Una jueza imputa al exministro Martín Villa por la muerte en 1976 del antifranquista Teófilo del Valle a manos de la Policía Armada

Rodolfo Martín Villa, ministro en varias carteras en el gobierno de Carlos Arias Navarro, ha sido citado como imputado por la muerte en 1976 de Teófilo del Valle a manos de la Policía Armada. Los hechos ocurrieron hace ahora 49 años, el 24 de febrero de 1976, en la localidad alicantina de Elda. Seis tiros por la espalda, uno de ellos en la nuca, acabaron con la vida de Teófilo del Valle. Un grupo de jóvenes lanza piedras y propina insultos contra un autobús de la Policía Armada en retirada hacia el cuartel de Alacant tras haber reprimido las protestas protagonizadas por trabajadores y trabajadoras del sector del calzado de la comarca del Vinalopó que reclamaban un convenio justo.

El vehículo se detiene. Se escucha un grito: “¡A por ellos!”. Y los ‘grises’, desprovistos ya de su atuendo antidisturbios, comienzan a perseguir a los manifestantes. Arma en mano. Teófilo, recién alcanzada la veintena y empleado en una fábrica de piel, trata de escabullirse por el callejero eldense. Calle Francisco Laliga. Y en la confluencia de la calle San Roque con Juan de Austria, es abatido por las balas: PUM. PUM. PUM. PUM. PUM. PUM.

Le disparó Daniel Aroca del Rey –en aquel entonces con destino en la segunda compañía de la 32 bandera de las fuerzas de la Policía Armada–, quien el próximo mes de noviembre está citado a declarar por estos hechos. Así lo ha dictado la jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 de Elda, que también tomará declaración a Rodolfo Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales en el gobierno de Carlos Arias Navarro. Será el 17 y el 19 de noviembre, de forma telemática, desde los juzgados de Albacete y Madrid.

“Nunca antes había prosperado una querella ni se había llamado a declarar a ningún miembro de las fuerzas de orden público, responsables de las más de 100 muertes de personas, de trabajadores” durante la Transición, sostiene Manuel de Juan, director del documental Las tres muertes de Teófilo del Valle y miembro de Acció Ciutadana contra la Impunidad del Franquisme (integrada en Ceaqua), quien señala la importancia de enmarcar “este crimen en un momento en que la dictadura estaba intacta y ejerció una represión brutal, con torturas y asesinatos, que obedecían a un planteamiento global de aniquilar a todo enemigo político y social”. “Fue un crimen de lesa humanidad”, sentencia. Entre el más de un centenar de vidas segadas por la represión policial durante el proceso transicional, Teófilo fue la primera víctima mortal a manos de las fuerzas del orden público tras la toma de posesión de la Jefatura del Estado de Juan Carlos I.

Desde la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua), celebran “la gran trascendencia” de esta noticia “en la lucha contra la impunidad de los crímenes del franquismo”. Sin embargo, alertan que el anuncio de toma de declaración a Aroca del Rey y Martín Villa “se trata de algo excepcional que hasta la fecha no se había producido, de forma que este hecho por sí mismo no implica que las políticas de impunidad del Estado español se hayan revertido”.

“Esperamos que se avance en la instrucción de la causa penal, e instamos a todos los poderes públicos y a los partidos políticos a adoptar todas las medidas necesarias para que este hecho excepcional se convierta en algo habitual y que, de una vez por todas, se ponga fin a las políticas de impunidad que impiden la investigación judicial en el orden jurisdiccional penal de los crímenes franquistas”, reclaman desde la entidad que respalda a los allegados de Del Valle en este proceso.

La querella interpuesta en abril de 2024 por el hermano mayor de Teófilo, José Antonio del Valle, se suma a las 115 querellas presentadas por Ceaqua en distintos territorios del Estado español por crímenes contra la humanidad ocurridos durante la dictadura y la Transición. Admitida a trámite por delito contra la integridad moral por autoridad o funcionario el pasado mes de octubre, la denuncia se presentó “contra toda la cadena de mando que acabó desembocando en el asesinato de Teófilo”: Aroca del Rey; el sargento Laureano Ballesteros Carbajo; el capitán Carlos Holgado Marín, al frente de la segunda compañía de las Fuerzas de Policía Armada; Benito Sáez González-Elipe, gobernador civil de Alacant; y Martín Villa, explica Aràdia Ruiz, abogada de la cooperativa El Rogle, que añade que, a excepción del agente de la Policía Armada y el exministro, el resto de personas han fallecido.

Asimismo, Martín Villa está imputado en la querella argentina como presunto responsable de la comisión de doce homicidios, en un contexto de crímenes contra la humanidad, acontecidos entre 1976 y 1978, periodo en el que ocupó los cargos de ministro de Relaciones Sindicales, de Gobernación e Interior. Los hechos por los que la jueza Servini lo investiga ocurrieron durante la masacre de Vitoria el 3 de marzo de 1976, en 1977 en ciudades como Madrid, Pamplona o Bilbao y otro asesinato más en los sucesos de los Sanfermines de Pamplona en julio de 1978. En julio de 2024, la representación procesal del exmandatario interpuso recurso de apelación contra la resolución de la magistrada, quien desestimó y rechazó el mismo, al tiempo que rechazó la petición de sobreseimiento.

Desmontar el relato oficial

Un día después del fallecimiento de Teófilo del Valle, el sector del calzado en las comarcas del Vinalopó convocó una huelga general. En 1977, todo el sector del calzado a nivel estatal se organizó en un nuevo paro que se prolongó durante 15 días. “Su muerte causó un gran impacto no solo a nivel local, sino también nacional. Más de 20.000 personas se manifestaron acompañando el cuerpo de Teófilo hasta el cementerio en una demostración de indignación por el asesinato y de solidaridad por las luchas que empezaban”, resalta Manuel de Juan.

El director de Las tres muertes de Teófilo del Valle –quien vivió en primera persona los sucesos de febrero de 1976– ha sido precisamente, junto a José Antonio del Valle, uno de los implicados en desmontar el relato oficial difundido tras la muerte del joven. “A pesar de que la policía y el gobierno civil quisieron implantar que aquello había sido un accidente, todas las personas que participamos en aquellas movilizaciones sabíamos que había sido una muerte provocada por disparos de la Policía, que buscaron matar. Pero no teníamos las pruebas”, señala. Hasta hace unos años.

En 2023, el hermano de Teófilo alegó interés legítimo y pudo acceder a toda la documentación relativa al caso. Al consultarla, descubrió que el juez de instrucción Agustín Ferrer tomó declaración a los policías intervinientes aquella noche y recompuso la escena al recoger los casquillos de las balas. El análisis posterior de la bala alojada en la nuca del joven de 20 años demostró que estas habían sido disparadas por el arma de Aroca del Rey. El fiscal militar solicitó entonces unos años de prisión para el policía. “Hay unas pruebas tremendamente contundentes”, destaca Manuel de Juan, quien ha acompañado a Del Valle en este proceso. No obstante, asegura que “está documentado que el juez recibió muchas presiones, desde Madrid y València, para no aportar esta documentación al expediente judicial”.

A pesar de las evidencias, la familia vivió más de 40 años sin saber la verdad. Sus progenitores incluso murieron antes de conocer la realidad de la muerte de Teófilo. Tras aquel 24 de febrero de 1976, Daniel Aroca del Rey fue juzgado ante un tribunal militar, que lo absolvió por entender que actuó en el ejercicio de su deber. La Jefatura de la Policía publicó una nota de prensa autoexculpatoria, con la intención de desacreditar a Teófilo. “El fallecido […] de vida irregular, el cual había sido detenido con otros en junio de 1975 en Madrid como componentes, al parecer, de una banda de traficantes de droga, habiéndoseles intervenido siete kilos, trescientos cincuenta gramos de hachís que tenían escondido en un piso franco del barrio de Canillejas”, podía leerse.

A los padres del fallecido se les negó cualquier opción de defensa. No se aceptó el abogado contratado por la familia. No conocieron en ningún momento la fecha del juicio. No pudieron intervenir como acusación particular. Nadie les comunicó la resolución. “Ahora, luchamos para conseguir la verdad judicial; para desmontar una realidad construida a base de ocultación; para dignificar la memoria de Teófilo del Valle”, argumenta de Juan.

Tantos años después, iniciativas como el documental que ha dirigido se suman a una incansable lucha por reclamar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición en nombre de Teófilo. En nombre de muchos otros. El 23 de febrero de este año, más de un centenar de personas recorrieron a la inversa los últimos pasos de la vida del trabajador del sector del calzado en la localidad eldense con motivo del 49º aniversario de su muerte. La ofrenda de claveles en la plaza que lleva su nombre, culminó con la voz de José Antonio del Valle que, desde Uruguay, expresó su voluntad de que “por fin se haga justicia a Teo y se reconozca que fue un asesinato”.

Argumentación de la querella

Aràdia Ruiz, que participó en la redacción de la querella, asegura que la argumentación de la misma “trata de rebatir todos los argumentos que sabemos que ya nos van a decir de antemano” para intentar archivarla. Respecto a la Ley de Amnistía, la denuncia alega que el Estado español ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos seis meses antes de la publicación de esta norma. “Este pacto no permite que se apliquen leyes de amnistía cuando se han producido crímenes de lesa humanidad, por tanto, la ley del 1977 nació nula de pleno derecho”, apunta. En esta misma línea, remarca que, “aunque se considere que la Ley de Amnistía está vigente, esta lo que impide es la condena, pero no la investigación”, lo que les lleva a pensar que la jueza ha hecho una interpretación de norma “teniendo en cuenta el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.

Por otra parte, la querella trata de rebatir el principio de legalidad penal, por el que la judicatura española arguye que en el momento en el que se produjeron los crímenes del franquismo no existía ninguna ley que tipificara los crímenes de lesa humanidad y, según el principio de retroactividad, no puede condenarse a alguien por un delito que en el momento de su comisión no estaba reconocido. “Sin embargo, nosotros contrargumentamos que el Estado español ya estaba adherido al Derecho Internacional Consuetudinario, en el que se describían los crímenes de lesa humanidad, así como a los principios de Núremberg a partir de 1945”, desarrolla, y recuerda la no prescripción de los crímenes de lesa humanidad.

Finalmente, hace hincapié en que se da la particularidad de que Daniel Aroca del Rey ya fue juzgado por un tribunal [militar] y “existía el riesgo de que se argumentara que, por el principio de non bis in ídem, no se puede juzgar dos veces a la misma persona por el mismo hecho”. Pero, destaca que en el marco de la Ley de Memoria Democrática –aprobada en 2022– “se declaran nulas todas las resoluciones y sentencias emanadas por los tribunales militares franquistas”.