Piden 11 años de cárcel para un educador de un centro de menores de Gipuzkoa por violencia sexual continuada

La sección primera de la sala penal de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa celebrará el 24 de junio un juicio contra un educador de un centro de menores de gestión externalizada de la Diputación foral. La Fiscalía pide para él 11 años de cárcel por un “delito continuado de abuso sexual” a una de las adolescentes tuteladas. El ministerio público reclama también diez años de alejamiento mínimo de 200 metros y prohibición de cualquier tipo de comunicación, 20.000 euros de indemnización en concepto de “daños morales” y, entre otras medidas, el veto para que vuelva a trabajar con menores durante los cinco años siguientes a su puesta en libertad, si es que resulta condenado.

A la luz de la investigación realizada, se estima que la violencia sexual se prolongó al menos entre el 3 de octubre de 2019, cuando la joven apenas tenía 13 años, y el 22 de febrero de 2022, sin llegar a cumplir los 16. Arrancó inicialmente pidiéndole fotografías íntimas y “tocamientos” pero luego pasó a prácticas sexuales explícitas, incluida la penetración. El acusado forzó a la joven a que se prostituyera e incluso a que realizara prácticas sexuales en una estancia con más menores.

El Código Penal prevé expresamente que ninguna relación entre un mayor de edad y un menor de 16 años pueda ser considerada como consentida. Los hechos tienen la tipificación de “abusos” y no de “agresión” porque son previos a la reforma legislativa estatal.

La menor, ahora ya mayor de 18 años, estaba tutelada por la Diputación desde los seis años. Tras pasar por un centro, fue derivada a otro de Gipuzkoa en 2019, poco antes de cumplir los 13 años. Allí se encontró con su presunto agresor, que solía trabajar en el turno de noche. La Fiscalía aprecia que el varón se valió de su “condición de superioridad” en todo momento. Según el escrito de calificación del ministerio público, “el acusado, aprovechando la buena relación que mantenía con ella, comenzó a pedirle que se sacara fotos de su zona íntima”. A cambio, la chantajeaba con más tiempo de uso del teléfono móvil, más comida e incluso dinero. El varón guardaba en su casa una caja con el efectivo para esos fines.

Después, hay constancia de que “en varias ocasiones” le realizó “tocamientos” en las “zonas íntimas” de la menor, incluidos los genitales. “El acusado, quien trabajaba normalmente en el turno de noche, aprovechaba los momentos en los que las compañeras de habitación se encontraban dormidas para acceder a la habitación, llegando en una ocasión a solicitarle cuando [la víctima] tenía 13 o 14 años que le hiciera una felación”, describe la Fiscalía. Más adelante, cuando tenía 15 años, se describe otro acto sexual con penetración. Se tiene constancia, igualmente, de que el educador “ayudó” a la adolescente a “escapar” del centro de menores y terminó pernoctando en su casa al menos dos veces.

Además de la elevada pena de cárcel, la Fiscalía demanda al varón una indemnización de 20.000 euros, pero hace a la entidad privada que gestionaba el centro, una asociación, responsable civil subsidiaria. Se remarca que tenía asignada por parte de la Diputación el “servicio público de acogimiento residencial para personas menores de edad en situación de desprotección”.

El juicio contra el educador tendrá lugar la semana que viene en Donostia. Será la sección primera de la sala penal de la Audiencia Provincial la encargada de enjuiciar los hechos, dada la gravedad de la pena solicitada. El fiscal del caso, Juan Carlos Gálvez, solicita la comparecencia de varios testigos, entre ellos más exmenores tutelados, así como dos médicos forenses que elaboraron un informe pericial.