El consejero Itxaso reta a los municipios de EH Bildu a que mantengan el 75% de vivienda protegida en las promociones

El consejero vasco de Vivienda, el socialista Denis Itxaso, sigue repitiendo a cada paso que continúa en “actitud de combate” contra la “emergencia habitacional”, que no puede quedarse en mero “titular” fácil de prensa. Por eso, tras el inicio ya de la tramitación en el Parlamento Vasco de la ley de medidas urgentes que se anunció en marzo, ha retado a quienes desde la izquierda le acusan de acometer una “contrarreforma” por reducir del 75% al 60% el porcentaje de vivienda protegida en las promociones a que busquen “en Europa” o incluso “en el mundo” una zona donde haya un porcentaje tan alto incluso con el descenso.

Este cambio es uno de los puntos críticos de la iniciativa legislativa, lanzada ya este martes después de una negociación interna de semanas entre el PSE-EE -que dirige las políticas de Vivienda- y su socio en la coalición de Gobierno, el PNV. Se argumenta que el alto porcentaje actual retrae a los promotores privados porque no tienen margen para obtener beneficios. Repiten que el 75% de cero es la nada y que es mejor una “flexibilización” de las condiciones para que crezcan los dos tipos de casas.

Con todo, Itxaso ha entrado al cuerpo a cuerpo con EH Bildu, principal fuerza de la oposición, principal fuerza municipalista y mayor crítica con la medida hasta ahora. Ha asegurado que “no se rebaja” el porcentaje sino que “se permite a los ayuntamientos” que lo hagan. “Si no lo ven necesario, adelante con el 75%”, ha retado también a los municipios abertzales, un centenar en la comunidad autónoma. Y ha añadido: “Se ha hablado de contrarreforma. Pero no encontrará en Europa una sola región que dedique un 60%. Seguiremos siendo los campeones del mundo. ¿Sólo con ese argumento están en contra de una ley tan progresista y valiente?”.

El consejero cree que muchas medidas de la nueva normativa, como todas las encaminadas a simplificar la burocracia en la tramitación de promociones, son también demandas de los municipios de EH Bildu. En euskera, ha agregado que este sector político “históricamente siempre solido llegar tarde” a consensos de país y les ha avisado de que, “si ahora lo hacen, será en perjuicio de la ciudadanía”. Incluso ha apuntado que la izquierda abertzale, en el pasado, votó en contra en el pasado de medidas que ahora quiere mantener.

Itxaso ha reunido a los medios de comunicación en un hotel de Vitoria -de cinco estrellas- para presentar el detalle de la ley de Vivienda. Formalmente, no se tramita como proyecto del Gobierno sino como proposición de PNV y PSE-EE. De este modo, se evita una batería de informes de órganos de control y se puede lanzar mucho más rápido. Solamente se emitirá un dictamen por parte de Vivienda y, según ha adelantado el consejero, no cabe duda de que será favorable. De lo contrario, los plazos podrían demorarse incluso “tres o cuatro años”. El Ejecutivo tiene mayoría absoluta y la ley se aprobará sí o sí. La idea es que esté promulgada y en vigor antes de que finalice 2025. Se da la circunstancia de que la actual ley de Vivienda también fue tramitada en su momento como proposición de ley, al igual que otras que han regulado el urbanismo en Euskadi en legislaturas anteriores.

Se espera que el pleno de la Cámara la admita a trámite a finales de junio. Fuentes parlamentarias explicaron que hay planes para “habilitar” julio -las vacaciones estivales en el Parlamento son de casi tres meses- y poder avanzar en la ponencia legislativa durante el verano. Itxaso no ha descartado esa posibilidad, aunque ha explicado que compete exclusivamente a la Cámara. El Parlamento, por cierto, solapará la tramitación de la ley con el debate sobre el plan director de vivienda, también presentado ya. Aunque la ley es de medidas “urgentes”, de momento no consta que haya ninguna declaración de “urgencia” en su paso por la Cámara. De hecho, ya es claro que no seguirá el trámite de lectura única, como sí ha hecho el Gobierno esta legislatura para dar 67 millones a la concertada, para inyectar 1.000 millones adicionales de deuda o para tocar normas como las de cooperativas o de dopaje. El Ejecutivo, en todo caso, confía en que haya plazos que se puedan acortar dada la trascendencia del asunto.

Según Itxaso, la nueva ley será “una autopista para poder circular a 160” y no a 120, como hasta ahora. Su viceconsejero Miguel de los Toyos ha dicho que “son medidas urgentes pero en ningún caso improvisadas”. El Gobierno busca también la complicidad municipal para configurar una “reserva” de suelos, la “materia prima” con la que poder construir. De hecho, la reforma legislativa, aunque toca hasta ocho leyes en vigor, da la vuelta especialmente a la de Suelo de 2006. Se ha diagnosticado que ha funcionado “razonablemente” en Álava pero no en Bizkaia y en Gipuzkoa, con una orografía más compleja. Se quiere facilitar que cualquier posibilidad de terreno se movilice “para la causa” del problema de la vivienda.

También se insiste en la idea, importada de París, de construir más plantas (hasta dos) en edificios del Gobierno vasco con techo plano para ofrecer alojamientos dotacionales, lo mismo que reclasificar parcelas educativas, sanitarias o culturales para ese fin. Y en que introduce un sistema de control de que no se vulneran las disposiciones previstas tras la declaración de zona tensionada de un municipio o barrio, también en lo tocante a pisos turísticos.

¿Cuál es el contexto de la “emergencia habitacional” en Euskadi? El equipo de Itxaso ha explicado que Etxebide -el Servicio Vasco de Vivienda- tiene una lista con 100.000 demandantes de vivienda, el equivalente a una ciudad como Barakaldo. En detalle, el 80% busca un alquiler protegido y el 20% posibilidades de compra. Eso sí, un 85% tiene ya una casa. Son, básicamente, familias que pagan rentas altas de mercado y que buscan un alivio económico. Etxebide asigna anualmente unas 4.000 viviendas, más de diez diarias, pero es evidente que no es un ritmo que cubra la demanda.

Más datos: 20.000 vascos tienen ya reconocido el derecho a la vivienda, que cumple ahora diez años. Se trata de una fórmula que desarrolla la habilitación constitucional y que obliga a la Administración o a procurar una casa en el parque público o a abonar una prestación sustitutoria para facilitar el acceso al mercado ordinario.

Esa prestación, poco a poco, se va ya acompasando con la preexistente PCV (prestación complementaria de vivienda). En total, hay 40.000 perceptores. Gaztelagun, el programa de ayudas al alquiler para jóvenes, suma 8.000 beneficiarios, por 6.000 del plan Emantzipa de apoyo a la emancipación. Existen también AES o ayudas de emergencia social, pero no se han facilitado los datos actuales. Todas ellas aportan 300 euros mensuales. La cantidad se ha congelado en 2025. En 2008, cuando se creó la PCV, llegó a estar en 320 euros. Eso sí, en paralelo a la ley el Gobierno trabaja en otro decreto igualmente urgente para ampliar los beneficiarios potenciales de esos programas. 28.000 familias residen en viviendas de alquiler social.

Unas horas después de la comparecencia de Itxaso, en el Parlamento Vasco la 'número dos' del grupo de EH Bildu, Nerea Kortajarena, ha cargado contra el consejero de Vivienda y ha insistido en que plantea una “contrarreforma”. Cree que hace “oposición a la oposición” cuando carga contra los municipios de esta formación ya que “están haciendo trabajo ingente, con apenas competencas e infrafinanciación”. Cree que el Ejecutivo se está plegando a “intereses de los 'lobby' especulativos” al reducir el porcentaje de vivienda protegida y ha asegurado que queda en mal lugar decir que se es “campeón del mundo” cuando lo que está encima de la mesa es una “emergencia habitacional”.