Los vecinos de Málaga que rechazan una gasolinera a 10 metros de casa: “Vamos a defender nuestro hogar y nuestra salud”

Desde la terraza de Dolores Núñez casi se toca con la punta de los dedos el solar al otro lado de la calle: si nada lo remedia, sobre ese terreno ahora baldío llenarán sus depósitos cientos de vehículos al día. “Podremos echar gasolina desde casa”, bromea la mujer, quien rápidamente aclara que la cosa no es de risa: hace pocos meses sufrió un ictus que ella atribuye al estrés por que Petroprix quiera instalar aquí una gasolinera de combustible barato las 24 horas del día, en régimen de autoabastecimiento.

A pesar de que el Ayuntamiento llegó a dar la licencia a la instalación, desde hace cuatro años los vecinos se resisten: razonan que hay viviendas a un paso, media docena de centros escolares con miles de menores y una residencia de mayores que verían comprometida su salud y, en definitiva, que este no es el sitio: una parcela minúscula encajada en una angosta calle en cuesta donde ya se ubican dos carpinterías de aluminio, que añaden peligrosidad a un cóctel explosivo.

“Quieren descargar 80.000 litros de combustible diario en un sitio donde cualquiera puede pasar con un cigarrillo”, advierte Inmaculada de la Torre, presidenta de la Asociación de Vecinos Gálica-La Pelusa.

El año pasado ganaron una batalla: la Junta de Andalucía les dio la razón con un informe que alerta sobre el impacto sobre la salud de los vecinos. Sin embargo, la empresa volvió a la carga: presentó una nueva solicitud en la que asegura que la gasolinera es, en realidad, inocua. “Es la historia interminable. Los vecinos llevan cuatro años y medio defendiendo su barrio, poder vivir con dignidad, y el derecho a la salud y a la seguridad”, protesta Toni Morillas, portavoz de Con Málaga, que llevó el asunto en el último Pleno.

Este medio se ha puesto en contacto con Petroprix para que recabar su versión, pero a cierre de la presente edición no había obtenido respuesta alguna.

Tres centros escolares y una residencia a menos de 150 metros

Petroprix, una empresa de gasolineras de bajo coste con origen en Jaén, tiene 170 estaciones de servicio en España con las que prevé facturar 1.000 millones de euros en 2025. Su objetivo es llegar a las 300 estaciones operativas y 1.400 millones en tres años.

A la espera de recibir un nuevo informe autonómico, el Ayuntamiento sigue sin cerrar definitivamente las puertas a los surtidores, pero sí ha advertido de que en caso de que vuelva a ser negativo ofrecerá a la promotora una permuta: entregar al municipio este solar de unos 600 metros cuadrados a cambio de recibir otro en una ubicación donde el repostaje de gasolina no perturbe la paz vecinal.

La instalación de servicios de repostaje depende de la normativa urbanística de cada municipio. A diferencia de lo que ocurre en otras ciudades, el PGOU de Málaga no tiene una zonificación para la implantación de gasolineras, sino que remite a la tramitación de un plan especial para cada solicitud, según su “conveniencia” u “oportunidad”, a criterio del Ayuntamiento. Esto ha provocado varios conflictos vecinales en las últimas décadas. Esta misma semana, un juzgado de lo contencioso ha validado la laxitud municipal con la ubicación de las gasolineras, validando la aprobación del plan especial para la prevista en La Pelusa.

Ahora, la ubicación elegida afecta potencialmente a unos 17.000 vecinos en un kilómetro a la redonda, en torno a 750 de ellos a menos de 100 metros. A entre 117 y 135 metros de los dos surtidores previstos está el CEIP Antonio Gutiérrez Mata, el IES Mediterráneo, la Escuela Infantil San José (unos mil niños y niñas en total) y la Residencia Málaga Mayor. Y hay otros tres centros educativos a menos de 500 metros, además de un Centro de Salud, dos complejos deportivos o una biblioteca.

3.800 firmas en un barrio de 4.000 vecinos

La Pelusa es un lugar singular de Málaga: ubicado en el distrito Este de la ciudad, el arroyo que lo atraviesa condiciona toda su trama urbana, encajando casas y comercios entre calles estrechas y empinadas. Muchas edificaciones fueron originalmente vivienda y taller en planta baja. De ahí que el PGOU lo catalogara como “colonia tradicional popular”, lo que obliga al Ayuntamiento a mantener la tipología.

Sin embargo, la calle Potosí -donde iría la gasolinera-, que rondará el 15% de desnivel y los cinco metros de anchura, está hoy dominada por varias naves y almacenes que conviven con viviendas apenas a una decena de metros, y un supermercado Mercadona al que acuden miles de personas y decenas de camiones cada día.

Esta falta de previsión urbana provoca atascos frecuentes y escenas delirantes: hace menos de un año un tráiler se quedó encajado en el recodo del final de la calle. El conductor no sabía qué hacer: la longitud del remolque le impedía virar y tampoco podía dar marcha atrás. El fenomenal embudo se prolongó durante horas, llegó hasta la autovía y tuvo que intervenir la Guardia Civil. “Yo lo vi llorar desesperado. Dijo que nunca volvería aquí, porque esto no es un polígono. ¿Cómo quieren meter ahora cientos de camiones?”, se pregunta Inmaculada de la Torre.

Su malestar es mayoritario. En 40 días, la asociación recogió 3.800 firmas en contra de la gasolinera, en un barrio que cuenta con unos 4.000 vecinos censados. La batalla contra la gasolinera ha despertado reivindicaciones adormecidas en un lugar que reclama atención: desde 2010 hay un plan integral de rehabilitación del que no se ha ejecutado ni una medida.

Los vecinos acusan al equipo de gobierno municipal de haberse alineado con la promotora. Han denunciado al Ayuntamiento ante la Agencia de Protección de Datos por facilitar información a Petroprix. Tampoco entienden cómo pudo lograr la licencia sin recabar previamente un informe de la Junta de Andalucía que acreditara que la instalación no era nociva o peligrosa, y protestan por qué nadie les ha consultado: el informe de la promotora señala que el requisito de la participación ciudadana quedó cumplido cuando se colocó el cartel anunciador.

Una posible permuta si vuelve a rechazarse el plan

En agosto, los vecinos ganaron la primera batalla: la Consejería de Salud emitió su dictamen: “no viable”, porque el proyecto puede tener un “impacto negativo significativo en la salud” de la población. El Delegado subraya que frente a la posible gasolinera ya hay dos perfilerías de aluminio que emiten sustancias contaminantes que, mezcladas con los “vapores de la gasolina” podrían generar una “atmósfera explosiva”.

Pero Petroprix volvió a la carga: en enero presentó un nuevo informe que sostiene que su gasolinera es inocua. Y los vecinos volvieron a contestar con otro dictamen pericial en el que se alerta de que el proyecto adolece de una llamativa falta de información concreta, recurre a eufemismos para minimizar su impacto y aporta datos sesgados o manipulados, o los omite. Por ejemplo: no se recoge la población vulnerable afectada. Otro ejemplo: para medir la distancia máxima entre casas y gasolinera se ha tomado la referencia de los extremos más alejados de cada una, en lugar de la mínima.

“La afectación de la población derivada de las emisiones a la atmósfera es una REALIDAD avalada por la comunidad científica y, hasta el momento, no hay dispositivo de contención que evite la segunda (emisiones a la atmósfera) y, por ende, la primera (afectación a las personas)”, escribe el perito Óscar García.

Mientras esperan la nueva resolución de la Junta, los vecinos alimentan la esperanza ese espacio se dedique a un centro comunitario del que carecen. Hasta ahora, deben pedir permiso para reunirse en centros escolares. En el Pleno de mayo el equipo de gobierno del PP tumbó la moción de Con Málaga para dar carpetazo definitivo a la gasolinera. También PSOE y Vox han llevado iniciativas en la misma dirección. Sin embargo, algo está cambiando en el equipo de gobierno y la concejala Carmen Casero avanzó que el lugar se destinaría a uso ciudadano si la Junta vuelve a emitir un informe desfavorable a la gasolinera.

“Es una piedra inamovible que empieza a moverse”. Los vecinos están un paso más cerca de ganar la guerra, pero la presidenta De la Torre no se confía: “Quieren echarnos del barrio, pero nosotros vamos a defender nuestro hogar y nuestra salud”.