embargo, se ha empezado a aplicar ahora, diez años después. Y en Azpeitia únicamente.

Sí, sí. Es verdad.

¿Qué ha fallado?

Tenemos que tener en cuenta que los ayuntamientos tienen unas competencias muy limitadas y unos recursos muy limitados. La aplicación del canon a las viviendas vacías es un proceso complejo. Hay muchos ayuntamientos que están trabajando en esa propuesta y hay que decir que ha tardado mucho en llegar. No tenemos ningún problema en decirlo. Pero lo evidente también es que ha llegado y que ha llegado de la mano de un ayuntamiento de Euskal Herria Bildu. Nuestro propósito es que la experiencia de Azpeitia pueda ser ampliable a otros.

El consejero Itxaso, cuando se ha querido sacar fotos, ha ido a los ayuntamientos de Euskal Herria Bildu

¿Y qué les parece que se utilice esta ley de Vivienda para hacer algunos ajustes en la ley de la RGI?

Absolutamente fuera de lugar. No lo compartimos en absoluto, desde luego. Se podría hablar mucho del procedimiento que se ha elegido para la tramitación de esta ley. Es una acción de Gobierno que se presenta por parte de los grupos. Y, claro, aunque la ciudadanía no tiene por qué saberlo, no se han hecho un montón de informes preceptivos. En relación, por ejemplo, al impacto que las medidas pueden tener. Y que se quiera colar una reforma de la ley de la renta de garantía de ingresos que además no responde a las vivencias de crisis habitacional que tienen las personas más vulnerables… Si todos estamos viviendo una crisis habitacional, eso se agrava por diez en el caso de las personas más vulnerables. Tienen dificultades mayúsculas para acceder a esos títulos que se les quiere exigir de alquiler o de un informe que acredite efectivamente un subarrendamiento. Tenemos una posición absolutamente contraria a esto.

Han dicho públicamente que en materia de Vivienda el PSE-EE se está plegando al PNV.

Yo creo que sí. Jueves tras jueves, aquí, cuando se debaten los cuestiones de vivienda, vemos que votan lo mismo, sí, pero los discursos son absolutamente diferentes. Estuve escuchando atentamente la presentación que se hizo de esta ley por parte de Eneko Andueza y Aitor Esteban y fue curiosa. Si uno analiza los argumentos que cada uno utilizó, se evidencian las diferencias que existen. Algunas veces, cuando se quieren hacer demostraciones de fuerza, se demuestran las mayores debilidades. Vimos esas diferencias hace diez años cuando el PNV votó en contra de la ley de Vivienda. Lo hemos visto en su desarrollo. Y lo hemos visto en ese recurso en relación a la ley de Vivienda estatal. Tenemos un consejero que va predicando las bonanzas de la ley del Estado, pero, por otro lado, se sigue manteniendo ese recurso. Es evidente que el PSE-EE se ha plegado a los intereses o a las posiciones del PNV

Sin embargo, con el euskera dicen justo lo contrario, que es el PNV el que se pliega a las exigencias socialistas.

Esto ha sido un ‘modus operandi’ de esta coalición de Gobierno durante mucho tiempo. Unos ceden en algunas cosas, los otros ceden en otras. El sumatorio de este Gobierno es la suma cero. Las diferencias están limitando las posibilidades de desarrollo de políticas públicas en esta parte del país.

El PNV cede en algunas cosas, los socialistas ceden en otras. El sumatorio de este Gobierno es la suma cero.

¿Qué recorrido le auguran a la ley en torno al empleo público que han presentado?

Entendemos que el PNV puede estar bastante cerca de las posiciones que se están planteando. Pero la verdad es que el resto también debería estarlo. Porque la realidad es que esta modificación que hemos presentado sigue los principios de lo que ya se está desarrollando en Galicia, en Valencia y en Catalunya. Aquellos que ahora levantan la voz contra este planteamiento quizás tienen que hablar con sus compañeros. Igual el señor Andueza tiene que hablar con sus compañeros para entender que esto que se está planteando no es otra cosa que respetar los derechos lingüísticos. Se trata de blindarnos y poner un muro a ese intento de la judicatura de hacer política lingüística no teniendo aquí las mayorías suficientes para ello.

¿Albergan alguna esperanza de que el Gobierno actúe por separado en este tema?

Ya veremos. Veremos lo que pasa estos días. Nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en esta modificación de ley. Es el fruto de una ronda bastante amplia que hemos hecho con sectores muy amplios. Creo que hay un consenso muy amplio en torno a que estamos viviendo, siendo optimistas, una situación de parón bastante importante. Hay voces que hablan incluso de una situación de emergencia lingüística. Llevamos muchos años en una rotonda. Pero lo decía nuestro portavoz [Pello Otxandiano] el otro día: están bien señalizadas las salidas y sabemos muy bien por dónde deberían ir los tiros para abordar ese salto que se tiene que dar en relación al euskera. Lo primero es poner freno, blindarnos ante esa ofensiva judicial en contra del euskera.

El lehendakari ha hecho una propuesta.

Creo que no tenemos tiempo de estar esperando dos años más en una rotonda. No podemos estar esperando dos años a que se celebre un congreso. Ni empezar de cero definiendo cuáles son los principios y valores que deben regir estas políticas. Hay consensos suficientes para empezar ya a abordar esta cuestión. Hay mayorías suficientes.

¿Y qué les parece el plan de Industria presentado esta semana por el Gobierno?

No conocemos más que un resumen ejecutivo. En realidad no hay plan. Que sepamos, no ha pasado por el Consejo de Gobierno. La presentación fue muy paradigmática de lo que es la acción de este Gobierno. Fue un anuncio con muchas luces, con una escenificación muy cuidada, pero que no está acompañada de unos contenidos. Lo que sí sabemos es que no ha habido capacidad institucional suficiente en este Gobierno para poder redactarlo. Ha tenido que ser subcontratado. El consejero es nuevo, sí, pero ha recibido la cartera de una consejera de su propio partido que ha estado haciendo esas políticas industriales durante un montón de años.

Esa consejera, Arantxa Tapia, trabaja ahora en KPMG.

Es llamativo. Es llamativo cómo circulan algunas personas en este país. Y también me parece llamativo que esa propia consejera esté en la consultora a la que se la ha subcontratado la utilización de la deuda estratégica de 1.000 millones que se aprobó en el Parlamento. No compartimos esta forma de hacer política. En Euskal Herria Bildu, quien sale de la política, vuelve a su puesto de trabajo.

EH Bildu ha sido una de las organizaciones que esta semana más duramente se ha posicionado contra las privatizaciones en Osakidetza dentro de los debates de la mesa de salud. ¿Estarán en la fotografía final de ese pacto?

Quien tiene que aclarar qué es lo que quiere hacer con el pacto de salud es el Gobierno. Tiene que aclarar cuál es su compromiso con el sistema público de salud. Se ha visto claramente que había un consenso muy amplio para poner freno a las privatizaciones. Y quien lo cuestiona es el propio Gobierno. Nosotros mantenemos nuestro compromiso con esa mesa de salud. Pero entendemos que las privatizaciones son uno de los elementos -como viene señalado en el diagnóstico- que han motivado el deterioro o el declive que ha tenido Osakidetza. Consideramos que tiene que haber una decantación clarísima, absoluta, en relación a lo público. Tiene que haber una posición clara en contra de esas privatizaciones. Lo vemos con ejemplos todos los días. Afectan a la atención. Se ve en las en las ambulancias; se ve en la OSI Tolosaldea, que tiene sus especialidades externalizadas; y se ve también cuando los centros de salud están cerrados y te atiende una empresa externa por teléfono. Estamos hablando de cosas que van más allá de la concertación.

Me parece llamativo que Tapia esté en la consultora a la que se la ha subcontratado la utilización de la deuda estratégica de 1.000 millones que se aprobó en el Parlamento

El consejero hablaba de un 6% de gasto privado externalizado. En educación es mucho más y, sin embargo, EH Bildu nunca es tan beligerante contra los centros privados concertados.

Tenemos una posición absolutamente clara con respecto también a lo que es la defensa del sistema público de educación. Creo que nuestra trayectoria también lo avala. Pero entendemos que existen una serie de singularidades. Tenemos muy claro que aquí el ánimo de lucro es una línea [roja] tanto en el servicio de educación como en el de salud o en el de los cuidados, en el que combatimos las privatizaciones abiertamente y directamente.

¿Qué les parecen los últimos discursos de la patronal de las ikastolas?

¿En relación a las matriculaciones?

Cuotas, matriculaciones, …

Hubo un pacto educativo que debería ser el que rigiera las políticas. Marcaba un horizonte muy claro para reforzar ese sistema público de educación. No se están desarrollando esos elementos que estaban establecidos en ese pacto educativo. Hemos pedido una y otra vez que se retome todo aquello acordado. Creemos que ese es el camino para lo que tiene que ser el sistema público de educación del futuro. Lo vemos como un elemento fundamental porque vertebra una sociedad.

¿Qué valoración hacen del papel de Alfonso Arriola, que está condenado por corrupción, en la Administración?

Nos hemos manifestado también abiertamente en ese sentido. Creemos que eso es una designación política. Si Alfonso Arriola ha estado gestionando estas subvenciones es porque ha habido una decisión política para que así sea. Y no lo compartimos en absoluto. Ese tipo de cuestiones se tienen que evitar. La ley de Transparencia lleva aquí cuatro legislaturas y sigue sin arrancar. Veremos ahora lo que da de sí. Debería blindar que este tipo de situaciones no se den.

¿Qué opinión le merecen las informaciones en torno a la corrupción de Santos Cerdán?

EH Bildu es un movimiento político que tiene instalado como un firme principio en su actuación política e institucional la honestidad y la lucha contra la corrupción, en cualquiera de sus manifestaciones. Los casos de presunta corrupción deben ser abordados con absoluta transparencia y honestidad política. Esa debe ser también la actitud exigible al PSOE, y EH Bildu será exigente.