Bruselas advierte a Illa que debe cumplir con las protecciones naturales pendientes antes de tramitar la ampliación de El Prat

La Comisión Europea no avala por ahora el proyecto de ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat anunciado por la Generalitat de Catalunya y AENA este martes y no lo hará hasta que las autoridades españolas adopten las medidas medioambientales que tienen pendientes por el daño causado anteriormente en la zona del Delta del Llobregat. Bruselas recuerda que mantiene abierto un expediente de infracción contra España desde 2021 por la degradación de los ecosistemas, que forman parte de la Red Natura 2000, debido a la anterior ampliación del aeródromo.

“España debe tomar las medidas necesarias para evitar un mayor deterioro del lugar Natura 2000 Delta del Llobregat como consecuencia de la ejecución de grandes proyectos de infraestructuras, como la ampliación del Aeropuerto Internacional de Barcelona y del Puerto Marítimo”, advierte la Comisión Europea al Gobierno que preside Salvador Illa. Es decir, la Comisión Europea, que tendrá la última palabra sobre el proyecto de 3.200 millones de euros que pretenden llevar a cabo el ejecutivo autonómico y AENA –porque también este afecta a zonas protegidas por directivas europeas–, lo deja en el aire hasta que se demuestre que se corrigen los incumplimientos medioambientales de hace décadas. Por el momento, el procedimiento de infracción sigue abierto, según recuerdan en Bruselas.

Esa advertencia se la hicieron llegar los responsables de la Comisión Europea a las autoridades catalanas y de AENA en una reunión que tuvo lugar en Bruselas el pasado 2 de abril. “La Comisión también recordó durante la reunión que, antes de seguir adelante con cualquier nuevo proyecto de ampliación del aeropuerto, las autoridades españolas deben aplicar plenamente las medidas necesarias para poner fin al procedimiento de infracción en curso. Ello aclararía la base de referencia para la evaluación de cualquier nuevo proyecto. Además, deben cumplirse todos los requisitos pertinentes de la legislación ambiental de la UE –la Directiva sobre hábitats y la Directiva sobre evaluación de impacto ambiental– antes de dar luz verde a cualquier nuevo proyecto”, señala en la Comisión Europea.

A priori la ampliación del aeropuerto de El Prat no tendría por qué contar con el rechazo de Bruselas, a pesar de que suponga un daño para un ecosistema dado que la directiva de Hábitats prevé que se pueda llevar a cabo un proyecto pese a que suponga un perjuicio para el medioambiente. “Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre el lugar y a falta de soluciones alternativas, debiera realizarse un plan o proyecto por razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas razones de índole social o económica, el Estado miembro tomará cuantas medidas compensatorias sean necesarias para garantizar que la coherencia global de Natura 2000 quede protegida. Dicho Estado miembro informará a la Comisión de las medidas compensatorias que haya adoptado”, señala el artículo 6 de esa normativa.

Sin embargo, lo que advierten en Bruselas a Illa es que tiene que resolver antes las medidas pendientes. El origen del conflicto con la Comisión Europea es las anteriores obras de ampliación del aeródromo barcelonés, sobre todo la de 2004. La Generalitat, que tiene las competencias en materia de medio ambiente, se comprometió a una serie de compensaciones por el daño causado en el Delta del Llobregat que con el tiempo no se llegaron a cumplir.

De esta forma, casi 20 años después la Comisión Europea abrió expediente a la Administración catalana y le mandó en febrero de 2021 una Carta de Emplazamiento en la que la apremiaba a adoptar las medidas necesarias para evitar mayores daños en los espacios Red Natura 2000 del Delta, que incluyen la laguna de La Ricarda que ahora se vería afectada con la nueva ampliación.

Durante la presentación del proyecto este martes, el Govern reconoció que tiene estas cuentas pendientes y se comprometió a solucionarlas. Algunas de ellas se han llevado a cabo recientemente, como la ampliación de la zona de protección de aves (ZEPA) que aprobó el anterior Ejecutivo de Pere Aragonès. El salto ha sido de 1.470 a 2.407, y está pendiente de validación de la Comisión.

Sin embargo, está pendiente el desmantelamiento y renaturalización de uno de los tres aparcamientos de coches comprometidos, que ahora mismo está a la espera de un trámite ambiental. El otro gran escollo es la aprobación de un plan de protección del medio natural y paisajístico del Delta del Llobregat en su conjunto.

A la espera de ver cómo se soluciona la carpeta ambiental pendiente desde hace décadas en los entornos del aeropuerto, la Comisión deberá pronunciarse también sobre la nueva propuesta de Aena, el Gobierno y la Generalitat, puesto que afecta de nuevo a espacios de la Red Natura 2000, como La Ricarda, que están protegidos por la Directiva de Hábitats europea que los blinda ante cualquier afectación. Con todo, la Generalitat recuerda que la normativa europea también permite que se puedan sacar adelante proyectos en estas zonas siempre que se justifique que hay razones de primer orden para ello y que no existen alternativas viables.