El PP consolida su poder en la provincia de Huesca entre acusaciones de opacidad y falta de diálogo

Han transcurrido dos años desde que Lorena Orduna, candidata del Partido Popular, asumió la alcaldía de Huesca tras las elecciones municipales de mayo de 2023 para marcar un cambio de color en la gestión municipal tras dos legislaturas socialistas. Una empresaria con más de 25 años de experiencia en el sector privado tomó el bastón de mando y ha priorizado el desarrollo económico, la participación ciudadana y la proyección de la ciudad como un polo atractivo para inversiones. Sin embargo, su gestión ha estado marcada por tensiones con la oposición, especialmente el PSOE, que ha cuestionado su capacidad de ejecución y transparencia. Unas críticas similares a las que recibe el también popular Isaac Claver al frente de la Diputación de Huesca (DPH).

Uno de los objetivos de la alcaldesa una vez alcanzado el ecuador de la legislatura ha sido posicionar a Huesca como un destino atractivo para la inversión empresarial. Orduna ha subrayado que Huesca cuenta con el 50% del suelo industrial disponible, frente al 10% de Zaragoza y el 40% de Teruel, lo que ha permitido atraer interés de empresas hacia la Plataforma Logístico-Industrial de Huesca (PLHUS) y el Parque Tecnológico Walqa, especializado en tecnologías de la información, biotecnología y energías renovables 

Además, la inversión de Amazon Web Services en Aragón, con 2.500 millones de euros comprometidos en una década, ha sido presentada como un hito para la ciudad. Entre los proyectos impulsados se encuentran el campus biosanitario, la apertura de un yacimiento arqueológico paralizado durante 17 años y el inicio de un centro de emergencias. También se han dado pasos para reactivar la zona de la muralla, paralizada durante ocho años, y se han atendido necesidades inmediatas como el asfaltado del acceso al cementerio o la limpieza de grafitis.

A pesar de estas acciones el PSOE, en la oposición con diez concejales frente a los 12 del PP, ha señalado múltiples deficiencias y acusa a Orduna de inacción, opacidad y confrontación política. Una de las críticas más recurrentes del PSOE es la “incapacidad manifiesta” de la alcaldesa de Huesca para gestionar el presupuesto municipal. El pasado año denunció que solo se había ejecutado el 12% de las inversiones previstas para 2024; es decir, 2 millones de euros de los 16 millones presupuestados.

La portavoz socialista, Silvia Salazar, ha acusado a Orduna de limitarse a gestionar proyectos heredados del mandato socialista sin impulsar iniciativas propias. El PSOE ha denunciado reiteradamente la opacidad en la gestión de Orduna. En marzo, el Consejo de Transparencia de Aragón dio la razón a los socialistas, instando al ayuntamiento a facilitar acceso a los expedientes de los fondos europeos Next Generation, información que, según el PSOE, se había ocultado deliberadamente.

Además, un estudio de la plataforma Dyntra señaló en noviembre de 2024 un incumplimiento en la publicación de la agenda de la alcaldesa y otros datos obligatorios, como proyectos financiados con fondos europeos o asuntos urbanísticos, reforzando la percepción de un gobierno que no cumple con los estándares de transparencia.

La relación entre PP y PSOE se ha deteriorado con acusaciones mutuas que han generado un clima de tensión. En diciembre de 2024, los socialistas valoraron presentar una moción de reprobación contra Orduna, argumentando que sus “falsas acusaciones” y su falta de lealtad institucional habían traspasado “una línea roja de la política”. Por su parte, Orduna ha acusado al PSOE y a Vox de unirse en el pleno para rechazar mociones del PP, lo que, según ella, obstaculiza el avance de la ciudad.

La sintonía que unía a PP y Vox se quebró durante el inicio de la legislatura, después de que la formación de extrema derecha apoyara los primeros presupuestos municipales con condiciones como la cancelación del festival Periferias. La ruptura se materializó con acusaciones mutuas de deslealtad y falta de voluntad para mantener una buena sintonía. La mayoría simple de la que gozan los populares y los apoyos puntuales del concejal expulsado de Vox Antonio Laborda, que continúa en el ayuntamiento como concejal no adscrito, han evitado quebraderos de cabeza a los populares.

En septiembre de 2024, la propuesta de Orduna de incrementar su sueldo un 25%, de 50.000 a 62.500 euros anuales, generó una fuerte polémica. La medida, finalmente desechada y que también incluía aumentar las dedicaciones exclusivas para concejales del PP, PSOE y Vox, fue calificada de “escándalo” por CHA y Cambiar Huesca-Izquierda Unida, quienes acusaron a Orduna de priorizar sus intereses personales sobre las necesidades de los oscenses.

Aunque el PP defendió que la propuesta estaba pactada con el PSOE, los socialistas negaron haber apoyado la subida salarial de la alcaldesa y afirmaron que solo respaldaban la actualización de salarios conforme al IPC. La falta de acuerdo llevó a que la propuesta no se votara en el pleno, pero dejó una imagen de división y cuestionamiento ético.

Además, el PSOE ha denunciado el abandono de barrios como Perpetuo Socorro y la falta de avances en proyectos clave como la reurbanización de la avenida Martínez de Velasco o la solución al ruido en zonas de ocio.

En la Diputación de Huesca, el popular Isaac Claver se convirtió a los 34 años en el presidente más joven de la historia de esta institución. El PP puso fin a 24 años de gobierno socialista y su gestión se ha centrado en impulsar el desarrollo económico y social de la provincia con episodios de tensión política con el PSOE, que ha cuestionado su transparencia y su enfoque político.

Claver ha impulsado el Plan Impulso, que destina 7 millones de euros a 201 ayuntamientos para proyectos como caminos y equipamientos municipales. Además, ha lanzado el Plan de Vivienda con 2 millones de euros anuales durante cuatro años, 8 millones de euros en total para proyectos habitacionales. Además, ha incrementado las inversiones en seguridad rural y ha potenciado el patrimonio y la cultura de la provincia.

El PSOE ha criticado a Claver por lo que considera un “uso partidista” de la Diputación. La decisión de no comprar la casa de Joaquín Costa en Graus ha sido calificada como “una oportunidad perdida” por el PSOE y CHA. El anterior mandato había aprobado la adquisición por 207.000 euros para convertirla en un museo, pero Claver optó por destinar 100.000 euros al Ayuntamiento de Graus para adecuar un espacio en otro centro expositivo. Esta decisión ha generado descontento, ya que se considera un retroceso en la preservación del patrimonio cultural.

Los socialistas han criticado también la “nula negociación” en la aprobación de los presupuestos por la “falta de diálogo” y “consenso” en su elaboración. Claver ha reducido el número de comisiones informativas y delegaciones de presidencia y áreas de gobierno, pero ha mantenido el mismo número de asesores (12), lo que ha generado críticas por falta de transparencia y eficiencia. Este cambio se justificó como una medida para agilizar la gestión, pero la oposición lo ha visto como un recorte en la supervisión y el control político.

El PP gobierna en algunos de los principales ayuntamientos de la provincia de Huesca: Barbastro, Monzón, Fraga, Jaca o Tamarite de Litera, un rodillo que el PSOE quiere revocar en las elecciones municipales de 2027 mientras mantiene las alcaldías de Sabiñánigo o Graus.