El juzgado de Cartagena investiga la actuación del Gobierno de Murcia en el sellado del depósito minero de El Lirio

La titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Cartagena, Consuelo Andreo, ha ordenado la apertura de una investigación sobre la actuación de la Dirección General de Medio Ambiente y la mercantil pública Tragsa en el sellado del depósito minero de El Lirio, sobre el que este diario informó el pasado 11 de febrero que se había restaurado con una tierra contaminada por metales pesados y repleta de residuos industriales.
La jueza ha iniciado las diligencias de investigación después que la Fiscalía se haya pronunciado al respecto, tal y como le requirió hace un mes, el 10 de marzo, a raíz de una denuncia interpuesta por Ecologistas en Acción por presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente -también el Mar Menor, al encontrarse El Lirio en su cuenca vertiente- en los trabajos de restauración de la instalación minera, que fueron acometidos por Tragsa y cuya promotora y supervisora fue la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Los hechos se remontan al año 2024, cuando se culminó el sellado de la cubierta de El Lirio con una supuesta tierra vegetal de primera calidad, según los pliegos de los contratos, que, tras los resultados obtenidos en un análisis de fluorescencia de rayos X y termogravimetría, resultó contener, entre otros tóxicos, 400 miligramos por kilogramo (mg/kg) de plomo, 46,4 de arsénico, 743 de zinc, 76 de cobre y 2.720 de manganeso, superando todos ellos los Niveles Genéricos de Referencia (NGR) del sureste de la Región murciana para la declaración de suelos contaminados. La obra costó un total de 6,2 millones de euros de dinero público, de los cuales cuatro pertenecen a una subvención otorgada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).
Esa tierra va a ser, precisamente, el objeto principal de la investigación. La jueza interpela, en un auto al que ha tenido acceso este periódico, al Seprona de la Guardia Civil “a fin de que lleven a cabo la toma de muestras en distintas zonas del depósito minero El Lirio”. A continuación, la división ambiental del Instituto Armado deberá remitirlas, según la orden de la magistrada, a los laboratorios de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) “para la determinación de presencia de metales pesados, sus niveles y grado de afección al medio ambiente y la salud de las personas”.
Asimismo, la titular del Juzgado de Instrucción 1 de Cartagena oficia a la Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, “a fin de que informen y remitan los expedientes seguidos con relación a los trabajos de sellado del depósito”. En concreto, prosigue la jueza, “autorizaciones ambientales, evaluación ambiental y control de los trabajos llevados a cabo por la mercantil Tragsa, indicando si las obras están o no recepcionadas y la trazabilidad de los materiales de relleno”.
Por último, la magistrada Consuelo Andreo hace referencia a la propia empresa pública para que ésta “remita todas aquellas actuaciones y controles que se hubieran realizado sobre el material de relleno del depósito, procedencia, análisis y proceso de ejecución de los trabajos”.
Fuentes jurídicas consultadas por esta redacción consideran que en dicha práctica de diligencias, por el momento, “no se ha dirigido la acusación contra nadie”. “La jueza pretende ver lo que pasa”, añaden. “Se tomarán muestras, se revisará la documentación y, en función de lo que se averigüe, si se confirman los indicios, se declararán investigados y habrá que tomar declaración”.
La magistrada da traslado de la situación, además, a “las entidades y personas denunciadas a fin de que tengan conocimiento de la denuncia presentada en su contra y puedan efectuar las alegaciones que le convinieran a su derecho”. Ecologistas en Acción solicita en su demanda que sean declarados como investigados, por su grado de responsabilidad en los trabajos, el director general de Medio Ambiente de la Región, Juan Antonio Mata Tamboleo, y el técnico de Minas León García García, director técnico de las obras.
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