La defensa balbuceante y hueca del Sr. Mikel Jauregi de la participación de CAF en el proyecto ilegal de tren ligero de Jerusalén (JLR) delata un sentimiento cercano al pánico en el Gobierno Vasco frente a la acumulación de pruebas contra la empresa de Beasain en la cual es accionista.
El consejero de industria dijo este martes que “CAF es una empresa que tiene un gobierno corporativo muy estable y muy sólido y obedece a la ley internacional. Y para que tengamos más seguridad han pedido a cuerpos externos”(léase una empresa pagada para camuflar su realidad) “que les ayuden a navegar esta situación tan complicada que tienen”.
Complicada sí que es, cuando el director de CAF Israel posa junto al sonriente genocida Netanyahu en la reciente inauguración de una de las líneas de tranvía que CAF construye para facilitar la colonización ilegal de Jerusalén. En dicha rueda de prensa Netanyahu declaró que esto demuestra “Cómo construimos el futuro en medio de la guerra”, al hacer de Jerusalén “la ciudad más feliz del mundo” y “fortalecer su capitalidad”.
En otras palabras, el genocida alababa, aplaudido por el directivo de CAF, el crimen de guerra que esta construcción supone (no lo llamamos así nosotras, sino la Corte Internacional de Justicia).
Aún más complicada, cuando los accionistas reunidos en la junta celebrada el pasado sábado 14 de junio escucharon atónitos un detallado desmantelamiento de todas las coartadas y justificaciones que ha presentado CAF en los cinco años de su participación en el JLR.
Mounir Marjieh, experto en derecho internacional y representante del Centro de Acción Comunitaria de Jerusalén, detalló la ilegalidad de la anexión israelí de Jerusalén Oriental y el papel clave que juega CAF en ese proceso.
Marjieh explicó, además, cómo el dictamen del tribunal internacional de justicia de julio 2024 compromete también a los Gobiernos a actuar para impedir relaciones comerciales que contribuyan al mantenimiento de la ocupación ilegal. Es el caso de este negocio entre CAF, su colaboradora Saphir (denunciada por la ONU) y su cliente, el gobierno israelí
El Gobierno de Lakua, igual que CAF y el mismo estado sionista israelí, se ha creído inmune a la opinión pública e impune ante la ley. Pero la época de impunidad podría terminar. El Parlamento de Navarra ya ha votado una resolución que insta a los gobiernos foral y estatal a actuar contra empresas, como CAF, que contribuyen a la violación del Derecho Internacional, de las leyes contra el apartheid y crímenes de guerra.
Sus homólogos en Gasteiz no pueden seguir con los ojos cerrados frente a evidencias tan contundentes. Si la dirección de CAF no quiere cumplir con la legalidad internacional, un Gobierno vasco que sí la cumpla debe vender cuanto antes su 3% de participación en CAF y el Parlamento tiene que aprobar las enmiendas necesarias para impedir que CAF acceda a ayudas o contratos públicos hasta que deje de participar en el proyecto ilegal del JLR.
Es tiempo de ver también lo que nos es incómodo, y actuar. La limpieza étnica y la ocupación no se terminan con palabras bonitas.
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