La UCO sospecha que un exportavoz socialista en València cobró al menos 300.000 euros de la trama del 'caso Azud'
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha que, Rafael Rubio, exportavoz socialista en el Ayuntamiento de València, cobró supuestas comisiones en efectivo “de naturaleza ilícita” vinculadas a operaciones urbanísticas de la trama del 'caso Azud', por un importe que oscilaría entre 300.000 euros y de 750.000 euros. Rubio también fue diputado autonómico y subdelegado del Gobierno en València entre 2020 y 2021.
Un informe de la UCO, incorporado a la causa que investiga el Juzgado de Instrucción número 13 de València, repasa operativas del excargo del PSPV-PSOE y de su entorno familiar más cercano que serían “indicativas” de la percepción de las supuestas comisiones ilícitas.
De esas supuestas operativas “se deducía el manejo por su parte de dinero en efectivo de origen desconocido y, también, su integración en el circuito financiero a través de operativas que pretendían encubrir su origen”.
El informe también alude al alquiler por parte de Rubio, investigado en el procedimiento, y de su mujer de una caja de seguridad en una sucursal del BBVA situada en la plaza del Ayuntamiento de València. “De forma simultánea”, agrega la UCO, se produjo un “cambio en la dinámica” de movimientos en las cuentas bancarias del núcleo familiar de Rubio.
Los investigadores de la Guardia Civil han detectado que, a partir del segundo semestre de 2007, se llevaron a cabo en las cuentas bancarias del entorno familiar de Rubio un “gran número de imposiciones en efectivo”.
La suma de los fondos abonados en efectivo suman, entre 2007 y 2010, un total de 197.256 euros. Los ingresos, según destaca la UCO, eran cuantías por debajo del umbral de 3.000 euros, a veces el mismo día o en jornadas consecutivas.
La esposa de Rafael Rubio justificó los ingresos bajo la lupa de los investigadores del instituto armado por una herencia.
Visitas a la caja de seguridad en 24 ocasiones
La caja de seguridad, titularidad de Rafael Rubio y de su mujer, María Amelia Pilar Q. T., fue visitada un total de 24 ocasiones. La UCO observa “cierta correspondencia” entre las visitas a la caja de seguridad y los importes de los abonos en las cuentas analizadas.
El informe también repasa los regalos de la sociedad del empresario Jaime Febrer, considerado el presunto corruptor de la trama, a personas vinculadas a Rubio, del entorno socialista en el Ayuntamiento de València.
La UCO también reseña las reuniones entre Febrer y Rubio y afirma que los asuntos que supuestamente trataban estarían vinculados con la actividad empresarial del primero y con proyectos urbanísticos del consistorio.
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