Trabajadoras de centros de acogida de víctimas de violencia en Álava denuncian “recortes”: “Merecen ser atendidas dignamente”

Las 18 trabajadoras del centro de acogida de media estancia para víctimas de violencia machista de Álava, CARME, denuncian que están “sufriendo recortes” en las condiciones de la renovación del contrato que el Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS) puso en marcha en 2020 para subcontratar el servicio, que hasta ahora lo ha prestado la Fundación Xilema. Hasta el momento, el servicio contaba con dos pisos de acogida, uno con espacio para cuatro víctimas de violencia machista y sus familias, ya que la mayoría tienen menores a su cargo, y otro con espacio para dos. En un primer momento, en ese segundo piso, según critican las trabajadoras, estaba previsto ubicar a tres familias, pero la ubicación “no cumplía la normativa mínima” y finalmente eliminaron una plaza en 2024. Ahora, el nuevo pliego de contratación contempla unir a todas las víctimas y sus familias en un mismo lugar que dispone de seis plazas y, con ello, reducir las trabajadoras necesarias a 11.

“En la actualidad, la plantilla del CARME está formada por un equipo de profesionales altamente cualificado, con formación en violencia, igualdad, trauma y reparación del daño en la infancia, salud mental, exclusión social y con amplia experiencia en intervención social. Está formado por 16 profesionales en atención directa, una cocinera y una coordinadora de servicio. Desde su apertura en 2020, CARME ha ampliado su capacidad debido a la alta demanda. Sin embargo, en 2023, la ampliación se realizó en una ubicación que no cumplía con la normativa mínima, careciendo de infraestructura básica. A pesar de las reuniones con el IFBS, donde se reconoció la deficiencia, la solución temporal en 2024 fue reducir el número de unidades familiares atendidas”, critican desde el sindicato ESK.

Desde la Diputación de Álava niegan que la decisión de unificar las víctimas en un solo piso suponga un recorte. “Al ser un recurso evidentemente más grande, las necesidades de personal se reducen porque antes, al tenerlas divididas en dos centros diferentes, tenías que duplicar muchos de los perfiles. Las siete personas que se quedarán fuera de este servicio serán contratadas para otro que estamos creando”, reconocen.

El nuevo servicio se trata de un centro de acogida inmediata para víctimas que tengan una mayor urgencia por abandonar sus hogares y se llamará CAI. “No hay recortes, todo lo contrario. Se va a ampliar el número de plazas en violencia de género. Las personas van a ser recolocadas en pisos del mismo ámbito. Tenemos otros pisos de acogida que son para estancias diferentes, más largas. Tenemos el Centro de Atención Psicológica y Jurídica Hegoak y tenemos el Centro de Atención a Víctimas de Violencia Sexual Tximeleta, además de otros servicios”, explican a este periódico tras confirmar que el presupuesto de violencia de género en la Diputación se ha incrementado en “casi un millón de euros, pasando de 3,5 millones en 2024 a 4,4 millones en 2025”.

No obstante, la respuesta de la Diputación no calma los ánimos de las trabajadoras, que organizadas por el sindicato ESK no niegan llevar a cabo movilizaciones para denunciar la situación. “En 2024 perdimos una plaza y pasamos de atender a 7 familias, a 6. En estos momentos hay 17 personas, víctimas e hijos, en el servicio, sin contar los menores de tres años. Si reducimos el personal esto se traduce en turnos con una sola profesional a cargo de más de 17 mujeres y menores y un horario de cocina insuficiente para garantizar el servicio de comidas. Estas nuevas condiciones hacen inviable la atención integral y de alta intensidad que requieren las mujeres y menores en situación de vulnerabilidad extrema. Merecen ser atendidas dignamente”, lamentan las trabajadoras.

“Nosotras tenemos un personal a día de hoy y el recorte que plantean es brutal. Siete compañeras se van a quedar fuera, lo que hace insostenible que podamos atender con calidad a las víctimas que tenemos. Nos trasladan que ellas no perderán su trabajo y serán recolocadas, pero el CAI al igual que el CARME está gestionado por una empresa externa y nadie les asegura que esas empresas las contraten a ellas”, denuncia María Pérez, trabajadora y representante de ESK en el servicio del CARME.

Según critica Pérez, la forma en la que atienden a las mujeres que acuden al servicio puede perder calidad con esta nueva situación. “Vamos a defender nuestros derechos laborales, pero, ante todo vamos a luchar por una correcta atención a las mujeres y criaturas con las que trabajamos. Requieren de una atención muy intensa, de acompañamientos a un montón de lugares, al juzgado, a la Policía, a las distintas oficinas de la Administración y con el personal que nos dejan no se puede cubrir. No vamos a ser capaces de seguir acompañando con la intensidad que requieren estas mujeres. No puede ser que la institución continuamente se abandere en la lucha contra la violencia machista, pero a la vez recorte el personal que hace posible que atendamos con dignidad”, defiende la trabajadora.

Desde el servicio CARME explican que trabajan de manera integral para favorecer un itinerario de inserción que permita recuperar las vidas de las víctimas de violencia de género y sus menores de manera autónoma y libre de violencia. “Se incide en varias áreas, como pueden ser la jurídica, la económica, la psicosocial, salud, trámites administrativos, formativos, laborales, de ocio y recuperación de la red social perdida. Todo esto se realiza con especial atención a la infancia, ofreciendo un espacio seguro en el que poder recuperarse”, concluyen.