La Justicia anula el cese de una jefa médica del Clínico de Granada crítica con la dirección: “Sufrí un trato vejatorio”

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado el cese anticipado de Ángela Palacios, médica anestesióloga con plaza en propiedad, como jefa del Servicio de Anestesiología y Reanimación del Hospital Clínico San Cecilio de Granada. La sentencia, ya firme, desmonta la supuesta evaluación técnica que sirvió para apartarla del cargo en diciembre de 2021 y señala graves irregularidades en el procedimiento, entre ellas la ausencia de criterios objetivos y la “influencia” del director gerente, Manuel Reyes, en la votación. El hospital se limita a decir que “acatará” la decisión judicial.

Lo ocurrido en este tiempo ha dejado huella en la doctora. “Fue una persecución personal continua. Sufrí un trato vejatorio y abusivo”, resume Palacios en declaraciones a elDiario.es Andalucía. La médica sostiene que su cese fue una represalia por haberse opuesto a decisiones de la dirección y por respaldar a su equipo en un conflicto con el jefe de Cirugía, íntimo del gerente, y ahora el TSJA le da la razón, según ha avanzado El Libre.

Según cuenta, los enfrentamientos comenzaron cuando denunció, junto a sus compañeras, injerencias en la distribución posoperatoria de pacientes, competencia exclusiva del servicio de Anestesia. “A partir de ahí empezó todo. El gerente montó en cólera y ordenó interrogar uno a uno a los miembros del servicio, empezando por los más precarios. Se sintieron tan presionadas que pidieron protección sindical”.

Se da la circunstancia de que Palacios fue nombrada jefa en 2018, antes de que Manuel Reyes, que es psiquiatra de profesión, accediese a la gerencia tras la llegada del nuevo equipo directivo del Servicio Andaluz de Salud (SAS), merced al cambio de Gobierno regional que se produjo ese mismo año entre el PSOE de Susana Díaz y el bipartito de PP y Ciudadanos liderado por Juan Manuel Moreno. Palacios accedió a su cargo tras superar un proceso con concurso de méritos, presentación de proyecto de gestión y evaluación ante tribunal. “No me nombraron a dedo. Fui la única que se presentó, a petición de mis compañeros, que no querían a nadie de fuera. Tenía experiencia en gestión previa y un perfil técnico sólido”, explica.

Jefa durante lo peor de la pandemia

Durante los años que estuvo al frente del servicio tuvo que lidiar con los meses más duros de la pandemia. Bajo su dirección, el equipo reconvirtió áreas quirúrgicas en unidades de cuidados intensivos para pacientes COVID, creó protocolos pioneros en Andalucía para la actividad quirúrgica en un momento extenuante para los sanitarios y asumió guardias en la UCI para sostener la asistencia. “Fue una labor titánica, sin medios, comprando EPIs de fumigación por nuestra cuenta. No se suspendieron las cirugías urgentes ni oncológicas. Diseñé un sistema de trabajo en clústeres para evitar contagios entre profesionales. Salvamos vidas”.

Sus evaluaciones anuales como jefa de servicio, tanto personales como de su unidad, estuvieron por encima de la media del hospital y del propio SAS: “Tenía un 10 de nota individual y los objetivos cumplidos por encima del 90%”. Además, aún le quedaban meses para que su nombramiento caducase, ya que tenía una vigencia de cuatro años desde que accedió al puesto de jefa de servicio en 2018.

Pero la excusa para su cese llegó con la aplicación del Decreto 132/2021 de la Junta de Andalucía, que abría la puerta a reevaluar a quienes habían sido nombrados antes de la entrada en vigor de la nueva norma. Palacios fue la primera en ser evaluada y, según dice, la única médica de toda Andalucía cesada en base a esa disposición transitoria. “Fue una maniobra para quitarse de en medio a quienes no eran de su cuerda. Ni siquiera se desarrolló aún el reglamento cuando me convocaron”.

El tribunal que la evaluó fue elegido por el gerente, incluyendo como vocal al jefe de Cirugía con quien mantenía un conflicto abierto. También se sentaron en la comisión la directora médica -nombrada jefa de Traumatología poco después- y una jefa de sección de rango inferior designada expresamente por la gerencia. “Me pidieron un proyecto de gestión para los próximos cuatro años, que nadie se leyó. La exposición la retransmitieron en streaming a todo el hospital sin mi consentimiento. Me atacaron por las imágenes del PowerPoint, por una cita musical, por usar un fotograma de la película Novecento. Fue una humillación”.

Un proceso irregular

La sentencia, que falló en primera instancia por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 3 de Granada y ha sido ratificada por el TSJA tras un recurso del SAS que ha inadmitido, recoge que “los miembros de la comisión pudieron verse seriamente influidos en su votación por esa intervención previa del presidente, pues carecían de criterios o parámetros de evaluación fijados previamente por ellos mismos”. Es decir, que la evaluación sufrió injerencias directas del gerente, Manuel Reyes. El juez tampoco sabe qué criterios de evaluación utilizó el tribunal evaluador para decidir sobre Palacios y señala que no se explican con detalle los motivos para considerar que la doctora no superaba la evaluación.

Sin embargo, y pese a todas las dudas, tres miembros votaron “no apta”, dos se abstuvieron y uno votó en contra. “Según el acta aportada por el propio hospital, el gerente dio instrucciones verbales para votar en contra. Hubo una consigna directa”, denuncia Palacios. Por ello, el tribunal anula ahora su cese, alegando que el proceso no tuvo garantías ni motivación.

También deja sin efecto el nombramiento de su sustituto y, según recuerda la propia Palacios, el SAS tiene la obligación de ejecutar el fallo y restituirla en el cargo. Mientras, desde el hospital se limitan a respetar el procedimiento judicial y a argumentar que “acatarán” literalmente lo que ha dictado el juzgado, negando cualquier “interpretación interesada”, ante las preguntas realizadas por este medio al respecto del presunto mobbing laboral del que fue víctima Palacios.

La doctora, que actualmente está destinada en Melilla en comisión de servicio, no oculta que el proceso la marcó. “Perdí peso, estuve meses sin dormir. Fue tan traumático que pedí traslado y luego comisión fuera. No quería volver a cruzarme con quienes permitieron ese atropello”. Aun así, no renuncia a volver. “El juez me ha dado la razón. Si el SAS no cumple, pediré la ejecución. Que respondan ante la ley, como yo he hecho todo este tiempo”.

Para ella, lo ocurrido no es sólo un asunto personal: “Creo en la ética del poder. Nadie puede actuar así desde una institución pública. Lo que hicieron conmigo no debería poder hacerse con nadie. Y sin embargo se hace”. Ahora, espera volver al hospital del que fue expulsada en cuanto los plazos judiciales para ello se cumplan. Su reingreso podría producirse este mismo verano.