El Ministerio cree que el plan de Ayuso para sancionar a universidades es preocupante y puede invadir competencias

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades está preocupado con el régimen sancionador que ha incluido la Comunidad de Madrid en su borrador de ley de educación superior. Fuentes del departamento que dirige Diana Morant han lamentado no conocer oficialmente el borrador de la ley, que se ha publicado en prensa este jueves, aunque han avanzado que “el borrador que se ha conocido (...) contiene elementos preocupantes, que podrían invadir competencias del Estado. ”El Gobierno de España va a proteger a la universidad pública española, velando porque se respete la libertad de expresión y de manifestación en sus campus, así como exigiendo una correcta financiación por parte de las comunidades autónomas. Es llamativo que la Comunidad de Madrid esté más preocupada por cómo sancionar a las Universidades que de cómo financiarlas mejor“, sostienen las fuentes.

Los rectores de las seis universidades públicas madrileñas también han salido al paso de las informaciones publicadas y han negado este miércoles que conocieran el régimen sancionador. Tampoco han tenido noticias oficiales del texto, que les va llegando, lamentan, por la prensa o a través de documentos filtrados que la Comunidad de Madrid no reconoce como propios (aunque luego se van confirmando las medidas escritas en ellos). Los mandatarios responden así de alguna manera a la afirmación que ha realizado el consejero de Educación, Emilio Viciana, cuando ha asegurado esta mañana que “el régimen [sancionador] fue anunciado y ha sido debatido desde 2024 y no hay novedad desde entonces”, pero ni los rectores ni los sindicatos ni la oposición política conocía el texto, pese a que la Comunidad presume de que se está elaborando a partir de un “proceso participativo”.

La carta de los rectores de las universidades públicas, enviada a través de la Cruma (Conferencia de Rectores de las Universidades de Madrid) llega tras publicarse este miércoles que el borrador de la Ley de las Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid propone multas de decenas de miles de euros por acciones como colgar pancartas reivindicativas sin permiso en los campus o montar escraches, como los sufridos por el exdiputado de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, en la facultad de políticas de la Complutense en febrero, o la manifestación de protesta que centenares de estudiantes organizaron el día que Ayuso fue a recoger su distinción como alumna ilustre de la misma universidad.

Los rectores, que eluden valorar la propuesta porque no la conocen oficialmente, explican: “Los rectores de Cruma no hemos recibido durante la negociación con la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades el documento completo de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia en el que, según ha trascendido, aparece recogido ese supuesto régimen sancionador”. Y, en lo que podría interpretarse como una crítica velada al proceso, añaden que esperan “recibir por primera vez el documento completo de la Lesuc [nombre técnico de la futura ley]. Solo tras recibirlo y analizarlo con detalle, nos plantearíamos la necesidad de hacer valoraciones sobre su contenido”.

15.000 euros por una pancarta

El borrador contempla sanciones que penalizarán las protestas o los escraches en los campus, siguiendo la línea expresada en varias ocasiones por la presidenta o su consejero de Educación, Emilio Viciana, de que “la universidad debe ser un espacio de libertad”. Según el texto filtrado –que la Comunidad no confirma sea oficial y además ha dicho que es una “manipulación”, aunque no ha negado las cifras ofrecidas– las infracciones leves, penadas con entre 300 y 15.000 euros de multa, incluyen “colocar pancartas o símbolos sin la debida autorización, o arrancar los que hayan sido debidamente autorizados”.

Las penalizaciones graves contemplan una horquilla sancionadora de entre 15.000,01 y 100.000 euros. En esta categoría entran cuestiones como “permitir la ocupación de cualquier lugar del campus, o que se impida el acceso a los mismos o el uso de las instalaciones universitarias, así como de la docencia, a la que los alumnos y el personal tengan derecho”, un supuesto que podría abrir la puerta multas por las acampadas que se han realizado en universidades públicas en defensa del pueblo palestino, “permitir que las manifestaciones o acciones no autorizadas o comunicadas impidan el libre y pacífico ejercicio de las manifestaciones o actividades que sí han sido debidamente autorizadas o comunicadas dentro del campus” o “permitir el hostigamiento de los miembros de la universidad o las personas que visiten o sean invitadas al campus, por acción u omisión”, una medida orientada a cortar los escraches.

Entre las infracciones muy graves, multadas con entre 100.000,01 euros y un millón, hay elementos que fuentes universitarias califican de “demasiado ambiguos”, como “no cumplir o permitir que se incumpla la Constitución, se vulneren o queden desprotegidos los derechos fundamentales y su pleno ejercicio por parte de las personas que se encuentren legítimamente en el campus universitario, o no garantizar, por acción u omisión, la pluralidad y la libertad en el campus, especialmente la libertad de expresión, y de cátedra” o “no garantizar la seguridad e integridad física en el campus universitario, por acción u omisión”.

“No cubrimos ni los gastos de personal”

Aunque las relaciones entre los rectores y el Gobierno regional parecen haber mejorado recientemente, al menos en público, la situación entre las partes ha sido tensa en los últimos meses. Asfixiados en una falta de financiación que ahora a los campus, los responsables de los centros públicos decidieron hace más de un año cambiar la táctica negociadora, elevar la voz y hacer una llamada de auxilio pública. “No cubrimos ni los gastos de personal” con la financiación que ofrece la Comunidad de Madrid, le dijeron los seis mandatarios a una a la presidenta Ayuso.

Esa batalla dialéctica continuó unos meses después a cuenta de la aprobación de los presupuestos regionales, en los que los rectores le arañaron a Ayuso 45 millones de euros extra “para poder sobrevivir” (pedían unos 250 millones) y por la negativa del Ejecutivo regional a acogerse al plan María Goyri del Ministerio de Universidades, por el que el Gobierno central se compromete a financiar casi mil plazas. Finalmente, los rectores le doblaron la mano a la Comunidad, que tuvo que acogerse al plan y no ser así la única que no lo aceptaba.

El tercer capítulo (público) de la saga fue un desayuno organizado por la Universidad de Alcalá hace unas semanas, en el que los seis mandatarios insistieron en su mensaje: las cuentas no salen y solo abrir las universidades cada día es un éxito. “Madrid es la comunidad que menos aporta por estudiante y en relación al PIB y en la que, por el contrario, más esfuerzo financiero hacen las familias. Las universidades públicas madrileñas hemos tardado alrededor de 15 años en recuperar la financiación que recibíamos en 2008”, resumió la rectora de la UAM, Amaya Mendikoetxea, en aquel acto.