El Constitucional admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad contra la ley balear de simplificación

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso presentado en marzo por PSOE, Sumar Més y Podemos, y un amplio frente de la sociedad civil, contra la ley de simplificación administrativa y las legalizaciones en rústico derivadas de la norma, según ha informado el GOB en una nota de prensa.

Cuando se aprobó esta ley en el Parlament, diversos actores sociales la consideraron “una vulneración de principios básicos de derecho y una regresión en materia de protección territorial y ambiental sin precedentes”. Por este motivo, continúa la nota, el GOB instó a los partidos de la oposición a activar la vía del recurso por medio de sus diputados en el Congreso.

Así, más de 50 diputados de PSOE, Sumar Més y Podemos y un amplio frente de la sociedad civil se juntaron para presentar un recurso de inconstitucionalidad, basado fundamentalmente en sentencias previas del TC sobre cuestiones similares a las que la ley balear plantea.

Según ha explicado el GOB Mallorca, el proceso de legalización general de edificaciones y usos irregulares en suelo rústico ocupa un lugar principal en la fundamentación del recurso, al entender que “vulnera el principio de igualdad entre la ciudadanía”.

La entidad ecologista ha recordado que la citada ley plantea “una amnistía generalizada a las infracciones urbanísticas en suelo rústico”. “Bajo el discurso de querer regularizar pequeñas edificaciones en rústico, la realidad es que hay grandes chalés construidos de manera ilegal que podrían ver incrementado espectacularmente su valor inmobiliario”, han denunciado, considerando que la norma es “un premio a los infractores”.

Por otro lado, desde el GOB Mallorca han apuntado que “la figura del silencio positivo para favorecer todavía más esta legalización, se considera una regresión ambiental de primer orden”.

En este contexto, a la ya “importante incertidumbre” que las modificaciones baleares han generado en los cuerpos técnicos y jurídicos que trabajan en materia territorial, ahora se añade que se acepte a trámite un recurso de presunta inconstitucionalidad, han advertido desde la entidad ecologista, que ha acusado al Govern de Marga Prohens de haber “querido esconder estas disposiciones bajo la convocatoria de un Pacto para la Sostenibilidad”.

De este modo, ha criticado que “mientras la gente, de buena voluntad, se reunía y aportaba propuestas de mejora a la actual situación de saturación, el Govern, siempre por la vía del decreto ley que no permite ningún tipo de participación, ha ido cambiando las reglas del juego para favorecer minorías privilegiadas”.

“Hoy, el Pacto por la Sostenibilidad es solo una operación publicitaria que se impulsa periódicamente”, ha lamentado el GOB Mallorca, mientras ha celebrado que la ley balear de simplificación “tendrá que pasar la criba del Tribunal Constitucional”.

Con todo, desde las entidades que han impulsado este recurso, entre las que figuran, junto con los GOB de Mallorca, Menorca e Ibiza, la asociación Amics de la Terra, Pla de Mallorca XXI, Fundació Iniciatives del Mediterrani, Obra Cultural Balear, Federació d'Associació de Veïns i Veïnes de Palma, Col·lectiu Alternatives, CCOO y Stei-Intersindical, se espera que su resolución “permita frenar la política de desregulación territorial a golpes de decretos leyes que se está convertido en el modus operandi de este Govern”.

El vicepresidente del Govern, Antoni Costa, ha trasladado la “total tranquilidad” y “no preocupación” del Ejecutivo. En declaraciones a los medios este martes, el también conseller de Economía, Hacienda e Innovación ha considerado que la admisión a trámite del recurso es “un trámite normal” que “forma parte de la tramitación ordinaria del TC”. Igualmente, ha destacado que la Abogacía de la Comunidad Autónoma mostró algunas dudas sobre la disposición adicional séptima --relativa a las regularizaciones en rústico-- y que ya se solucionaron los problemas y la Abogacía avaló la norma.