El presidente del Consejo Consultivo de Aragón disparó sus ingresos en 2024 al ganar 20.000 euros en dietas y acuerdos

El presidente del Consejo Consultivo de Aragón, Xavier de Pedro, disparó en 2024 su nómina hasta más de 97.000 euros al percibir casi 20.000 euros en dietas por asistencia a las sesiones del órgano o a la elaboración de ponencias. De esta forma, De Pedro –que sigue cobrando su salario como letrado del Gobierno de Aragón– se habría situado por delante en escala salarial incluso del presidente del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón. Solo en mayo, los ingresos fuera de su sueldo superaron los 4.400 euros. Y eso que el número de dictámenes aprobados durante el ejercicio fue menor que los años previos.

De Pedro asegura a este periódico que la forma de proceder del Consejo Consultivo en esta legislatura es “exactamente la misma” que en los periodos anteriores, destaca que las dietas llevan congeladas “desde 2006” y recuerda que, comparativamente, el órgano consultor sale “mucho más barato” que en otras comunidades autónomas.

Ex director general de Desarrollo Estatutario entre 2007 y 2012 y expresidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), Xavier de Pedro es el presidente de carácter más político que ha tenido la institución desde su creación hace 16 años. Su elección a finales de 2023 ya resultó polémica. La vicepresidenta Mar Vaquero destacó en su día su perfil “estrictamente jurídico”, pero partidos de la oposición criticaron la “politización” del órgano.

Hay que recordar que De Pedro fue uno de los protagonistas de la implosión del Partido Aragonés, ya que fue él quien lideró la impugnación del Congreso de 2021 que ha terminado con la formación casi desmantelada. El PAR celebra precisamente este sábado la cita congresual con la que aspira a superar la etapa de descomposición de los últimos años.

Los datos sobre los ingresos del presidente del Consejo Consultivo constan en una información que da a conocer el Departamento de Presidencia del Gobierno regional, firmada por la vicepresidenta Mar Vaquero, a petición de Darío Villagrasa, diputado socialista en las Cortes de Aragón. En concreto, De Pedro recibió en dietas por la asistencia a las sesiones y también por las ponencias que sirvieron para elaborar los dictámenes, tanto del pleno como de la comisión, un total de 19.455 euros. Hay tres meses en que llegó a superar los 3.000 euros: mayo (4.420 €), diciembre (3.620 €) y marzo (3.410 €). Únicamente en enero y septiembre no ingresó nada por estos conceptos.

Todo eso, aparte de su salario como letrado de los Servicios Jurídicos (funcionario A1, con complemento de destino de nivel 30), a lo que se suman los once trienios que tiene reconocidos, el componente de perfeccionamiento profesional y el complemento específico en concepto de “anticipo a cuenta de desarrollo profesional”. Con los anteriores datos, el salario que percibió Xavier de Pedro el año pasado habría rondado los 97.700 euros, más que el presidente Azcón, que no llegó a los 94.000.

Menos dictámenes

Y eso que el número de dictámenes aprobados por el Consejo Consultivo en 2024 fueron sensiblemente inferiores a los de años anteriores. Si la media de los ejercicios previos fue de 233 iniciativas, el año pasado se quedaron en 180. De ellos, además, 26 son muy similares, relativos a reclamaciones por el covid. Se mantuvo estable el número de dictámenes aprobados en pleno (27), mientras que bajaron de manera ostensible los que vieron la luz en comisión (153, para una media anterior de 208). Por cada dictamen aprobado en pleno, el ponente cobra 1.100 euros; si es en comisión, son 600 € los de primera categoría y 300 € los de segunda. Mientras, por cada a asistencia a una sesión del pleno o de la comisión los miembros perciben 255 euros.

Consultado por este periódico, De Pedro ha querido ser “transparente” sobre estas percepciones y las ha desglosado.

Así, el presidente del Consejo Consultivo percibió el año pasado 5.355 euros en concepto de dietas por diez asistencias a pleno y once, a comisión. “Todas ellas –precisa De Pedro– en sesión de tarde fuera de horario de trabajo de los miembros del Consejo que somos funcionarios”. Junto a esto, el responsable del órgano asesor del Gobierno de Aragón ingresó 6.600 euros como ponente de seis dictámenes –uno de cada cuatro aprobados para un órgano con nueve miembros–, otros 4.800 euros por ocho ponencias de Comisión de primera categoría y 2.700 euros por nueve ponencias de Comisión de segunda categoría. La Comisión tiene siete integrantes.

El presidente del órgano asesor del Gobierno de Aragón explica que el “sistema de trabajo” es el mismo que en etapas pasadas y asegura que todos los miembros del Consejo cobran “prácticamente lo mismo” en asistencias y dictámenes: “Voy repartiendo las ponencias en función de las especialidades de los miembros del Consejo”, señala. Y valora que lo que se cobra es “baratísimo”, ya que una ponencia “puede llevar dos o tres tardes”. “Hay asuntos muy complejos y se paga lo mismo desde 2006, cuando se fijaron esos importes”, zanja De Pedro.

Respecto a la reducción en el número de dictámenes, apunta que se debe a un cambio legislativo registrado en 2021, pero que, según ha explicado, no tuvo su efecto hasta el año pasado: la nueva normativa aumentó el umbral para las responsabilidades patrimoniales de 6.500 euros a 50.000 euros.

Los antecesores de De Pedro

Ninguno de los antecesores de Xavier De Pedro tenía dedicación exclusiva, al igual que él. Pero la situación de todos ellos era distinta. El Consejo Consultivo de Aragón fue creado en 2009 para sustituir a la Comisión Jurídica Asesora y su primer presidente fue también el último de la COJA, Juan Antonio García Toledo. Los tres responsables que ha tenido la institución hasta ahora estaban ya jubilados: Ramón Salanova, José Bermejo Vera y Vega Estella, que accedió al cargo tras el fallecimiento de Bermejo en 2019.

Creado en 2009, el Consejo Consultivo es el órgano colegiado que ejerce la función consultiva suprema del Gobierno y la Administración autonómica. Está adscrito a la Presidencia del Ejecutivo regional “sin que esta adscripción suponga dependencia jerárquica”, expone el reglamento del órgano. Aunque por sus características es una institución al margen de los partidismos, el año pasado tuvo que abordar dos consultas llamativas: sobre la Ley de Amnistía del Gobierno de España y sobre la constitucionalidad de la normativa impulsada por el Ejecutivo de Azcón que derogó la Ley de Memoria Democrática de Aragón, de 2018.