El Gobierno vasco tuvo como funcionario “responsable de políticas y fondos de la UE” a un condenado por corrupción

El Gobierno vasco ha enviado al Parlamento, a instancias del representante del PP Santiago López Céspedes, toda la documentación que obra en su poder sobre su funcionario Alfonso Arriola, exmiembro del PNV recientemente ubicado al frente de un programa de ayudas del Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca y que está cumpliendo una condena en firme por corrupción dentro de la trama del 'caso De Miguel', el mayor caso conocido en Euskadi. Parte de la información ha sido adelantada por 'Gara'. En los datos figura también que, además de ser “responsable” de estos programas, Arriola “estuvo en asignación de funciones en el puesto de responsable de políticas y fondos de la UE”.

Tanto la consejera Amaia Barredo, que dirige el área para la que trabaja Arriola, como María Ubarretxena, responsable de la cartera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno (que gestiona la política de funcionarios y los servicios jurídicos), insisten en que la condena de la Audiencia Provincial de Álava y del Tribunal Supremo, una inhabilitación por el delito de prevaricación que quedó acreditado por facilitar que la trama de su excompañero y amigo Alfredo de Miguel cobrara comisiones, solamente afecta a sociedades públicas. Es decir, puede continuar siendo funcionario sin ningún obstáculo.

En el expediente consta un cruce de correspondencia entre la Administración -el exviceconsejero José María Armentia- y la Audiencia Provincial de Álava que así lo atestigua. Ni siquiera la Fiscalía, en un documento firmado por el responsable del caso desde su misma génesis allá por 2009, Josu Izaguirre, se opuso a esta interpretación. Eso sí, aunque ni comporte prisión ni inhabilitación absoluta, la condena técnicamente no ha expirado y no lo hará hasta la primavera de 2027 porque era de cuatro años y se convirtió en firme en 2023.

En el largo expediente constan también variadas funciones que ha asumido Arriola desde su reincorporación a la Administración y hasta la actualidad, cuando ha saltado a la luz pública que gestionará ayudas forestales. Fue en 2010 cuando reingresó a su plaza funcionarial. Ese año fue detenido por la Ertzaintza por este mismo caso y quedó despojado de su cargo anterior de libre designación, el de asesor en el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas a propuesta del PNV. Entonces en el Gobierno vasco el lehendakari era del PSE-EE, Patxi López, y Arriola había sido destituido como gerente del parque tecnológico de Miñano, el lugar donde cometió el delito de corrupción. Fue allí donde facilitó que De Miguel ejerciera su influencia por intereses personales y lucrativos. El propio De Miguel escribió una carta al Ejecutivo socialista para protestar por la salida de Arriola y para poner en valor su trabajo, según otros documentos que obran en poder de este periódico.

El Gobierno asegura que sus nuevas funciones responden a “un proceso de concurrencia competitiva”, es decir, que no ha sido nombrado por el procedimiento de libre designación. Se incide en que “es la persona que ha demostrado mayor mérito y capacidad de conformidad con las bases de la convocatoria” y Barredo responde con un simple “no” a la pregunta de si Arriola ha tenido “una mejora retributiva” con los últimos cambios. En 2023, cuando su condena se hizo firme, se conoció que tenía una nómina de 6.018,79 euros mensuales más dos pagas extraordinarias de 3.653,94 euros.

El viceconsejero Armentia, que hizo un informe sobre Arriola al conocerse la sentencia del Tribunal Supremo, aunque desde 2019 había ya una sentencia de primera instancia en el mismo sentido, indicó que en 2023 Arriola realizaba labores como “control contable”, “elaborar informes contables” o “elaborar liquidaciones”. Su puesto actual es de “responsable de programa empresarial”, un alto funcionario que “diseña estrategias de política industrial y comercial”. Sin embargo, la información facilitada a López Céspedes revela que, “además del puesto de responsable de programa empresarial”, por la baja de incapacidad temporal de su ocupante, estuvo en asignación de funciones en el puesto de responsable de políticas y fondos de la UE“. No se aclara si este puesto es otro automatismo o si medió algún tipo de designación discrecional. Tampoco la duración de esa ”asignación de funciones“.

La nueva posición de Arriola fue adelantada por este periódico a comienzos de abril. El lehendakari, Imanol Pradales, dijo al respecto que la designación para gestionar ayudas de un condenado por corrupción no era “edificante” aunque fuese “administrativa” y no política. El dirigente del PNV y portavoz parlamentario Joseba Díez Antxustegi añadió: “A mí no me gusta que una persona condenada por un delito de corrupción esté gestionando ayudas”. Por el contrario, la consejera Barredo, de quien depende Arriola, manifestó en el Parlamento que no merece “cadena perpetua”. Desde la oposición tanto el PP, el que ha solicitado esta información, como EH Bildu, que igualmente ha registrado otras iniciativas, han coincidido en que los nacionalistas “protegen” y “premian” a los condenados en casos de corrupción que les afectan.