El consejero de Educación de Madrid defiende la entrada de empresas en la financiación universitaria

La Comunidad de Madrid quiere aprobar su ley universitaria en diciembre de este año, según ha anunciado este lunes el consejero de Educación, Ciencia e Innovación, Emilio Viciana. El consejero ha reafirmado que el Ejecutivo regional recurrirá la actualización del real decreto de creación de universidades, por el que el Gobierno quiere endurecer los requisitos para abrir nuevos centros, ha defendido que “en Madrid no hay universidades de escasa calidad” y ha confirmado (no explícitamente) que pretende fijar por ley que la Comunidad no aporte más del 70% de los presupuestos de los campus. “No hay que tener miedo” a la entrada de actores como empresas en la universidad, ha defendido.
Viciana ha repasado el estado educativo de la región y los próximos movimientos de la consejería durante un discurso en el que ha otorgado prácticamente toda la capacidad de decisión a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y ha tildado de “pioneras” varias de las políticas aplicadas por la presidenta, incluidas la bajada de ratios (que ya aplicaron otras comunidades antes), el programa de bilingüe (que empezó Esperanza Aguirre y de hecho está en retroceso) o la “libre elección de centros”, medida de la que también presumía Aguirre.
El consejero también ha presumido de haber corregido algunas cuestiones de la Lomloe: “Se recuperó la cronología en la historia y el estudio de siglos de la historia que se querían eliminar”, ha defendido. “Cambiamos las matemáticas con perspectiva de género por la reconquista, la tabla de multiplicar y la periódica”. También ha anunciado que no habrá rebaja a 23 horas lectivas para los maestros y maestras de Primaria, que sí tienen otras comunidades, y ha defendido la implantación de la jornada partida por defecto que acaba de aprobar el Ejecutivo regional para cuidar “la conciliación, la salud y el rendimiento de los alumnos”.
Viciana ha hablado de educación, pero no solo: ha mencionado la “ingeniería social” que practica el Gobierno en cuestiones como las prácticas universitarias o de FP (no lo ha elaborado), ha explicado que Ayuso “apuesta por la vida de las personas desde su concepción” y ha mencionado la “libertad de empresa” o la “terrible amenaza de las drogas”.
“No hay universidades de escasa calidad”
Tenía muchas cuestiones sobre la mesa Viciana este lunes. La de más actualidad quizá sea la universitaria, en un momento en el que el Gobierno regional negocia con los rectores de las seis universidades públicas la nueva ley de educación superior de la región. El consejero ha defendido que Madrid es la “gran capital de los estudios superiores en español” y ha defendido que el Gobierno hará todo lo que está en su mano para que así siga siendo. Viciana ha cargado duramente contra la actualización del Real Decreto (RD) que tramita el Gobierno y ha confirmado que Madrid recurrirá en cuanto se apruebe lo que ha calificado de “ataque a la universidad privada, a la constitución, a la distribución de competencias y al estado de derecho y el principio de legalidad al aplicar una norma de manera restrictiva”, en alusión a la intención del ministerio de aplicar el RD a proyectos que están en tramitándose ya. “En la Comunidad de Madrid no hay universidades de escasa calidad”, ha defendido a la vez que acusaba al Gobierno de “echarse al monte” con este tema.
Viciana también ha confirmado que el Ejecutivo regional pretende limitar al 70% su aportación a la financiación universitaria, forzando a los rectorados a buscar el 30% restante donde puedan, y ha defendido que de hecho esa cifra ya es una realidad. “Nunca ha existido un modelo de financiación en las universidades públicas en la Comunidad de Madrid. Hace falta un sistema, un modelo”, ha empezado, para añadir que “la gran novedad” que aportará esta norma es la financiación por objetivos, una cuestión en la que Madrid es la excepción, pero por el otro lado: es de las pocas regiones que no tiene.
“El mundo de la empresa enriquece”
Preguntado si abrir el 30% de la financiación a las empresas no corre el riesgo de que estas aumenten su influencia en los campus, ha explicado que él “no hablaría de influencia. Los presupuestos de las universidades públicas ya cuentan con una parte de financiación importante, en torno a un 30%, que no viene de la Comunidad de Madrid. Hablamos de Ayuntamientos, organismos internacionales o proyectos de investigación europeas. Al mismo tiempo, tienen fuentes privadas de financiación”, ha desglosado. “Nosotros queremos fomentar que esas fuentes de financiación adicionales se puedan seguir utilizando de forma creativa por parte de las universidades y pensamos que una colabación con el mundo de la empresa enriquece. No debemos tener miedo y mantener una mentalidad abierta”, ha argumentado.
El consejero ha descrito lo que pasa (es cierto que universidades como la Complutense o la Autónoma se mueven en esos parámetros de financiación de la Comunidad), pero lo que no ha dicho es las consecuencias que tiene: con los presupuestos actuales, la transferencia del Gobierno regional no llega a cubrir ni las nóminas del personal, como le han dicho los seis rectores en reiteradas ocasiones, la última la semana pasada.
También ha hablado Viciana del régimen sancionador que contempla su proyecto de ley, una cuestión que preocupa a estudiantado y profesorado vista la postura que ha adoptado la Comunidad de Madrid ante ciertas protestas. Viciana ha defendido que “es necesario” un régimen sancionador y que “es importante garantizar el ejercicio de los derechos constitucionales, la libertad de expresión, de cátedra y de asociación”, y que protestar está muy bien pero “no se puede permitir que este tipo de actuaciones impida el desarrollo de la vida universitaria, que se cierren espacios, que no se pueda acceder a las aulas”, y ha recordado que son los rectorados los encargados de hacer cumplir el orden. Preguntado específicamente por las acampadas, ha rechazado “bajar a ese nivel de detalle”, pero ha acabado concediendo que “no tiene por qué suponer una vulneración de la libertad”
La jornada partida es “salud y conciliación”
Durante su charla, Viciana también ha repasado la actualidad en las etapas obligatorias y las medidas que ha adoptado el Gobierno en los últimos meses. En este apartado sobresalen tres elementos: la implantación por defecto de la jornada partida para nuevos centros, las horas lectivas que imparte el profesorado y la inclusión de 1º y 2º de la ESO en colegios.
Respecto a lo primero, el consejero ha explicado que se impone la jornada partida para “la conciliación, la salud y el rendimiento de los alumnos” y también para dar más peso a las familias, “que hasta el momento no han tenido representación”. En el mismo sitio ha colocado los argumentos para incluir 1º y 2º de la ESO en los colegios de nueva creación y otros 52 ya existentes. “Pocas medidas ponen por delante el interés superior del menor y las ayudas a las familias como esta. Para la conciliación también, por supuesto. Los padres pueden estar tranquilos”, ha defendido.
Por último, Viciana se ha referido a las horas lectivas (de clase) que imparte el profesorado en la Comunidad de Madrid, uno de los principales caballos de batalla en estos momentos y que le ha costado al Gobierno regional (junto a otras cuestiones) una huelga general hace un mes y una manifestación la semana pasada. El consejero ha menospreciado el paro bajo el argumento de que “se hizo por motivos ideológicos y no educativos”, porque juntaba todo (fue el primer paro general desde 2012, cada etapa por su motivo) y ha defendido el acuerdo que alcanzó con los cuatro sindicatos mayoritarios, por el que se baja una hora lectiva semanal al profesorado de Secundaria (con excepciones), pero nada al de Primaria.
“En el caso de las 18 horas [para Secundaria] era una antigua reivindicación porque hasta 2012 esa regulación ya existía y se ha recuperado. Las 23 horas nunca existieron en Primaria. Vamos a seguir trabajando para mejorar las condiciones de los docentes, pero siempre dentro de un orden”. A la pregunta directa de si se lo planteaban a medio plazo, como tienen otras comunidades, el consejero ha negado con la cabeza.
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