El Gobierno de Mazón flexibiliza la normativa ambiental y acústica para nuevos colegios, centros sanitarios o residencias

El Gobierno valenciano aprobó este miércoles por decreto (documento completo al final de la información) en el pleno de las Corts dos modificaciones legales que en la práctica reducen las garantías de los vecinos y vecinas de determinadas actividades que pueden resultar molestas. Aunque la Conselleria de Medio Ambiente justifica en la DANA la supuesta urgencia de estos cambios legales y por tanto su aprobación vía decreto, por lo tanto sin exposición pública, lo cierto es que son modificaciones que afectan a toda la Comunitat Valenciana.

Las novedades afectan a la ley 6/2014 de prevención calidad y control ambiental de actividades y a la ley 7/2002 de protección contra la contaminación acústica. En el primero de los casos, como explicó en el pleno el propio conseller Vicente Martínez Mus, se elimina la obligatoriedad de realizar evaluaciones ambientales para la ejecución de proyectos considerados esenciales como colegios, instalaciones sanitarias (hospitales, clínicas, ambulatorios) o residencias: “Podrá sustituirse el control previo administrativo y quedan sometidas al régimen general de declaración responsable una vez comience la actividad al tener escaso potencial de incidencia”.

En el segundo caso, se añaden dos nuevos apartados a la disposición adicional primera de la normativa de contaminación acústica que flexibiliza la aplicación su aplicación en determinados casos, por ejemplo, si la fuente del ruido estaba implantada antes de la entrada en vigor de la mencionada ley.

Al respecto, la diputada socialista, María José Salvador, se mostró muy crítica con las formas y con el fondo de estos cambios legales y consideró que en el caso de los cambios en materia de contaminación acústica se trata de algún traje a medida ante algún futuro litigio: “El tiempo nos dirá en beneficio de quién son estas novedades. Ahora utilizan nuevamente la DANA como excusa para modificar vía decreto el marco normativo en toda la Comunitat Valenciana. ¿Qué pretenden? ¿Están a la espera de alguna sentencia que en breve pueda suponer el cierre de instalaciones por molestias ambientales o sonoras? Porque estamos ante un decreto con destinatarios muy concretos. Una puerta abierta a no reducir impactos ambientales en zonas residenciales que están sufriendo molestias”.

En la misma línea la diputada de Compromís, Paula Espinosa, criticó que “con este decreto abren la puerta a que determinadas actividades con impacto ambiental empiecen a funcionar sin garantías, sin que nadie haya evaluado si son compatibles con el territorio y la salud de las personas”.