Un 'chalé-patera' con habitaciones de seis metros cuadrados para trabajadores: el negocio que hace años funciona en Ibiza

El móvil de Gregorio (nombre ficticio) barre en pocos segundos la superficie del cuarto. No necesita más tiempo para mostrarlo todo. Es pequeño, acumula pocas cosas. El objetivo de la cámara capta una cama, una mesita de noche, un ventilador, un frigorífico. Un armario, sin puertas, donde amontonar la ropa. Otros dos armarios, con puertas, para usarlos como alacena. Uno tiene cerradura. El otro, no. No toquéis mis cosas se lee en el marco de una de sus baldas.

“Claro, esta habitación estaba compartida. Ahora es mía, vivo solo en este dos por tres”, comenta –irónico– cuando se le pregunta por el tamaño de su hogar. “750 pavos”, responde –flemático– cuando se le pregunta cuánto paga el último día de cada mes. Su dinero, y el de otra treintena de personas, acaba en el bolsillo de Agustín Sales Sapiña, un casero que lleva veinte años caminando por el filo de la ley en Sant Antoni de Portmany, Eivissa.

“El chalé-patera es vox pópuli en la isla. El taxi que nos llevó hasta allí cuando hicimos la mudanza sabía a dónde iba”, dice Ana Rocío, una afirmación compartida por su compañera Eva. Durante dos meses, ellas convivieron (e hicieron buenas migas) con Gregorio. Su mensualidad, al compartir cuarto, era más baja. 395 euros por cabeza a cambio de dormir en un cubículo separado por pladur de otros cubículos. A través del yeso se filtraban ruidos y olores. La intimidad era escasa en un lugar que, paradoja, fue para ellas una tabla de salvación.

Estas dos chicas –madrileñas y camareras– llegaron a Eivissa en primavera con un contrato de trabajo, pero descubrieron que no tenían vivienda. Su primera experiencia en la isla arrancaba fatal. Habían mordido el anzuelo de una oferta fantasma; las habían estafado. Entonces, apareció una habitación que llevaban tiempo “viendo en Idealista”. Escribieron, escucharon que sólo la alquilaban a mayores de treinta, pero al recibir la vida laboral de ambas, el casero les abrió su propiedad. La misma cancela, las mismas puertas, pintadas de azul que tantas veces han salido en las páginas de la prensa local. Los periodistas ibicencos también conocen de memoria el camino que conduce hasta el número 2 del Carrer de ses Margalides.

Problemas legales desde hace ocho años

El pastel se destapó en 2017. “Este asunto se ha politizado y tiene que haber un cabeza de turco. Y seré yo. No sé hasta qué punto, pero estoy seguro de que seré el cabeza de turco”, dijo Sales Sapiña a Diario de Ibiza cuando los medios locales se plantaron por primera vez delante de su propiedad cámaras y grabadoras. Se habían emitido imágenes del interior de su vivienda –que también es el domicilio que él habita– en varios programas de televisión nacional.

Más allá del sensacionalismo, el chalé-patera escondía una realidad muy compleja como para explicarla en el fragor de una tertulia de plató. Era el ejemplo de cómo ha funcionado el urbanismo en un municipio, Sant Antoni, estragado por la falta de planificación y las licencias a la carta. Un círculo vicioso que comenzó durante el boom del turismo (plena dictadura franquista) y dura hasta nuestros días, casi medio siglo después del retorno de las elecciones locales: hay leyes y planes generales en vigor, que se aprueban, pero no siempre se respetan y tampoco se hacen cumplir.

El desorden de es Molí, el barrio periurbano donde se encuentra el chalé-patera, da fe del anarcocapitalismo que hizo crecer a Sant Antoni. Más que un entramado de calles es un sálvese quien pueda; un lugar donde cumplir un sueño que se convirtió en aspiración social con el regreso de la democracia y el auge económico de las primeras legislaturas felipistas: vivir en una casa unifamiliar. Por eso, muchos de los recién llegados al calor del turismo se instalaron allí cuando ahorraron algo de dinero.

Sales Sapiña es uno de los muchos valencianos que se asentaron en el puerto más cercano a la costa levantina. La relación entre la Terreta y esta bahía (la más grande y mejor resguardada de Eivissa: algo que ya apreciaban fenicios y, sobre todo, romanos) viene de muy atrás. Dénia y Gandia están a poco más de un centenar de quilómetros en línea recta de Sant Antoni. Cuando el turismo se convirtió en la única fuente de riqueza de la isla, algunos de los edificios más altos se construyeron en Sant Antoni. Cuadrillas de albañiles valencianos y alicantinos hicieron la misma ruta que los pescadores que faenan en las dos orillas, la insular y la peninsular, para levantarlos.

Algunos se quedaron, se convirtieron en constructores en una época y un lugar donde era fácil construir. Estaban como en casa y, además, tenían a un paisano que les facilitaba el trabajo: Miquel Àngel Martí Miralles fue, en los ochenta, noventa y los dos mil, el aparejador que tuvo en plantilla el Ajuntament de Sant Antoni de Portmany. El 7 de noviembre de 2013 conoció que le condenaban a un año y medio de cárcel y ocho de inhabilitación para ostentar un cargo público. Delito de prevaricación. Sin inmutarse, acudió a su puesto de trabajo. Había cumplido, entonces, los sesenta y cinco. Estaba a punto de jubilarse. Tenía otras causas abiertas en los juzgados.

El chalé-patera se ubica en Es Molí, un barrio caracterizado por el desorden urbanístico. El propietario del inmueble es uno de los muchos valencianos que se asentaron en Sant Antoni, el puerto más cercano a la costa levantina

Más de una década después de aquellos sucesos, Martí Miralles descuelga el móvil y asegura que, en el caso del chalé-patera, no consintió que se vulnerara la legalidad. “Si, como aparejador municipal”, explica el antiguo empleado público, que comenzó a trabajar en el Ajuntament de Sant Antoni hacia 1985, “se detectaron algunas obras seguro que había un expediente de infracción urbanístico, y el informe mío sería en ese sentido, siendo ilegales y que no se podían legalizar”. Prosigue: “Tendría que ver el informe y los expedientes para responder en consonancia. Estoy hablando de memoria; que la hay, pero no llega a ser tanta. Recuerdo un poco la zona. No sé si es ese chalé, o fue en otro, pero me suena que se detectaron algunas infracciones, y se hizo correspondiente expediente de infracción. Eso tiene que constar en el Ayuntamiento”. Pese a solicitar varias veces el histórico de expedientes relacionados con la propiedad de Sales Sapiña, el equipo de gobierno del municipio ibicenco no le ha remitido ningún documento ni, tampoco, información de algún tipo a elDiario.es.

Retirado de los medios

Las obras sin licencia –según el Consistorio– que realizó Sales Sapiña en su vivienda coincidieron con esa época de barra libre urbanística en Sant Antoni. En la parcela de 957 metros cuadrados que compró a las afueras del pueblo a finales de los ochenta, el propietario prácticamente dobló la superficie construida –de 400 metros a más de 700, según informó el Ayuntamiento al Periódico de Ibiza y Formentera–, la reconvirtió en apartamentos –sin autorización municipal, luego no pudo legalizarlos– y, como vio que se le habían quedado pequeños –“Me decían que tenían pocos metros”, dijo a la prensa local después de que Telecinco tirara de la manta– los reconvirtió en habitaciones.

Hasta hace unos días, el número de teléfono de Sales Sapiña estaba al alcance de cualquiera que tropezara con el anuncio que tenía publicado en Idealista. El 12 de junio lo retiró. El pasado enero, atendió a Periódico de Ibiza y Formentera. El periodista se hizo pasar por una persona interesada en alquilarle una habitación. Ahora, cuando descuelga, dice que prefiere “no hablar con la prensa”. La conversación dura cuarenta segundos. Clavados.

–Estamos escribiendo un reportaje en elDiario.es sobre el chalé donde alquila habitaciones, en Sant Antoni. Le queríamos hacer unas preguntas.

–La verdad es que no hablamos con ninguno.

–¿No habla con la prensa?

–No.

–¿Ha cambiado de opinión? Hemos leído algunas declaraciones suyas.

–He leído bastantes mentiras, he decidido no hablar con nadie.

La propiedad creció sin control

En 2007, eran veinticinco. En 2017, cincuenta. Un centenar de habitantes es el censo que durante un tiempo se dio por bueno cuando se informaba en la prensa local sobre el chalé-patera. Ana Rocío y Eva, en cambio, se mudaron creyendo que iban a compartir con bastante menos gente que, al mismo tiempo, ya era mucha (quince personas) y acabó siendo el doble (treinta). “A pesar de las condiciones, hemos estado súper a gusto”. Las razones: “una vecina respetuosa” (“los que dormían pegados a la despensa y a la cocina no tenían tanta suerte, allí había más ruido”) y haber estado sesenta días en vez de doscientos en la casa. Dicen las madrileñas: “Si nosotras hubiéramos aguantado toda la temporada, nuestra percepción habría sido distinta. Hemos conocido a personas de todas partes del mundo, nos llevábamos bastante bien con la mayoría”.

Era un ambiente Erasmus, existía una cierta solidaridad entre los habitantes del chalé-patera. Aunque algunos, como Gregorio, lleven varios años viviendo allí, la mayoría eran temporeros llegados a la isla para dar servicio al turista. Las historias de cada cual podían ser diversas, pero había rasgos compartidos. Los códigos de comuna surgían de forma casi espontánea. Una estancia larga en un hostel no está demasiado lejos de ser las colonias y los campamentos de la edad adulta: había “buen rollo” para organizar mesas grandes a la hora de cenar, escucharse y, también, mantener en condiciones una cocina precaria. Los fogones eran tres hornillos eléctricos. En teoría, el espacio más transitado de la casa debía limpiarlo la mujer del casero. Ana Rocío y Eva cuentan que los resultados dejaban mucho que desear. “Y en los dos baños que nos repartíamos entre todas, ni te cuento”. Como en tantas residencias de estudiantes Erasmus.

El ambiente es una especie de 'Erasmus'. Dos madrileñas que han residido en el chalé-patera aseguran que compartieron piso con treinta personas. La mayoría son temporeros llegados a la isla para dar servicio al turista

Pero, hasta que no encontraran algo mejor, ellas sabían que no les compensaba irse. Los precios (hasta más de mil euros por un cuarto en piso compartido) del mercado ibicenco lo impedían: para pujar en ese Wall Street inmobiliario hay que ganar más de mil euros a la semana. Marcharse del chalé-patera también conllevaba pagar un peaje porque a quien se va, no le devuelven la fianza, según las madrileñas. Un depósito que, como el alquiler o el coste de la limpieza (50 euros por estancia cada mes), se paga en billetes, comentan estas mismas fuentes. Otro rasgo en común entre unos habitantes a los que, según afirman las chicas, “se les había vendido una cosa diferente que no se ajustaba a la realidad”.

47.000 euros: la multa por construir sin licencia

¿Pero por qué Sales Sapiña redujo la capacidad del chalé-patera? ¿Fue una manera de gestionar mejor su negocio? ¿Un menos es más? ¿Feng shui empresarial? No. La respuesta hay que buscarla también en la hemeroteca insular. En 2017, cuando las puertas de color azul por las que se entra a la propiedad salen en televisión, la Concejalía de Urbanismo se pone a observar con detenimiento lo que ocurre, lo que lleva años ocurriendo, en el número 2 del Carrer de ses Margalides.

Por primera –y única– vez desde 1983 gobierna en Sant Antoni una coalición sin elementos de Alianza Popular o el PP. Está formada por PSOE, Reinicia, una candidatura surgida desde una plataforma vecinal, y El PI, partido conservador e insularista. Quizás por ello, Sales Sapiña se declara entonces “cabeza de turco” en “un asunto politizado”. Una víctima, que, aunque tenga espíritu de hotelero frustrado, se ve a sí misma casi como un benefactor. “No puedo legalizarlo porque no hay manera. Esto debería ser un hostal. Pero, en ese caso, tendría que cobrar IVA y dar unos servicios que los trabajadores no podrían pagar. La gente viene aquí porque el alquiler les cuesta poco dinero y pueden ahorrar dinero para llevárselo a la Península”, afirmó en Diario de Ibiza.

El propietario aseguró a la prensa local: 'No puedo legalizarlo porque no hay manera. Esto debería ser un hostal. Pero, en ese caso, tendría que cobrar IVA y dar unos servicios que los trabajadores no podrían pagar. La gente viene aquí porque el alquiler les cuesta poco dinero y pueden ahorrar dinero para llevárselo a la Península'

Vulnerar la ley le acabará costando a Sales Sapiña una multa de 47.304 euros y 58 céntimos. Fue hábil. Consiguió reducir la sanción que le interpuso el Ayuntamiento en un 40% al declararse culpable antes de que se resolviera un proceso que intentó entorpecer en el Juzgado de lo Contencioso.

En los tribunales incluso le dieron la razón, impidiendo una orden de precinto dictada por el Ajuntament de Sant Antoni. En junio de 2018, cuando supo de aquella victoria, no tenía problema para hablar con los medios locales. Así se jactaba en El Periódico de Ibiza y Formentera: “No veo escándalo por ningún lado porque hay casas en las que caben 2.000 personas [...] El Ayuntamiento intentó echar a setenta personas, eso está muy mal. [...] La gente se pelea por venir y tengo cola para poder entrar. Más de la mitad de las personas que vienen lo hacen recomendadas porque aquí están muy bien. [...] Se están alquilando camas a 800 y 1.000 euros y yo que soy el más barato y una de las mejores casas de la isla, porque los chavales tienen de todo, resulta que estoy aprovechándome de la situación [...] Se hizo una ampliación hace quince años [en 2003, sin permiso de obra] que ya ha prescrito porque las cosas prescriben. No lo digo yo, lo dice un profesional”.

El pasado enero, según indicaba en las páginas de Periódico de Ibiza el equipo de gobierno actual, que desde 2019 vuelve a ser del PP (desde 2023, con mayoría absoluta), el infractor se puso las pilas. Acabó con los metros cuadrados que había construido sin licencia, durante los años salvajes del aparejador Martí Miralles. La información que el Ajuntament de Sant Antoni dio al diario local también resaltaba que un almacén de cien metros cuadrados había vuelto a utilizarse para guardar objetos en vez de para alojar personas. Sales Sapiña “cumplía”, subrayaban desde el Consistorio, “con la orden de restablecimiento dictada por la Junta de Gobierno celebrada el 14 de febrero de 2018”: el documento oficial que sancionó económicamente a un casero que, si supo guardar bien lo recaudado, no debió tener problemas en pagar.

Mutismo municipal: ¿cuándo fue la última inspección?

Pese a haberlo solicitado en varias ocasiones al Ayuntamiento, elDiario.es no ha podido conocer el historial completo de sanciones que ha recibido el chalé-patera durante los últimos años. Tampoco, si hay algún proceso en marcha, ni la última vez que un celador de obras visitó el hogar donde Gregorio vuelve cada día después de ir a un trabajo que, con el sueldo que gana, le permitiría vivir de forma mucho más cómoda en la España no turistificada.

Ante el mutismo municipal –elDiario.es se ha puesto en contacto con el Consistorio, que no quiere hablar–, flota una duda. En 2018, todavía con la coalición entre centristas e izquierdistas en el poder, el Ajuntament de Sant Antoni movió papeles para que se pudiera sancionar con 200.000 euros mensuales a Sales Sapiña si se mantenía en sus trece y seguía jugando a ser hotelero sin carné. Desde el equipo de gobierno no aclaran qué ocurrió con aquel expediente. Otras fuentes indican “que se dejó perder”. Lágrimas en la lluvia.

Ocurrió en 2019. Al poco tiempo de tomar la vara de mando y tras la dimisión por motivos familiares del concejal que había nombrado para que gestionara la parcela de Urbanismo, el actual alcalde agarró personalmente las riendas de la concejalía que más suele quemar en los municipios del Mediterráneo. Marcos Serra Colomar se propuso “desatascar” unos archivadores llenos de documentos por resolver. Durante casi cuatro años, el alcalde concedió licencias de obra que llevaban años –o décadas– en el limbo. Al menos, una docena.

Pero, igual que ocurre con la cesión de suelo público al Institut Balear De La Vivienda (IBAVI) para construir viviendas públicas de alquiler social (no hay ninguna en Sant Antoni, algo inaudito en un territorio de 127 km2 en el que viven casi 30.000 vecinos, y donde el metro cuadrado supera sin esfuerzo los 4.000 euros cuando se venden un piso en un edificio de segunda mano; los 6.000 si la obra es nueva), durante la gestión directa de Serra Colomar sobre el urbanismo del municipio tampoco trascendieron medidas para controlar al chalé-patera.

Hoy, pese a que el número de personas que pernoctan se ha reducido drásticamente, de cien (según Periódico de Ibiza) a treinta (la cifra que coinciden en señalar Ana Rocío, Eva y Gregorio), el chalé-patera seguiría incumpliendo la ley si el relato de sus inquilinos es cierto. Su cédula de habitabilidad permite un máximo de doce habitantes, según apunta el Consell d'Eivissa a elDiario.es. En las Illes Balears son los consells insulars quienes conceden ese documento, esencial para ocupar un domicilio.

La Ley de Vivienda autonómica, aprobada en 2018, durante el primer Govern de Francina Armengol, considera “sobreocupada” una propiedad que supere esa cantidad. ¿Cómo se calcula la capacidad? Siguiendo una serie de baremos y criterios. Es el espacio quien marca los índices mínimos de salubridad y es un decreto de los noventa, el 145/1997, quien define los espacios mínimos de cada estancia. A través de una tabla: 28 m2 para un “todo en común” (el tecnicismo para decir estudio), 10 m2 para una habitación compartida (la de Ana Rocío y Eva no los alcanzaba), 6 m2 para un cuarto individual (por los pelos, las medidas que aporta Gregorio cuando describe el cuarto en el que duerme). Pero el número máximo lo recoge la cédula. Fuentes del Consell d'Eivissa explican que la institución insular no puede actuar contra el casero “porque la competencia es de la Conselleria d'Habitatge” del Govern balear. Y no les consta que haya habido inspecciones dirigidas desde Palma. elDiario.es lo consultó al departamento de prensa del Govern, pero no obtuvo respuesta antes de la publicación del reportaje.

Esa supuesta descoordinación entre administraciones es la gatera por la que se escapa Sales Sapiña para continuar ofreciendo unos alquileres que resultan atracticos. La avaricia inmobiliaria que sufre una gran parte de los ibicencos convierte sus precios en baratos. El mercado explotó hace una década y terminó de reventar después de la pandemia. Un contexto que ha favorecido al casero, que lleva más de veinte años abriendo y cerrando la puerta azul del chalé-patera a la gente que llega, a la gente que se marcha. El sigilo es su mejor aliado. Un gato no puede cazar con un cascabel al cuello. A su negocio nadie termina de ponérselo.