Canarias cumple con la regla de gasto en 2024 tras su baja ejecución presupuestaria y el superávit

El Ministerio de Hacienda, a través de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), publicó esta misma semana, el 3 de junio pasado, su informe sobre el cumplimiento en las comunidades autónomas de las reglas fiscales (incluida la de gasto) en el ejercicio económico de 2024, tal y como establece el artículo 17.1 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y tras la activación de estas obligaciones legales desde el 1 de enero de 2024, con la finalización de la suspensión activada por la pandemia de la covid entre 2020 y 2023.

Atendiendo a los resultados de ese informe estatal, la primera conclusión que se extrae es que la comunidad autónoma de Canarias ha cumplido con la regla de gasto en su ejecución presupuestaria del año pasado, 2024, con un indicador del 2,4%, por debajo del gasto computable autorizado, en el 2,6%.

En la obtención de ese parámetro, hay dos factores que se han dado en la gestión presupuestaria que han influido: uno, la elevada inejecución del Presupuesto de 2024, con 1.330 millones de euros sin gastar por parte de Gobierno de Canarias (el nivel de ejecución fue del 89,5% del crédito definitivo, el peor porcentaje desde hace 12 años), y dos, la consecución de un superávit público de 537 millones, esto como consecuencia de lo anterior.

Gracias a tales aspectos, de ineficacia presupuestaria, ha sido posible que Canarias finalmente pudiera cumplir con la regla de gasto en el ejercicio económico de 2024, pese a que no era lo previsto en informe de organismos independientes tan reputados como la AIReF.

En el grupo de Canarias, el de las autonomías que cumplen, hay tres comunidades autónomas más, de 17 totales en España. Hay que decir que el logro de Canarias, debido a lo que han influido aquellos dos factores en su obtención, ofrece su revés desde el punto de vista del interés de la ciudadanía, pues con la inejecución presupuestaria de 1.330 millones de euros en 2024, en lo que ha tenido mucho que ver el fracaso canario en la asignación de recursos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), y el superávit público de 537 millones (el 0,9% del PIB regional) en el mismo ejercicio, que la ley obliga a utilizarlo en reducción de la deuda pública de Canarias, los grandes perjudicados son los canarios.

Primero, porque estos no se han beneficiado en 2024, por la inejecución presupuestaria, de aquel volumen de recursos (1.330 millones), y segundo, tampoco se conseguirá con el superávit público de 2024, que no podrá emplearse en 2025 en mejora de los servicios públicos, equipamientos o infraestructura debido a que se debe destinar a cancelar (a la amortización parcial) parte de la deuda pública de la comunidad autónoma de Canarias (CAC).

En relación con esta misma cuestión, los informes de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) de 10 de abril de 2025 (sobre los presupuestos iniciales para 2025) y de 14 de mayo de 2025 (el informe de seguimiento del plan fiscal estructural 2025-2028 en la CAC) preveían un crecimiento del gasto computable del 3,3% al 3,5% para 2024 (muy por encima del 2,6% límite), respectivamente, con lo que al final no han acertado, igual que tampoco lo ha hecho en la previsión del gasto computable del ejercicio de 2023.